Código Penal, reformado en 2021, criminaliza el derecho a la protesta, sin que el actual gobierno de Libre revierta dicha medida que vulnera el estado de derecho
Tegucigalpa, Honduras. – Cambió el partido político en el gobierno, cambiaron los funcionarios, pero la amenaza de perfilamientos y la figura de “usurpación de espacios públicos” contenida en el Código Penal, aprobada en la narcodictadura, sigue viva y lista para ser utilizada a la menor muestra de disenso ciudadano en contra del gobierno de Xiomara Castro.
Así lo dejó claro la Secretaría de Seguridad cuando emitió, el domingo, un comunicado en el que amenazó con proceder a realizar “registros fotográficos y audiovisuales para la debida identificación de los responsables” de dos tomas que se realizaron este lunes en las carreteras hacia el norte y el oriente de Honduras. Además, refería que procederían a solicitar órdenes de captura, conforme al procedimiento establecido en el Código Penal.
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Pese a la urgencia que manifestaron diferentes sectores sociales para la derogación parcial del decreto 93-2021 –que criminaliza a través de la figura de “usurpación de espacios públicos”– el Congreso Nacional, a casi cuatro años de gobernanza legislativa, sigue sin encaminar esfuerzos para su abrogación parcial.
Si bien la movilización en la carretera CA-5, a la altura de Los Palillos, Comayagua, en la que pobladores de San Jerónimo, La Libertad, Las Lajas y Ojo de Agua, fue levantada tras sostener diálogo y llegar a un acuerdo con Octavio Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Previo a este avance, desde la Secretaría de Seguridad se equiparó las protestas con el crimen organizado, al sostener la necesidad de perfilamiento de los manifestantes.
«Así como se perfila y se documenta a la persona que es miembro de una estructura criminal que extorsiona, así como se perfila a una persona que ha dado muerte a múltiples otras personas o que contrabandea con narcotráfico –drogas, alucinógenos, cocaína, marihuana–, también como este es un delito tomarse las vías públicas y violar el derecho a la locomoción de las demás personas. Se va a documentar y se va a perfilar a las personas que estén incendiando llantas», dijo Miguel Martínez Madrid al noticiero matutino Hoy Mismo con relación a la amenaza de perfilamiento contra los manifestantes que fue publicada a través de un comunicado.
A modo de justificación, Martínez Madrid refirió que durante la manifestación se registró una acción en la que se quebraron los vidrios del carro de una familia que viajaba al Aeropuerto Internacional de Palmerola, por lo que “la policía no hace más que cumplir con la ley”, declaró.
Joaquín Mejía, abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, señaló –previo a las declaraciones realizadas por el portavoz policial– que en casos en los que personas ejerzan de manera violenta su derecho a la manifestación, que las autoridades deben identificar y detener a las personas concretas que generen violencia mas no disolver la manifestación.
Mejía expresó que el Estado y el gobierno hondureño deben entender que las manifestaciones pacíficas no deben considerarse una amenaza y que el Estado está obligado a entablar un diálogo abierto e incluyente con quienes se manifiesten para afrontar las causas que originan las manifestaciones.
Para Mejía, “el papel de la policía debe de ser en primer lugar garantizar que esas manifestaciones sean pacíficas; en segundo lugar, brindar seguridad a quienes se manifiestan; en tercer lugar, buscar alternativas para quienes no participen en la manifestación puedan ejercer su derecho a la libertad de locomoción. [Los agentes policiales] tienen la obligación de dialogar para que se resuelva la causa que provoca la manifestación, obviamente negociar y dar tiempo prudencial para liberar la vía pública”.
El doctor en derechos humanos cuestionó que antes de dialogar se lanzara “un comunicado que tiene un tono amenazante y además se plantea el uso del derecho penal, cuando obviamente hemos estado denunciando que el código penal actual –el que aprobó el Congreso Nacional de Juan Orlando Hernández– es un código que limita las libertades particularmente en lo que respecta a la libertad de asociación y de manifestación pública y pacífica”.
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Víctor Fernández, abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, desde las redes sociales reaccionó al comunicado de la Secretaría de Seguridad señalando que “la norma es la libertad… no la represión preventiva”. Recordando que los artículos 78 y 79 de la Constitución de la República, garantizan las libertades de asociación y de reunión, así como la “manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus interes comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial”.
El oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) asegura que su origen fueron las calles –sus bases arraigadas en las movilizaciones sociales en contra del extractivismo y la corrupción fueron perseguidas durante la narcodictadura encabezada por Juan Orlando Hernández– por lo que no se entiende su ahora animadversión a las manifestaciones ciudadanas.
Contrario a los tres periodos de gobierno del Partido Nacional, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no se ha caracterizado por reprimir con intensidad, por lo que el anuncio realizado por la Secretaría de Seguridad pone en precario el estado de derecho.
Es importante notar que la publicación del comunicado coincide con movilizaciones realizadas la semana pasada por la oposición política tras las elecciones primarias e internas celebradas el pasado 9 de marzo, en las que opositores y oficialismo, respectivamente, protegen intereses político partidarios de las tres principales fuerzas al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La oposición ha anunciado una nueva movilización para el sábado 5 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, teniendo como punto de partida la primera entrada de la colonia Kennedy de Tegucigalpa.
