Analistas consultados ven innecesaria la propuesta de la Ley Especial para la CICIH, mientras el Congreso Nacional sigue sin efectuar las reformas planteadas en 2023 por el equipo de expertos de la ONU
Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno hondureño está obligado a instar al Congreso Nacional para que efectúe con prontitud las reformas necesarias para establecer el marco normativo que requiere la instalación en el país de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
El pasado 17 de abril, el secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, envió a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas el borrador del anteproyecto de la Ley Especial para la CICIH, presentado ante el pleno legislativo por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, y recientemente instó al Congreso Nacional a aprobarla.
La referida normativa establece que la CICIH será un querellante autónomo con facultades de acusador privado por cinco años y que el fiscal general de la República acreditará a sus miembros.
De igual modo, se propone que la CICIH podrá presentar requerimientos fiscales con el Ministerio Público y registrará denuncias fuera de su competencia en este organismo. En última instancia, el anteproyecto establece que la financiación provendrá del Estado hondureño y la comunidad internacional.
Sin embargo, según analistas consultados por Criterio.hn, aprobar la Ley Especial para la CICIH está lejos de ser una prioridad y, en cambio, podría entorpecer las negociaciones entre el Gobierno y la CICIH.
ESA LEY NO ES PRIORIDAD
El investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, manifestó que el Congreso Nacional debe enfocarse en las reformas legales que sí son necesarias y no en esta normativa propuesta.
«Al contrario, el Gobierno debe pedir al Congreso Nacional que no debata esa ley y a su diputada que la retire para que no haya confusión en el proceso de negociación y para que el Congreso Nacional se enfoque en las reformas que sí son necesarias», indicó a Criterio.hn.
Para Mejía Rivera, el anteproyecto de la ley no es pertinente debido a que plantea la duración de la CICIH, quién la va a financiar y otros aspectos que son propios de la negociación.
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«Imagínense que mañana aprueben esa ley, donde dice que la CICIH va a durar 5 años, y eso significaría que el gobierno y la ONU no puedan decidir que la CICIH dure 10 años o más», añadió.
REFORMAS PENDIENTES
El equipo de expertos de la ONU propuso al Congreso Nacional en 2023 nueve reformas, incluyendo cambios al Código Penal, la derogación de varios decretos y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Sin embargo, hasta ahora, el Congreso solo ha derogado los decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021, que impedían la labor del Ministerio Público y reformaban la figura de lavado de activos.
Por otra parte, el decreto 117-2019, que otorga inmunidad a los diputados, sigue vigente, lo que impide que sean responsabilizados legalmente por sus acciones legislativas.
También permanecen en el Código Penal delitos como malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y fraude con penas mínimas.
El artículo 4, literal A, del decreto 4-2022, que incluye amnistía para delitos contra la administración pública, tampoco ha sido reformado, generando preocupaciones sobre impunidad.
Además, la Ley de Colaboración Eficaz, propuesta desde noviembre de 2022, aún no ha sido discutida ni votada en su tercer debate.
FALTA DE VOLUNTAD
A criterio del analista político Luis León, el Congreso Nacional tuvo que haber avanzado en estas reformas incluso antes de que el equipo de expertos de la ONU entregara el diagnóstico.
«Yo no he visto que el presidente del Congreso Nacional esté nombrando las comisiones para garantizar ese marco jurídico que solicitan las Naciones Unidas. El Congreso Nacional tuvo que haber avanzado», declaró León en entrevista con Criterio.hn.
El pasado 29 de abril, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ignoró la fase 1 contemplada en el memorando de entendimiento de la CICIH al declarar que no es necesario que el poder que él preside ejecute las reformas, derogaciones o aprobaciones planteadas por el equipo de expertos de la ONU.
«No es cierto que la CICIH primero va a venir y luego le daremos las herramientas legales. Lo que yo creo es que si realmente Luis Redondo quiere que venga la CICIH, debe nombrar las comisiones en el Congreso, que hagan los análisis que sugirió el grupo de expertos y las reformas legales. Si no hacen eso, la CICIH solo se quedará en un discurso sin sustento ni validez», agregó León en referencia a las declaraciones del presidente del Legislativo.
La llegada al país de una CICIH fue una de las principales promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Aunque su gobierno ha mantenido negociaciones con la ONU, que actualmente evalúa el borrador del convenio, el Congreso Nacional ha representado uno de los principales obstáculos para garantizar el marco normativo necesario para el funcionamiento del ente anticorrupción.
