Tegucigalpa, Honduras. –La posible eliminación de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC) y su eventual fusión o traslado de funciones a la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto un nuevo debate sobre el rumbo de la política anticorrupción del gobierno del presidente Nasry Asfura.
El recién juramentado procurador general de la República, Dagoberto Aspra, defendió la iniciativa al señalar que responde a compromisos asumidos antes de llegar al poder y a la necesidad de fortalecer la prevención de la corrupción desde una entidad con rango constitucional.
Al finalizar la presentación del informe de 1,700 expedientes relacionados a incumplimientos a la ley de financiamiento político por parte de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Política Limpia, a la Procuraduría General de la República (PGR) se le consultó a Aspra sobre el futuro de la Secretaría de Transparencia.
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ASPRA DEFIENDE ELIMINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y APUESTA POR LA PGR COMO EJE ANTICORRUPCIÓN
Aspra explicó que una de las principales bases de esta decisión es el memorándum de entendimiento firmado, el pasado 5 de agosto de 2025, por los cuatro candidatos presidenciales –incluido Asfura—, con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
Dicho memorándum contiene 12 compromisos, entre ellos el impulso para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), así como once líneas de acción enfocadas en políticas públicas de prevención.
Según el procurador, esos compromisos comenzaron a asumirse incluso antes de que él ocupara el cargo, mediante acercamientos directos con el CNA para la construcción de una estrategia nacional anticorrupción.
Aspra sostuvo que la Secretaría de Transparencia tuvo la oportunidad de liderar esa estrategia, pero afirmó que no se conocen resultados concretos ni impacto real de ese trabajo.
“No sabemos si se hizo o no, lo cierto es que no tuvo incidencia”, señaló el funcionario, al tiempo que mencionó limitaciones estructurales por su dependencia directa del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, Aspra planteó que la PGR, por su rango constitucional, podría asumir un rol más activo en la prevención de la corrupción, aunque reconoció que aún no cuenta formalmente con esas facultades.
Sin embargo, indicó que, mientras tanto, se trabaja “extra cámaras” con el acompañamiento del CNA, solicitando al presidente Asfura el cierre de la Secretaría de Transparencia y el traslado de algunas atribuciones a la Procuraduría.
Como parte de esa propuesta, Aspra destacó la implementación de sistemas de cumplimiento antisoborno, basados en la norma internacional ISO 37001, orientados a blindar las relaciones entre el Estado y sus proveedores.
Este sistema –explicó— busca prevenir prácticas corruptas mediante controles robustos, similares a los utilizados por el sistema financiero para combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Además, se contempla la aprobación de otras iniciativas como la elaboración de una nueva Ley de Contratación del Estado, que otorgaría mayor autonomía a la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado (ONCAE).
Esta propuesta contempla elevar la ONCAE a una dirección nacional con “autonomía funcional, administrativa y financiera” para que pueda dictar políticas anticorrupción en las compras públicas.
ADVIERTEN RIESGOS CONSTITUCIONALES EN FUSIÓN ENTRE TRANSPARENCIA Y PGR
Sin embargo, estas posturas han sido cuestionadas por exfuncionarios y analistas en materia de lucha contra la corrupción. Al respecto el extitular de la Secretaría de Transparencia y exfiscal general, Edmundo Orellana, rechazó la idea de trasladar funciones de control preventivo a la PGR.
Orellana explicó que la Procuraduría es, constitucionalmente, el abogado del Estado, y no un órgano de fiscalización o transparencia. “La Constitución no le otorga esas funciones”, afirmó, al advertir que una fusión sería violatoria del orden constitucional.
Durante una entrevista brindada a un medio de comunicación el exfuncionario señaló que el presidente Asfura ha hablado de la construcción de una nueva Ley de Transparencia, pero no necesariamente del traslado institucional, lo cual consideró positivo.
También recordó que durante su gestión se elaboró un proyecto de Ley de Control Preventivo de la Administración Pública, que permanece en la Presidencia y podría servir como insumo técnico.
Añadió que en materia de transparencia ya existe una institución responsable, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que debería ser fortalecido con presupuesto, personal calificado y reformas a la normativa de Acceso a la Información Pública.
Reina Rivera Joya, abogada constitucionalista, calificó como errónea la posibilidad de que el representante legal del Estado —Procuraduría— asuma, al mismo tiempo, funciones de prevención y erradicación de la corrupción dentro del Poder Ejecutivo.
A su criterio, existe una incompatibilidad de fondo al pretender que el abogado del Estado actúe también como auditor, lo que calificó de absurdo.
Rivera Joya explicó que la naturaleza de las atribuciones de ambas instancias es distinta.
En ese sentido, remarcó que, en un Estado moderno, la transparencia en el Poder Ejecutivo responde a “funciones de control preventivo, diseño de políticas públicas, acceso a la información y rendición de cuentas, lo cual constituye una labor de carácter estrictamente administrativo”.
En contraste, subrayó que la Procuraduría General de la República es un órgano constitucional autónomo cuya función es la representación legal del Estado en procesos judiciales, tanto para responder a demandas de terceros como para accionar contra funcionarios o exfuncionarios.
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En esa misma línea de pensamiento se expresó el abogado y exvocero de la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, quien calificó la eliminación de la Secretaría de Transparencia como “un retroceso”.
“Es un retroceso porque la Secretaría de Transparencia tiene que ver con las compras públicas, con métodos éticos, herramientas éticas y de control en la administración pública y eso podría significar un dique de contención contra la corrupción en el gobierno”, explicó el jurista.
En conversaciones con este medio digital, Navas reconoció fallas en la conducción reciente de la Secretaría de Transparencia, pero advirtió que trasladar sus funciones a la PGR generaría conflictos de interés, al tratarse del abogado defensor del Estado.
A su juicio, una estrategia anticorrupción efectiva debe incluir reformas clave como la despolitización del Tribunal Superior de Cuentas, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz –que ha sido propuesta en tres administraciones del Congreso (2018-2022, 2022-2026 y 2026-2030)—y la reforma al Código Penal.
Entre tanto exdiputado del Partido Anticorrupción (Pac) e integrante del Frente Parlamentario de apoyo a la CICIH, Aníbal Cálix, manifestó que es necesario esperar a conocer el planteamiento final del Poder Ejecutivo antes de calificar la medida.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el excongresista enfatizó que Honduras necesita avanzar hacia un sistema de prevención de la corrupción más que limitarse a esquemas reactivos, pero expresó dudas sobre que la PGR sea la institución adecuada para liderar ese proceso.
Advirtió que eliminar una secretaría sin garantizar una estructura fuerte que ejecute la nueva normativa podría debilitar la lucha anticorrupción.
Mientras el gobierno avanza en la elaboración de una nueva ley de transparencia y anticorrupción, el debate sigue abierto entre quienes ven en la PGR una oportunidad para fortalecer el control preventivo y quienes alertan sobre riesgos constitucionales, institucionales y políticos.
En un país marcado por escándalos de corrupción estructural y la impunidad que campea en la mayoría de los casos, la redefinición del eje de transparencia se perfila como una de las primeras pruebas clave del discurso anticorrupción en la administración de Nasry Asfura.
