El Gobierno asegura que buscarán firmar el convenio de la CICIH y enviarlo al Congreso Nacional como una medida de presión
Sin embargo, analistas consultados por Criterio.hn sugieren que debe establecerse el marco jurídico mínimo y que el Gobierno debe apegarse a los lineamientos de la ONU
Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno ha cambiado su posición respecto a la instalación de la CICIH y, al igual que los principales líderes oficialistas del Congreso Nacional, ha comenzado a sugerir que las reformas propuestas en el memorando de entendimiento pueden aprobarse después de que se suscriba un eventual convenio con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la instalación del mecanismo anticorrupción.
Este viernes 14 de junio de 2024, a través de un foro televisivo, el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, manifestó que el Gobierno está trabajando en alcanzar un acuerdo con la ONU. “Nosotros queremos avanzar. Estamos listos para firmar. Las cartas están sobre la mesa, las preparó el Gobierno de Honduras y esperamos que Naciones Unidas avance”, dijo.
Sin embargo, también aseguró que no será necesario que primero se establezcan las reformas legales propuestas en el Congreso Nacional, y que eso se puede efectuar una vez que esté finalizado el convenio entre el Gobierno y las Naciones Unidas.
“Se deben hacer reformas, lo entendemos, pero la realidad política es que requerimos suscribir el convenio para que sirva de presión en el Congreso Nacional. Usted no hace leyes antes de aprobar un convenio, porque la responsabilidad del gobierno de Xiomara Castro es la labor del Poder Ejecutivo, es decir, presentar, firmar y negociar el convenio”, agregó Reina.
Aunque las negociaciones entre el Gobierno y la ONU han superado varias condicionantes previas, entre ellas el mandato entregado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el establecimiento de un borrador de convenio, el cual se mantiene en reserva, todavía está pendiente que el Congreso Nacional avance con varias reformas legales contempladas en la fase 1 del memorando de entendimiento, que será ampliado hasta el 15 de diciembre de 2024.
Lea también: Memorándum para instalación de la CICIH se extiende por otros seis meses
A consideración de Enrique Reina, quien integra la comisión del Gobierno que negocia el borrador del convenio, será cuando este documento llegue al Congreso Nacional, para ser aprobado con al menos 65 votos, que se conocerá quiénes son los grupos políticos interesados en que no arribe al país la CICIH.
“Después de firmarse el convenio, vendrá la fase política del Congreso Nacional. Ahí, en el Congreso, veremos quiénes son los que de verdad no quieren que venga la CICIH”, manifestó Reina.
¿EXCUSAS?
Desde Criterio.hn se ha cuestionado en diversas ocasiones la falta de fervor por parte del Gobierno para impulsar las reformas contempladas en el diagnóstico que efectuó el equipo de expertos de la ONU en 2023, y su obstinación en que se apruebe la Ley Especial para la CICIH, cuyo anteproyecto fue presentado el pasado 17 de abril por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, y que implicaría la reforma a la Constitución.
Dicha normativa establece que la CICIH actuará como un querellante autónomo con facultades de acusador privado durante cinco años, y que el fiscal general de la República acreditará a sus miembros. De igual forma, plantea que la CICIH podrá presentar requerimientos fiscales junto al Ministerio Público y registrará denuncias fuera de su competencia en este organismo.
Para el analista político Raúl Pineda Alvarado, es correcto que el Poder Ejecutivo esté obligado a negociar el convenio, pero también, al ser quien está interesado en que arribe la CICIH, debe ser quien se apegue a las condiciones establecidas por la ONU y no al revés.
“Si hubiera voluntad de hacerlo, ya se hubiera hecho. Es Honduras la que está pidiendo la venida del organismo internacional, no son las Naciones Unidas. Es el Gobierno de Honduras el que debe apegarse a los lineamientos que quiere la ONU”, señaló Pineda Alvarado en entrevista con Criterio.hn.
De interés: Los tres poderes del Estado están obligados a trabajar contra la corrupción, con o sin CICIH
Por su lado, el miembro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, Aníbal Cálix, manifestó que la responsabilidad de que no esté firmado un convenio recae, hasta el momento, en el Gobierno y el Congreso Nacional.
“El Gobierno y el Congreso Nacional son los principales responsables de que no haya una CICIH hasta el momento. No podemos achacarle responsabilidad a la ONU, lógicamente la ONU iba a colocar criterios mínimos de independencia para poder instalar un mecanismo, es decir, independencia económica, para designar a quienes van a investigar, y creo que ahí radica la razón de por qué todavía no tenemos la CICIH en el país”, señaló Cálix en entrevista con Criterio.hn.
Aníbal Cálix señala al Gobierno y al Congreso Nacional como responsables de que no haya condiciones mínimas para la CICIH. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
El oficialismo, incluido el secretario de la Relaciones Exteriores, Enrique Reina, ha dejado entrever que han sido aspectos administrativos de las Naciones Unidas los que han retrasado las negociaciones del convenio de la CICIH.
REFORMAS SON URGENTES
El 11 de junio de 2024, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) publicó el informe La CICIH, ¿un sueño perdido?, en el que precisó cuáles son las normativas cuya derogación debe efectuarse y cuestionó el anteproyecto de la Ley Especial para la CICIH.
Dentro de las recomendaciones que hizo el grupo de expertos a la ONU, y que reseñó el Fosdeh, figura la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz, la reforma del decreto 4-2022, que contiene una amnistía para delitos contra la administración pública cometidos entre 2006 y 2009, así como la derogación del decreto 117-2019 que otorga inmunidad a diputados, las reformas al Código Penal en los delitos contra la administración pública y las reformas al Código Procesal Penal para permitir que los altos funcionarios del Estado sean juzgados por tribunales anticorrupción y no por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
