Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- Cuando transcurre ya más de un mes transcurre (3 de marzo) desde que se perpetró el cobarde asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora de los derechos territoriales y ambientales de pueblos indígenas en Honduras.
Es el mismo periodo de tiempo que también transcurre, desde que comenzó un proceso de investigación del que se sabe poco y que deja muchas dudas sobre la seriedad, profundidad y su efectividad.
Berta, como todos saben, lideraba desde el COPINH, junto a la población de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, una lucha por la defensa y el respeto de los derechos territoriales y ambientales, que comienza luego que la empresa Desarrollos Energéticos –DESA-, irrumpiera en la zona para construir, sin consulta y aprobación de las comunidades, la represa hidroeléctrica Agua Zarca sobre el Rio Gualcarque, sagrado para las y los Lencas.
Nadie desconoce, además, que la lideresa indígena era objeto de vigilancia permanente, persecuciones y amenazas a muerte, devenidas de esa lucha.
Más de un mes trascurre y al momento, lo que ha acontecido es:
- La negativa del gobierno de Honduras a informar sobre los avances de la investigación, a la familia y a la sociedad en general.
- El asesinato de Nelson García, miembro del COPINH y también defensor de los derechos territoriales.
- Movilizaciones de las diversas articulaciones sociales y grupos indígenas del país, exigiendo el esclarecimiento del crimen de Berta Cáceres.
- La notificación de los organismos de crédito internacional (FMO, FINFUN, BCIE, de suspender y replantearse el apoyo financiero a la consecución del proyecto Agua Zarca).
- La salida del país de Gustavo Castro (testigo del asesinato), luego de que las autoridades emitieron alerta migratoria.
Su salida ocurrió casi un mes después de la muerte de Cáceres, en medio de la fuerte presión de familiares y de organizaciones defensoras de derechos humanos, ante la insistencia inexplicable de las autoridades hondureñas de mantenerlo en el país y poner en riesgo su vida.
Desde el Gobierno Central se declaró como prioridad la investigación del asesinato de Berta Cáceres, sin embargo, el crimen poco a poco se va invisibilizando, en medio de la desconfianza de la sociedad hondureña de la probidad de los entes encargados de investigar estos crímenes, del temor de que se sume a lista de casos impunes, especialmente en el actual contexto de escándalo nacional por el involucramiento del alto mando policial en crímenes de alto impacto, que ha acaparada la atención de la prensa del país.
Por eso, en sus ya acostumbradas alertas, el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, considera que alrededor de este asesinato persiste una nebulosa que contrasta con las exigencias nacionales e internacionales y que hace obligatorio:
- Que el gobierno de Honduras informe a la familia y la sociedad en general, sobre los avances y los elementos recabados en la investigación.
- Que se atienda la demanda de que la investigación sea independiente y que se refuerce con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-, como en su momento ha solicitado la familia de la demandada y las organizaciones sociales y de derechos humanos (a nivel nacional e internacional).
- Que las organizaciones y movimientos sociales se mantengan unidos en las demandas para lograr que el crimen se investigue de forma independiente y que se asegure justicia.
