Entre 2022 y 2024, la Secretaría de Educación, bajo la gestión de Daniel Esponda, asignó más de 10.5 millones de lempiras a dos empresas vinculadas a corrupción. Una de ellas, dirigida por una empresaria implicada en el caso Narcopolítica, y la otra investigada por sobrevaloración en el engramillado del estadio nacional José de la Paz Herrera, “Chelato Uclés”.
Además, se ha identificado una preocupante concentración de contratos en pocas empresas, incluida la más beneficiada que fue creada en 2020 y entre 2022 y 2024 recibió 26 contratos que suman 59 millones de lempiras.
También se han detectado casos de concentración, partición de contratos y adjudicaciones mediante compras directas, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia del proceso de reconstrucción de escuelas en Honduras.
Por: Kelly Ortez y Daniel Girón
Edición: Emy Padilla
Fotos: Horacio Lorca
Gráficos y portada: Guillermo Burgos
Tegucigalpa, Honduras. – Un lunes de octubre a las siete de la mañana, Carlos, un niño de 10 años que cursa el cuarto grado en la escuela Dionisio de Herrera, se apresura para ser el primero en ingresar a este centro educativo, ubicado en la aldea El Chimbo, en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán, para ser exactos, a 11 kilómetros de la capital. Este centro es parte del ambicioso proyecto de reconstrucción de infraestructura educativa promovido por la administración de la presidenta Xiomara Castro. Carlos logra su cometido, es el primero en ingresar. En la entrada se encuentra con un rótulo que le recuerda que su escuela fue rehabilitada gracias a este programa.
Carlos y sus compañeros entran al aula, pero pocos comprenden lo que ocurre a su alrededor. Las paredes están mal pintadas y desgastadas, y en el techo se observan varios agujeros de donde se desprenden cables eléctricos. Aunque algunos niños lo notan, ninguno dice nada; en sus mentes solo hay espacio para aprender y jugar.
Pero los que sí han expresado su preocupación, por las malas condiciones, son los docentes, quienes han trasladado el malestar a Hugo Martínez, director del referido centro educativo. Martínez presentó las quejas a la Secretaría de Educación que, en 2022, aprobó un presupuesto de 820,061 lempiras, para la reparación de obras menores, según constató este medio de comunicación.
A los pocos días, comenzaron a evidenciarse deficiencias en la remodelación, pero a pesar de las denuncias de incumplimiento, la respuesta de Construcciones Escolares— la unidad de la Secretaría de Educación encargada de la ejecución del proyecto—, fue tajante: “ellos me dijeron […] que el proyecto ya está dado, y me empezaron a decir, como quien dice, que los ingenieros son los que saben y que uno no”, aseguró el docente al repetir textualmente la respuesta que recibió.
Criterio.hn se entrevistó con Juan Carlos Coello, director de Construcciones Escolares, quien accedió a atender nuestras consultas y, sobre esta denuncia puntual, respondió molesto y alterado, alegando desconocimiento.
“Yo le garantizo esto: si en la Dionisio de Herrera existen los problemas que usted menciona, el responsable es el caballero [técnico de supervisión]. Él tendrá que resolver, con su propio dinero, la gran ‘cagada’ que hicieron los contratistas. No voy a permitir una obra de mala calidad. ¡Puta! Hay que ser patriotas, hay que amar a Honduras. Si no amamos Honduras y no reparamos ese pijo de escuelas destruidas con amor y patriotismo, nunca vamos a salir adelante”, expresó Coello, señalando directamente al encargado de la supervisión, como responsable de las irregularidades expuestas por este medio de comunicación, con base a verificación de la obra y testimonios de los docentes.
El número de centros educativos reconstruidos durante esta administración es mayor a los 212 intervenidos por la Secretaría de Educación, ya que el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) también participa en estas obras. Además, en agosto de 2023, el gobierno de Castro aprobó una asignación de dos mil millones de lempiras, distribuidos entre las 298 alcaldías, para este fin.
De las 212 obras de reconstrucción, Criterio.hn analizó 50 contratos, correspondientes a 20 de las 68 empresas contratistas involucradas en el programa, en la parte gestionada por la secretaría de Educación, por lo que esta investigación representa solo una fracción de los proyectos, pero, expone un patrón recurrente de irregularidades que podría afectar la integridad del programa de reconstrucción escolar en Honduras.
Mala intervención
El funcionario se mostró sorprendido y molesto por la denuncia de incumplimiento trasladada por los periodistas de este medio, quienes, previo a la entrevista, tenían un cúmulo de información, sobre irregularidades en la entrega de contratos, las empresas favorecidas, los procesos de adjudicación y la calidad de las obras.
A través de una solicitud de información pública, a la Secretaría de Educación, Criterio.hn obtuvo una tabla con los detalles de la reconstrucción de las 212 escuelas. En el análisis de adjudicación, se detectó que varias de las entidades contratadas han sido señaladas por irregularidades.
Para el director de la escuela Dionisio de Herrera, a la que asisten Carlos y más de 600 niños y niñas, el tema parece limitarse al incumplimiento, aunque en realidad, esto solo representa la punta del iceberg. Detrás de la adjudicación se ocultan una serie de anomalías. Por ejemplo, la empresa Corporación Sol S.A. de C.V., encargada de la intervención en la escuela Dionisio de Herrera (a la que asiste Carlos), está vinculada a una empresa cuya propietaria fue señalada en el caso de la “Narcopolítica”.
Empresa señalada por sobrevalorar contrato ha sido beneficiada
Criterio.hn identificó que la Secretaría de Educación otorgó contratos para la reconstrucción de centros educativos a dos empresas con antecedentes de corrupción: Ingenieros Profesionales de la Construcción (IPC S. de R.L.) y Sistemas de Construcción S. de R.L
Sistemas de Construcción S. de R.L. enfrenta señalamientos por corrupción por la sobrevaloración del engramillado del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, “Chelato Uclés”, de la capital hondureña, una obra ejecutada en 2022 por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor).
La empresa está bajo investigación de la Fiscalía por la presunta sobrevaloración del proyecto para la instalación de grama sintética del coloso deportivo, en el que Sistemas de Construcción S. de R.L. actuó como intermediaria, subcontratando a Gramillas Híbridas de América S.A., de Costa Rica, por 10.8 millones de lempiras.
Sistemas de Construcción S. de R.L. obtuvo una ganancia de 7 millones como intermediario según una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas de marzo de 2023, quien además reveló deficiencias en la supervisión de la subcontratada, falta de especificaciones en los contratos y ausencia de reporte de capital.
A pesar de ello, la Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Construcciones Escolares, le confirió a Sistemas de Construcción S. de R.L., en 2023, dos contratos por 6,016,561.12 lempiras para construir centros educativos, (contratos que no fueron subidos a HonduCompras).
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Empresa vinculada a narcopolítica beneficiada con cuatro contratos
Otra empresa señala por presunta corrupción, Ingenieros Profesionales de la Construcción S. de R.L., también ha sido beneficiada por la Secretaría de Educación con al menos cuatro contratos, adjudicados entre 2022 y 2023, (sólo tres publicados en ONCAE), para realizar reparaciones en centros educativos situados en diferentes regiones del país, por un valor total de 4,484,678.75 lempiras (equivalente a 179,029.09 dólares).
Lo particular de esta situación es que la Secretaría de Educación benefició a esta empresa a pesar que Claudia Marisela Matute Colindres, propietaria y gerente, fue arrestada el 24 de mayo de 2019, por su implicación en el caso de Narcopolítica, presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Aunque no se logró establecer el rol que desempeñó Matute Colindres en ese emblemático caso de corrupción y narcotráfico, se conoció que fue señalada por delitos de falsificación de documentos y fraude a título de cómplice en la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).
Sin embargo, el 14 de noviembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la presidencia de Rolando Argueta, le otorgó un sobreseimiento definitivo.
Vinculación entre Corporación Sol e Ingenieros Profesionales de la Construcción
Otro indicio de irregularidad que involucra a Ingenieros Profesionales de la Construcción S. de R.L., es que, el 9 de mayo de 2019, estableció un convenio con Corporación Sol S.A. de C.V.,(empresa que reconstruyó la escuela Dionisio de Herrera), cuya fundadora es María Daniela Chávez Colindres, para participar en la licitación del proyecto “Programa de Conservación de la Red Vial no Pavimentada” en Francisco Morazán, gestionado por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), durante la gestión de Marco Bográn, quien fue condenado a diez años de prisión en junio de 2022 por el conocido caso de corrupción hospitales móviles.
Paradójicamente, el 8 de mayo, un día antes de formalizar el convenio, Invest-H ya había anunciado a esta empresa como ganadora de la licitación, adjudicándole un contrato por 31,566,062.83 lempiras, lo que revela un proceso poco transparente en la adjudicación.
El 27 de abril de 2015, Corporación Sol S.A. de C.V. amplió su objeto social, ya que inicialmente solo estaba dedicada a la construcción, para incluir la investigación, avalúo, peritaje y mantenimiento de proyectos de vivienda, bajo los oficios del notario Johel Zelaya, actual fiscal de la república. Zelaya también actuó como notario el 1 de octubre de 2014, cuando corrigió un error en una cláusula previa, que nombraba erróneamente a la empresa como “Infraestructuras Terrestres S.A.”
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El incumpliendo en la Dionisio de Herrera
Corporación Sol S.A. de C.V. recibió entre 2022 y 2024, ocho contratos para la reconstrucción de infraestructura escolar, con un valor de 11,126,160.93 lempiras. Entre las escuelas beneficiadas con estos trabajos se incluye la escuela Dionisio de Herrera, en la aldea El Chimbo, Santa Lucía, uno de los centros educativos que recorrió Criterio.hn, al momento de realizar esta investigación.
La denuncia puntual realizada por el director, Hugo Martínez, cuando conversó con el equipo de Criterio.hn, vía teléfono, fue específicamente, en la instalación incorrecta de la fosa séptica, que quedó desnivelada, representando un riesgo para los estudiantes. “Nos tocó rellenar con tierra porque la fosa quedó tan alta que parecía una tumba, y los niños podían hasta fracturarse”, cuestionó. Además, el mal diseño de la fosa también provocó que el agua comenzara a salir hacia la calle, lo que obligó a la intervención de la Alcaldía de Santa Lucía por problemas en el manejo de residuos. “Tuvimos que dejar de usarla debido a la mala instalación”, lamentó Martínez.
El contrato establecía la construcción de un módulo de baño, que incluía tres sanitarios, un urinario, un lavamanos de doble llave y un tanque pequeño de agua. Si bien, estas obras se realizaron, otras estipulaciones, como la reparación del techo, nunca se cumplieron. Además, aunque se había prometido, la renovación del sistema eléctrico, tampoco se llevó a cabo. En su lugar, se instalaron tres puertas de metal, un elemento que no figuraba en el contrato.
Las puertas fueron colocadas en un módulo de aulas; no obstante, el director solicitó que se ubicaran en aulas que se encontraban en peores condiciones. Pese a su petición, esta fue rechazada, dejando sin solución las necesidades más urgentes de la escuela.
Esta denuncia fue la que provocó la reacción de molestia del director de Construcciones Escolares, Juan José Coello. Pero su incomodidad incrementó tras una serie de preguntas y la exposición de otras anomalías, como la vinculación de algunas empresas con actos de corrupción. En presencia del equipo de Criterio.hn, Coello convocó a otros ejecutivos de la institución a su oficina, ubicada en el tercer nivel del Centro Cívico Gubernamental (CCG), con el fin de desvirtuar cualquier señalamiento.
Uno de los funcionarios requeridos fue Lehsster Ortega, subdirector de Construcciones Escolares, quien, ante el asedio de su jefe, no pudo justificar por qué la Secretaría de Educación adjudicó contratos para la reparación de centros educativos a empresas vinculadas a actos de corrupción.
Ortega explicó que el proceso de precalificación determina qué empresas cumplen con las condiciones técnicas, financieras y legales.“En el proceso de precalificación existe un pliego de condiciones dividido en tres categorías: capacidad legal, técnica y económica. Dentro de la capacidad legal, podríamos excluir todas esas situaciones relacionadas con empresas irregulares”.
“La resolución de la precalificación indica cuáles empresas pueden participar; se supone que ya han pasado por filtros y evaluaciones, por lo que son las que seleccionamos y a las que enviamos invitaciones para licitar. Como se dice, ya vienen bien filtradas”, justificó el ingeniero, pese a que en la práctica estos filtros no fueron impedimento para contratar a empresas vinculadas a actos de corrupción.
Para Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), los procesos de precalificación y contratación, diseñados para evaluar la capacidad técnica, financiera y legal de las empresas, no están funcionando de manera adecuada.
Según Larios, si estos filtros fueran efectivos, las empresas que no cumplen con los requisitos no habrían sido contratadas, por ello apuntó que esta problemática sucede porque muchas secretarías de Estado manejan de forma independiente la precalificación de proveedores. Esto, según Larios, permite beneficiar a empresas que carecen de experiencia en obras civiles y otros requisitos fundamentales.
Larios criticó que la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), anteriormente responsable de todo el proceso de precalificación y calificación de empresas, haya perdido esta función.
“Cada secretaría se ha convertido en un pequeño reinado donde se califican empresas a conveniencia. Este desorden abre la puerta a procesos poco transparentes”, Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico)
Empresas sin experiencia en construcción de obras
Criterio.hn, mediante su análisis de contratos de obras identificó, también, a la empresa Inversiones García (Ingar S. de R.L.), fundada en 2020.
A pesar de ser una compañía de reciente creación en comparación con otras del mismo sector, es la que más contratos ha recibido para la reparación de escuelas. En total, se le han adjudicado26 obras por un valor conjunto de 59,047,887.79 lempiras, lo que representa el 13 % de los 449 millones ejecutados para la rehabilitación de centros educativos por parte de la Secretaría de Educación.
Una de las escuelas que reconstruyó esta empresa fue el centro educativo de prebásica John F. Kennedy, ubicado en la capital. El equipo de Criterio.hn se desplazó a este centro escolar y comprobó que la mayoría de las reparaciones establecidas en el contrato se llevaron a cabo, de hecho, la obra fue considerada concluida y se colocó una placa en honor a la presidenta Xiomara Castro, sin embargo, al igual que el caso de la escuela Dionisio de Herrera hubo denuncias de incumplimiento por la directora del centro, Ana Colindres.
Inversiones García (Ingar S. de R.L.), según uno de los contratos publicados en Oncae, recibió casi tres millones de lempiras (2,994,136.17 lempiras) por la reparación de tres aulas, una bodega, la construcción de un módulo y la reparación de las instalaciones hidrosanitarias del John F. Kennedy. En el lugar, la directora Ana Colindres explicó a Criterio.hn, que se cumplió con lo previamente estipulado, excepto con la reparación del agua potable, además, se presentaron diversas fallas en la infraestructura entregada.
Por ejemplo, hay secciones del techo sujetas con bloques de cemento y muros agrietados que representan una amenaza para los 172 alumnos y 10 maestros que pasan gran parte del día en el lugar.
“Claro que expusimos estos detalles a las personas que realizaron la intervención, pero mencionaron que solo harían lo previamente establecido, que no podían hacer más. Increíble, estamos totalmente agradecidos porque, de alguna manera, las reparaciones fueron una ayuda, pero dejar trabajos a medias no fue correcto y, por los antecedentes, es algo a lo que nos debemos acostumbrar”, denunció indignada la docente.
Juan Carlos Coello, director de Construcciones Escolares, destacó que es responsabilidad de cada ingeniero inspector de la institución identificar fallas adicionales en los centros educativos durante el desarrollo de los proyectos. Según Coello, si se requiere realizar otra gestión, se procede a modificar el contrato con la empresa para incluir las intervenciones necesarias.
“Me preocupa lo que me comentan, porque en todos los proyectos que he supervisado he encontrado situaciones [complejas]. Por eso siempre visito los proyectos personalmente; aunque no puedo ir a todos, cuando lo hago, cualquier detalle que detecte lo atiendo de inmediato dando instrucciones para los ajustes correspondientes”, explicó Coello, igualmente sorprendido por otro incumplimiento.
Pupusas y trofeos
De los 26 contratos, adjudicados a la empresa Inversiones García solo 14 fueron subidos a Oncae y, de estos, se encontraron dos peculiares: uno adjudicado por Educación y otro por la Secretaría de Culturas, Artes y Patrimonio de Honduras.
En el marco de esta investigación se identificó un contrato inusual otorgado por la Secretaría de Educación, el 1 de mayo de 2023, en el marco del Festival de la Sandía en Comayagua, para la venta de 500 pupusas de quesillo a 60 lempiras cada una, por un total de 30,000 lempiras.
Asimismo, la Secretaría de Culturas, Artes y Patrimonio de Honduras le pagó a Inversiones García (Ingar S. de R.L.) 30,935.35 lempiras por la venta de trofeos. Aunque la empresa no tiene experiencia en estos rubros, su amplio espectro de actividades, que incluyen obras civiles y comercio, le permitió acceder a estos contratos, lo que genera cuestionamientos sobre su idoneidad para las adjudicaciones.
Fines distintos a la construcción y negocios políticos
Criterio.hn descubrió que, además de empresas con antecedentes de corrupción, se han adjudicado contratos a compañías sin experiencia en obras civiles, como Inversiones La Fe S.A. de C.V. y Constructora Metanoia S. de R.L.
Inversiones La Fe, fundada en 2014 por Selvin Yovani Zelaya y Ela Juletta Rivera, originalmente dedicada a actividades como la agricultura y el comercio, ha recibido 27 contratos para obras civiles desde 2018, por un valor aproximado de 51 millones de lempiras.
En la administración de Castro, Daniel Esponda, continuando la hegemonía del gobierno del Partido Nacional, siguió beneficiando a Inversiones La Fe con siete contratos que suman 25,579,098.35 lempiras. Sin embargo, de estos contratos, únicamentecuatro aparecen registrados en Oncae,
Un indicador de que esta, como otras empresas, ha sido favorecida con numerosos contratos millonarios bajo administraciones de distintos partidos políticos, pese a no estar originalmente destinada a obras civiles, podría ser el vínculo familiar de Selvin Yovani Zelaya, gerente de Inversiones La Fe S.A. de C.V, con Jorge Zelaya, diputado y precandidato presidencial por el Partido Nacional.
Selvin Yovani Zelaya confirmó a Criterio.hn, en una llamada telefónica, que es hermano del diputado nacionalista Jorge Zelaya, uno de los periodistas que formó parte de la lista Hermes. Por su versatilidad en el ámbito político, podría actuar como intermediario clave para facilitar la obtención de contratos y permitir la adjudicación de estos a la empresa Inversiones La Fe.
Acaparamiento y partición de contratos
Además de las dinámicas antes expuestas, en el marco de esta investigación, se identificó una concentración de obras en pocas empresas, al identificarse la adjudicación de contratos a una persona vinculada a varias compañías constructoras y casos de partición de contratos, como la intervención doble de una escuela por la misma empresa.
Por ejemplo, Corrales Ingenieros S. de R.L. de C.V. es la segunda empresa que más ha recibido adjudicaciones, obteniendo23 contratos, entre 2022 y 2024, todas en el departamento de Olancho por un total de 56.3 millones de lempiras.
Un caso destacado es el Centro de Educación Básica Álvaro Contreras, que recibió dos contratos separados que suman 3.95 millones de lempiras. En 2022, recibió un contrato por 1,282,477.71 lempiras, y en 2023, un segundo, por 2,671,363.42 lempiras, lo que suma una inversión total de 3,953,841.13 lempiras, al mismo centro, de acuerdo a los registros de Educación.
Es relevante mencionar que el tipo de proceso de contratación, según el presupuesto de 2024, varía según el monto en lempiras: para montos superiores a 3 millones, es obligatoria una licitación pública; para montos entre 1.5 y 3 millones, se requiere una licitación privada; para montos entre 500 mil y 1 millón, se deben solicitar tres cotizaciones; para montos entre 100 mil y 500 mil, se necesitan dos cotizaciones; y para montos de hasta 100 mil, basta con una cotización.
Esto sugiere una posible estrategia de fragmentación de contratos para evitar licitaciones públicas, ya que los montos combinados habrían requerido este proceso, pero al dividirlos, se adjudicaron mediante licitación privada.
Criterio.hn intentó obtener información sobre los dueños de Corrales Ingenieros S. de R.L. de C.V., pero no recibió respuesta de la Cámara de Comercio e Industrias de Olancho. Se identificó a Edis Alberto Corrales Gómez como representante legal y firmante de los contratos, junto a Ramón René Alemán Ávila como miembro del órgano societario. Aunque Edis Corrales figura como contratista del Estado desde agosto de 2023, no se registra ningún contrato a su nombre como persona natural en el portal Honducompras.
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Misma persona, socia en varias empresas
La construcción de proyectos escolares también está concentrada en manos de empresas de un mismo propietario. Según la revisión de Criterio.hn, uno de los involucrados bajo esta mecánica es David Lambur, fundador de las empresas Proyect Consulting S. de R.L. y Constructora Orban. De manera similar, Paola Nathaly Chávez Colindres figura como fundadora de la empresa Ingeniería de Construcción Vial S. de R.L. (Incovia) y, desde 2024, como propietaria de Soluciones Integrales de Ingeniería S. de R.L. Además, aparece como exgerente de la empresa que mencionamos antes, Corporación Sol S.A. de C.V. entidades que también han recibido millonarios contratos adjudicados por la Secretaría de Educación.
Una de las empresas de Paola Nathaly Chávez es Ingeniería de Construcción Vial S. de R.L. (Incovia), la cual reconstruyó la Escuela 11 de Junio, ubicada en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa.
Esta obra, inscrita en uno de los cuatro contratos registrados en HonduCompras, adjudicados a Ingeniería de Construcción Vial S. de R.L. (Incovia) detalla la construcción de un cerco perimetral con un costo estipulado de 399,526.14 lempiras. Durante la inspección, se constató que el muro perimetral fue construido, pero presenta evidentes fallas. Se observaron grietas y la ausencia de varillas de refuerzo en algunas columnas, lo que genera preocupación entre los maestros de la escuela por posibles problemas estructurales a futuro.
La directora del centro escolar, Lesvy Matute, expresó su inquietud, “desde antes de entregar el muro ya se habían detectado fisuras. Informamos de la situación, pero no se corrigió. Solicitamos una revisión, pero aún no han venido. Mi mayor temor es que vuelva a colapsar, como ocurrió con el muro anterior.”, expresó preocupada e indignada la docente.
A la misma empresa responsable de las reparaciones en la Escuela 11 de Junio, ingeniería de Construcción Vial S. de R.L. (Incovia), se le adjudicó, mediante contratación directa, un proyecto para reparaciones en el Instituto Renacer, ubicado en la colonia Cerro Grande de Tegucigalpa. El contrato, registrado en HonduCompras, detalla un costo de 2,326,791.55 lempiras.
El contrato, como muchos enmarcados en la reconstrucción de escuelas, solo menciona “obras varias” e incluye términos generales como la reparación del módulo 1, del módulo sanitario PRI-2 A/SE, y los gastos de fletes y acarreos. En la columna de “unidad” aparece la palabra “global”, sin detalles adicionales, y la cantidad figura simplemente como “una”.
Durante una visita al Instituto Renacer, Juana González, del personal administrativo, describió las obras realizadas en el módulo 1, que consta de siete aulas, cambio de techo, instalación de lámparas, renovación del sistema eléctrico y pintura. Asimismo, la reconstrucción de cuatro baños y renovación de ocho más.
Estas reparaciones se ejecutaron entre noviembre y diciembre de 2022, concluyendo en enero de 2023, bajo un contrato suscrito el 28 de octubre de 2022 al amparo del PCM-24-22.
Contrataciones directas
Para efectuar las contrataciones directas, en 2022, la Secretaría de Educación se sustentó en el decreto PCM-24-2022, aprobado el 24 de septiembre de ese año por la presidenta de la República en Consejo de Ministro. Este solo se aplicó una vez, según confirmó la Secretaría de la Presidencia, a través de una solicitud de información.
Este decreto declaró estado de emergencia en todo el territorio hondureño debido a los efectos previstos de la temporada ciclónica, con una vigencia de 90 días que concluyó el 23 de diciembre de 2022.
Con el propósito de realizar acciones de prevención y atención, el decreto facultó a diversas instituciones, incluida la Secretaría de Educación, a efectuar compras directas durante el período de emergencia. En la revisión de los contratos adjudicados bajo esta normativa, se identificó un notable número de obras aprobadas en octubre y noviembre de 2022.
Una de las empresas más beneficiadas fue Corrales Ingenieros, que obtuvo ocho contratos durante esos meses, todos amparados en el decreto. Según explicó el director de Construcciones Escolares, Juan Carlos Coello, las escuelas intervenidas bajo este decreto, se seleccionaron utilizando los indicadores del Sistema de Planificación de Infraestructura Educativa (SIPLIE), actualizado en 2022, tras inspecciones técnicas en centros educativos de todo el país.
Sin embargo, el exfiscal de la República y exsecretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, expresó su preocupación por el uso de contrataciones directas. Señaló que estas generan desconfianza debido a la ausencia de un límite en los montos ejecutados y a la falta de procesos de licitación. Aunque la ley estipula que estas compras deben someterse a controles específicos, la falta de transparencia inherente a las contrataciones directas incrementa el riesgo de irregularidades.
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Falta de transparencia en contratos
Los siete directores de los centros educativos visitados por el equipo de este medio, señalaron no contar con informes detallados que permitan verificar el cumplimiento de lo estipulado en los contratos.
Asimismo, de los 50 contratos analizados por Criterio.hn ninguno presentaba especificaciones técnicas, como medidas y proporciones de las obras, el precio unitario y el total por obra, que sí aparecen como norma en la generalidad de los contratos. En los contratos con la Secretaría de Educación, solo se detalla el título de la obra y la cantidad, como “módulo 1, aulas”, sin detallar mediciones ni costos.
Sobre la falta de especificaciones en los contratos, la abogada Diana Matute, asesora legal de Construcciones Escolares, explicó que esto se debe a una cuestión formal, “las mediciones y requisitos técnicos están definidos en la normativa de construcción aprobada en 2019”.
Las empresas ofertantes, según Matute, tienen acceso a esta normativa y la usan para elaborar sus propuestas. Aseguró que, aunque los contratos no incluyan especificaciones detalladas, estas están contenidas en la carpeta técnica de la obra, conocida tanto por la constructora como por la Dirección de Construcciones Escolares.
Por su parte, Juan Carlos Coello, afirmó que cada director es informado sobre los detalles de las obras. “Sí, claro, se les hace la socialización. Los fondos, al ser públicos, deben estar a la vista de todos. Así funciona”, señaló, pese a que esta versión es opuesta a lo que expresaron los directores de los centros educativos visitados por Criterio.hn, quienes aseguraron que nunca se les explicó las obras a ejecutarse.
El exfiscal de la República, Edmundo Orellana, aclaró que para proyectos menores no es indispensable contar con planos detallados. Sin embargo, en el caso de obras completas o de contratos que mencionan “obras varias”, resulta fundamental detallar cada aspecto de la ejecución, especialmente si se trata de procesos de licitación, pues la transparencia y precisión son esenciales para sustentar la oferta.
“Si se dice que son dos aulas, más el baño y otras cosas, en ese caso son varias obras a la vez, porque, aunque se hace la misma estructura, son actividades diferentes (…); entonces, tiene que decirse, porque si se le pide al constructor que haga una cotización, la cotización debe hacerla de acuerdo con lo que se le está pidiendo. Si se habla de reparar un baño, se debe decir en qué consiste la reparación para que él diga el monto en dinero y mano de obra.”: Edmundo Orellana, exfiscal general de la República.
Tras analizar la complejidad del contexto, Orellana concluye que, aunque no se puede enviar a nadie directamente a la cárcel por las anomalías encontradas, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) puede llevar a cabo una auditoría sobre la adjudicación de contratos.
El plan de reconstrucción de escuelas en Honduras, iniciado en 2019 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández con una inversión de 1,000 millones de lempiras para mejorar 22,000 centros educativos, fue reforzado bajo la administración de Xiomara Castro, quien propuso intervenir 17,000 escuelas en cuatro años.
Luego de un análisis se puede concluir que las infraestructuras siguen deterioradas, maestros y directores denuncian fallas estructurales que afectan el aprendizaje, mientras los contratos se asignan a empresas vinculadas a posibles actos de corrupción, sin especificaciones técnicas y sin publicarse en Oncae, violando el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública., que obliga la transparencia en este tipo de obras.
Sumado a los desafíos para acceder a la información, ya que varias de las solicitudes de información pública presentadas, por periodistas de Criterio.hn, ante la Secretaría de Educación, no fueron respondidas, de hecho, ni el secretario de esta dependencia, Daniel Esponda, accedió a brindar una entrevista a este medio de comunicación.
El lucro en la construcción de escuelas, tiene sentido cuando, el influencer japonés Shin Fujiyama señaló, en su momento, obstáculos gubernamentales a sus esfuerzos para rehabilitar escuelas en Honduras.
