Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) ha denunciado que el gobierno que preside Juan Hernández, pretende instalar una Mesa Técnica para la elaboración de una Ley de Consulta en donde pretende la no participación de los pueblos negros e indígenas.
En sus acostumbradas alertas la CESPAD ha hecho la denuncia pública del “engavetamiento” y marginamiento en el Congreso Nacional del anteproyecto de la Ley de la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), elaborada por el Observatorio de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras (ODHPINH).
A continuación la alerta de CESPAD:
Luego de su participación en la 105 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, que se llevó a cabo en el mes de junio de este año, en Ginebra, Suiza, el gobierno de Honduras informó de la conformación de una mesa técnica interinstitucional del Convenio 169, integrada por 19 instituciones del Gobierno para la elaboración de una Ley de Consulta.
Se trata de una Ley que el gobierno aprobará 21 años después de que el Estado de Honduras ratificara el Convenio 169 y de que, como nunca en la historia del país, se registraran conflictos territoriales en poblados indígenas, negros y no indígenas (que han dejado hasta líderes y lideresas asesinados), propiciados por el fortalecimiento de una política de concesiones que ha puesto a merced de las grandes corporaciones internacionales y nacionales, los bienes naturales y comunales del país, de forma inconsulta.
Sin embargo, la inminente aprobación de Ley de Consulta del gobierno acontece en medio de dos situaciones muy importantes y graves: la primera, el “engavetamiento” y marginamiento en el Congreso Nacional del anteproyecto de la Ley de la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), elaborada por el Observatorio de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras (ODHPINH).
El anteproyecto surgió de un trabajo de análisis y reflexión realizado por el Observatorio en la comunidad Garífuna de Sambo Creek, en el año 2014. El equipo de elaboración de la ley, que fue presentado el pasado 30 de marzo del 2016 por el diputado Rafael Alegría, contó con la colaboración y aporte de los grupos indígenas y negros, incluyendo la participación de Berta Cáceres.
La segunda, que la Ley de Consulta que el gobierno prepara, no cuenta con el consentimiento de los grupos originarios y no originarios del país, ya que tal y como han denunciado en reiteradas ocasiones, se les ha marginado de ese proceso.
Para el Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, (consciente que los procesos de consulta a los pueblos indígenas son una obligación y un compromiso que tienen los Estados, de acuerdo con lo que establece el Convenio 169 de la OIT, al igual que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), ésta es una situación delicada que, lejos de hacer efectivo el legítimo derecho a consulta, vendrá a profundizar una crisis que ha dejado a su paso abusos y una sistematiza violación de derechos humanos entre los pueblos indígenas del país.
Por lo tanto, el CESPAD, al gobierno demanda que:
- Se abstenga de continuar con el proceso de creación de la Ley de Consulta, por tratarse de un documento al que se le dará vida sin la consulta y beneplácito de la los grupos indígenas originarios y no originarios del país, poniendo en peligro la autodeterminación de esas comunidades.
- Que la mesa técnica interinstitucional del Convenio 169, que creó el gobierno y que está integrada por 19 instituciones gubernamentales, proceda a solicitar el “desengavetamiento” del anteproyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada que realizó el Observatorio de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, a efecto de concentrar su esfuerzo en apoyar esta iniciativa.
- Que se proceda a aprobar la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada que realizó el ODHPINH, cuyo contenido se creó acorde a las necesidades y realidades de los grupos indígenas originarios y no originarios del país.
