El Poder Ejecutivo asegura que la nueva Ley de Contratación y la Ley Antisoborno fortalecerán la transparencia, pero una reforma similar entregada en 2023 continúa sin discusión en el Congreso Nacional.
El Gobierno de Nasry Asfura promete modernizar el sistema de compras públicas con mayor autonomía para la ONCAE, mientras exfuncionarios advierten que el problema no es la norma, sino su débil aplicación.
Tegucigalpa, Honduras. –El Gobierno de Honduras anunció la elaboración de un paquete de reformas que incluye una nueva Ley de Contratación del Estado y una Ley Antisoborno, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la transparencia y combatir las prácticas corruptas en las compras públicas
Durante la administración de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento (2022-2026) también se impulsó una propuesta similar de modernización del sistema de contrataciones, la cual fue elaborada con apoyo de especialistas en procesos de compras nacionales e internacionales, pero no avanzó en el trámite legislativo.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó que ambas normativas se encuentran en fase de redacción y que buscan modernizar el marco legal vigente, así como establecer controles más estrictos sobre los procesos de adquisición del Estado.
Aspra dijo a medios de comunicación que uno de los cambios centrales será la transformación de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en una Dirección Nacional de Compras y Contrataciones, con rango superior y autonomía funcional, administrativa y financiera.
La intención, detalló Aspra, es dotar a ONCAE de mayor capacidad regulatoria para emitir políticas claras y obligatorias para evitar prácticas corruptas en las compras y contrataciones del Estado.
El funcionario indicó que para la redacción de los anteproyectos participan equipos técnicos de la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Secretaría de Finanzas, quienes integran mesas de trabajo para consensuar el contenido de ambas iniciativas.
Aspra adelantó que la Ley Antisoborno podría estar lista en los próximos días y que su alcance abarcará todas las contrataciones que realice el Estado hondureño, en coordinación con la nueva Ley de Contratación del Estado y el fortalecimiento institucional de la ONCAE.
La actual Ley de Contratación del Estado data del 29 de junio de 2001 y ha sido objeto de múltiples críticas por su falta de actualización frente a los nuevos estándares internacionales en compras públicas.
En el Congreso Nacional permanece pendiente –desde la gestión de Luis Redondo— de dictamen un anteproyecto de nueva Ley de Contratación del Estado que fue entregado por la administración de Xiomara Castro (2022-2026) el 18 de julio de 2023, pero que no fue discutido en el pleno.
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CUESTIONAN EFECTIVIDAD DE PROPUESTA DE LEY ANTISOBORNOS Y CONTRATACIÓN DEL ESTADO
El exsecretario de Transparencia, Edmundo Orellana Mercado, cuestionó los anuncios oficiales al señalar que no existe, hasta ahora, una estrategia nacional formalmente aprobada en materia de lucha contra la corrupción.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el exfuncionario recordó que durante el gobierno anterior se elaboró una propuesta integral de reforma a la Ley de Contratación del Estado, con la participación de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y especialistas de países como República Dominicana, Argentina e Italia.
Según Orellana, ese proyecto ya está redactado y fue entregado a la presidencia del Congreso Nacional, pero no fue sometido a discusión ni a dictamen en comisión.
Explicó que los Pliegos de Condiciones —documentos clave que definen los requisitos técnicos y administrativos de cada licitación— son elaborados por los propios funcionarios de las instituciones contratantes, lo que abre espacio a discrecionalidad y posibles irregularidades en las compras, contrataciones y adquisiciones que realizan las diferentes instituciones.
Asimismo, señaló que aunque la ley establece la obligación de ejecutar garantías cuando un contratista incumple, en la práctica rara vez se aplican estas sanciones a las empresas. “Pregúntese cuántos contratos han tenido ejecución de garantías en la historia del país”, cuestionó el exsecretario, al referirse a casos recientes de incumplimientos en contrataciones.
Orellana también apuntó que la normativa vigente prohíbe volver a contratar a empresas que hayan incurrido en incumplimientos graves, pero en la práctica muchos proveedores sancionados continúan obteniendo contratos estatales.
En ese contexto, planteó dudas sobre la efectividad de una Ley Antisoborno si no se garantiza el cumplimiento estricto de las disposiciones ya existentes.
En julio de 2025, Criterio.hn reportó que la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE) publicó una lista de anotaciones preventivas en las que al menos 41 empresas proveedoras del Estado, de varios rubros, han incumplido contratos públicos.
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El debate sobre la reforma al sistema de compras públicas resurge en medio de cuestionamientos recurrentes por adjudicaciones directas, procesos de emergencia y señalamientos de corrupción en distintos niveles del Estado.
Para el Gobierno, la transformación de la ONCAE y la creación de una Ley Antisoborno podrían sentar las bases para un sistema más transparente y competitivo. Sin embargo, exfuncionarios advierten que más allá de la aprobación de nuevas normas, el desafío central seguirá siendo la voluntad política y la capacidad institucional para aplicar la ley sin excepciones.
