Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- El gobierno de Honduras anunció este martes que integrará a los militares a una nueva labor a través de la vigilancia en las actividades del transporte público, como medida disuasiva para imponer la nueva ley de ese rubro.
La participación de los uniformados se hará bajo la ya gastada modalidad del gobierno de Juan Hernández: una nueva Fuerza de Tarea, que será integrada por elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
Asimismo por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y organismos de Derechos Humanos.
El anuncio fue hecho, en horas de la tarde de este martes por el ministro de INSEP, Roberto Ordoñez, luego que el Congreso Nacional aprobara en segundo debate la “ley de transporte”, que según empresarios del rubro, va encaminada a establecer un nuevo negocio para los allegados al gobierno consistente en la venta de seguros.
El gobierno indicó que la Fuerza de Tarea militar servirá de apoyo durante la transición del nuevo marco legal que regirá la gestión del transporte público a nivel nacional, con el propósito de “terminar con los vicios que aquejan a este rubro y que afectan a los usuarios desde hace varias décadas”.
Con lo anterior se deduce que el nuevo rol de los militares dentro de las unidades del transporte público ya no será tanto para brindar seguridad a los usuarios, sino de lograr la aplicabilidad de la nueva normativa que ha sido rechazada por los empresarios del rubro.
Un fuerte sector del transporte público urbano paralizó este martes sus labores en las principales ciudades del país denunciando que la ley afectará a los usuarios con nuevos incrementos y que el 60 % de su contenido, que había sido consensuado con ellos, fue trastocado a última hora.
“condenamos enérgicamente los atropellos que se realizaron este día en diferentes puntos del país contra los usuarios del transporte, porque muchos de ellos fueron sacados a la fuerza de las unidades, para posteriormente ser amenazados y amedrentados por individuos armados con palos”, dijo Ordoñez, quien con un tono amenazante expresó a reglón seguido: “a los transportistas les advertimos que las actuaciones que se dieron el día de hoy no serán toleradas; repito, no serán toleradas”.
Para mantener el control sobre los transportistas, el gobierno anunció la semana pasada que iniciaría un proceso para investigar sus patrimonios a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La discusión del tercer y último debate de la ley de transporte esté programada para mañana miércoles.
Con la nueva ley, el gobierno promete un transporte público cómodo, seguro y moderno con el pago a través de tarjetas electrónicas prepago y eliminando el subsidio para los dueños de los buses.
