General Sabillón denuncia penetración del crimen organizado en la clase política

Tomado del New York Times

Un exdirector de la policía de Honduras dice que el gobierno es responsable de un “burdo montaje” al falsificar y filtrar varios informes en los que se implica a altos oficiales en el asesinato de dos zares antidrogas del país, en lo que supone un nuevo giro a un escándalo que trae de nuevo a la luz de la opinión pública los vínculos entre narcotraficantes y policía.

Ramón Sabillón Pineda, general que dirigió la policía durante once meses en 2014, se ha paseado por los platós de televisión y ha acudido a testificar voluntariamente ante la fiscalía para defender que la trama –y, por extensión, la corrupción dentro del Estado– es mucho mayor de lo que los documentos revelan.

La controversia nace del asesinato en una emboscada en 2009 —poco después del golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya— del responsable de la lucha antidrogas, el General Julián Arístides González. Dos años después fue asesinado su principal asesor del mismo modo, en una muestra del control que tienen los narcotraficantes sobre el país.

Aunque los asesinatos sucedieron hace años, este mes salieron a la luz de nuevo, primero, en la prensa hondureña y, luego, en The New York Times, los documentos que detallaban lo sucedido. Y en ellos se nombraba a más de dos docenas de oficiales de policía, desde los directores de la institución a los que montaron el operativo que hizo detener los vehículos para que sus ocupantes fueran ejecutados.

El General Sabillón no alega que los acusados sean inocentes.

“Eso sucedió, pero de otra forma, y los oficiales implicados no son exactamente los mismos que aparecen en esos informes. Hay civiles, policías y militares implicados en eso, pero en menor cantidad de la que aparece en el informe. Están vivos. Hasta a mí me matarían si avanzara más”.

Pero sí sostiene que los documentos filtrados no logran mostrar el alcance real de la implicación de líderes políticos en el crimen organizado. Cree, de hecho, que centrarse en la penetración del narcotráfico en la policía desvía la atención de su colusión con la clase política.

“El narco en Honduras es política. Yo detuve a ocho narcotraficantes y los extradité a Estados Unidos. Y después han caído empresarios, políticos y hasta el hijo de un presidente”, dijo Sabillón en una entrevista telefónica antes de testificar ante la fiscalía sobre los vínculos entre políticos y crimen organizado.

“Yo entregué a la fiscalía con todas las formalidades documentos importantes que involucran a personalidades políticas en el crimen organizado”, afirmó.

Los documentos filtrados no muestran que Sabillón tuviera ninguna responsabilidad en los crímenes. Sugieren que pudo recibir copia de los informes y pidió que fueran custodiados aunque él asegura que su firma fue falsificada y que no tenía autoridad para pedir eso en aquel momento. Sabillón dice que los documentos han sido redactados dentro de la policía con posterioridad a la fecha que señalan.

Y explica que el motivo por el que habla es que quiere terminar “el trabajo que comenzó”, en referencia a la extradición de narcotraficantes.

Dice que la falsificación y filtrado de los documentos responden a la voluntad de “neutralizar a la policía de Honduras porque no está a favor del gobierno”. También acusó al gobierno de buscar el control de las fuerzas de seguridad en el contexto del intento del Presidente Juan Orlando Hernández por modificar la constitución y así poder presentarse a la reelección, prohibida hasta ahora.

Tras la publicación de los informes, el presidente ha creado una comisión para depurar la policía. El jueves esa comisión pidió al ejecutivo que suspendiera de la institución al General Sabillón y a otro antiguo jefe de la policía, el General Ricardo Ramírez del Cid, señalado en los documentos como uno de los responsables de la conspiración para los asesinatos.

Ebal Díaz, secretario del Consejo de Ministros, dijo que Sabillón ha sido suspendido por criticar al gobierno en público.

El Presidente Hernández dijo que “el Ministerio Público no tiene otra opción más que llamar a todos los ministros, directores de la policía y oficiales para que rindan declaración” y que ha solicitado que la misión de la OEA que acaba de instalarse en el país para luchar contra la impunidad “apoye en este caso”.

El debate sobre el control civil o militar de la policía comenzó cuando el Presidente Hernández creó la Policía Militar al inicio de su mandato, a principios de 2016, en cumplimiento de su principal promesa de campaña.

Los policías “están incómodos con mi propuesta”, dijo Hernández durante una larga entrevista reciente con un canal local. “Solo tengo dos opciones: o cerramos la policía o ustedes me evidencian que tienen voluntad de hacer el cambio que exijo”, afirma que le dijo a la cúpula policial. “Dicen que pueden hacer la depuración. Vamos a darles el beneficio de la duda”.

También dijo que “de repente se puede dar un enfrentamiento interno” en la policía. O que, en clara alusión a la policía militar, “tenemos otras instituciones del Estado que pueden desarrollar estas tareas policiales y no descartaría reformar la constitución”.

El resto de los generales implicados en los informes, incluido Ramírez del Cid, también alegan que han sido falsificados con intencionalidad política. Pero una serie de arrestos en los últimos años sugieren que la penetración del narco en el gobierno es amplia.

El hijo del Presidente Porfirio Lobo, del Partido Nacional (2010-2014), fue detenido por la agencia antidrogas de los Estados Unidos en Haití en mayo de 2015 con un cargamento de droga y está encarcelado en Estados Unidos.

A finales de 2015, Yankel Rosenthal, exministro de Inversiones del gobierno del presidente actual, fue detenido en Estados Unidos y acusado junto con su primo Yani Rosenthal, exministro de la Presidencia del Partido Liberal durante el gobierno del Presidente Manuel Zelaya, y su tío Jaime Rosenthal, exvicepresidente del país por el Partido Liberal. Estados Unidos dijo que a través de un banco de su propiedad, Banco Continental, lavaban los activos de la familia Rivera Madariaga, conocidos como “los Cachiros”, también encarcelados en los Estados Unidos por narcotraficantes.

Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras, cree que “todo esto es engañar al pueblo, que es una lucha entre corruptos y criminales que se depuran entre sí por conflictos de control de territorios para su actividad, que se depuran y se matan entre ellos. La cúpula de la policía está infiltrada por el crimen organizado, que la comunidad internacional tome medidas. No es la primera vez que se dicen estas cosas en el país. Es cíclico”.