Por: Redaccion CRITERIO
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Tegucigalpa.-Desconociendo el Convenio que se firmó en el año 2016 y que dio vida a Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), el gobierno de Honduras negocia actualmente un nuevo Convenio con la Secretaría General de la Organización de Estados de América (OEA), a espaldas de la sociedad hondureña y en total opacidad y, por ello mismo, carente de criterios de transparencia y publicidad que deberían ser propios de una sociedad democrática.
Personas asistentes al foro «De espaldas a la ciudadanía: un nuevo convenio para la MACCIH»
Para el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), la lucha emprendida por sectores de la ciudadanía hondureña por la renovación del mandato de la MACCIH, ha ingresado a una nueva fase más compleja, la que representa graves riesgos en el retroceso en la lucha contra la corrupción, si lo medimos en función a los logros hasta el momento obtenidos por la Misión, comentó Claudia Mendoza de la unidad de investigación y prensa.
La élite corrupta ha logrado desconocer el contenido del Convenio actual y ha iniciado un proceso por la elaboración de uno nuevo, en el que no cabe duda que se despojará a la MACCIH de su función de asesoría y acompañamiento en la acción penal a la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC). Y en este contexto la UFECIC está en serio peligro de ser desmontada como Unidad Fiscal Especial.
Para el CESPAD, es un hecho que el proceso de formulación del nuevo Convenio de la MACCIH es el punto culminante en la agenda desarrollada por la élite corrupta en los últimos meses, por asegurarse su blindaje de la acción penal por delitos de malversación de caudales públicos, asociación ilícita, lavado de activos y otros más, dijo Gustavo Irías, coordinador de la institución.
El CESPAD considera que el funcionamiento de la MACCIH, ya sea sobre el Convenio original o uno nuevo, continuará bloqueado por los decretos y leyes que dan inmunidad e impunidad a los diputados y diputadas corruptos (Reformas a la Ley Orgánica del Congreso y Ley del Fondo Departamental y de los altos funcionarios públicos en general, reformas a la Ley del TSC). Por ello, en este contexto, resulta esencial que las organizaciones ciudadanas continúen con sus acciones de denuncia y presión por la renovación del convenio original de la MACCIH y por la abolición del blindaje legal que han hecho las y los corruptos desde el Poder Legislativo.
En esta compleja realidad, continúa siendo de interés promover y desarrollar el debate de la ciudadanía, no sólo para comprender y homogenizar el análisis y los mensajes sobre la situación actual, también para ir construyendo con una mirada de futuro estrategias y una agenda compartida para continuar denunciando, presionando e incidencia por una lucha efectiva contra la corrupción en el país.
Un comentario
Talvez así se se va el pueblo a las calles, harto de verdad de ver como en nuestras propias caras nos la meten sin vaselina y con arena de mar.