Redacción: Marcia Perdomo
Foto: Redes Ofraneh
Tegucigalpa.- 225 años de presencia en lo que hoy se conoce como República de Honduras y el territorio comunal del pueblo Garífuna continúa en disputa, bajo el auspicio de las autoridades.
Ante el letargo de las instituciones obligadas a respetar los derechos ancestrales sobre su territorio, la comunidad Garífuna de Punta Gorda, en el departamento insular de Islas de la Bahía, anunció que en septiembre iniciaron la recuperación de un terreno que habría sido usurpado por terceros, “en contubernio con la municipalidad y otros grupos de poder que controlan la Isla, pretenden continuar el despojo sistemático de nuestro territorio”, denunciaron.
El comunicado es de los liderazgos de la comunidad de Punta Gorda y fue republicado a través de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
En este se aclaró: “Estamos recuperando lo nuestro y no invadiendo, lo que siempre fue nuestro y lo que nunca debió ser apropiado indebidamente por terceros de mala fe. El hecho que paguen impuesto por nuestro territorio no los hace propietarios, por el contrario, ellos (terceros) y las autoridades que se prestaron a la usurpación han incurrido en responsabilidades por violatoria a los derechos de la propiedad colectiva y la autonomía de nuestro pueblo”.
A nivel nacional, la tenencia de la tierra y la usurpación de la misma por parte de los poderes económicos, a vista y paciencia de las autoridades, es un tema escabroso que ha resultado en violencia y la ruptura del tejido social.
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Criterio.hn ha tenido conocimiento de casos de usurpación de territorios en Roatán, Islas de la Bahía, que previamente eran propiedad de un particular y que terminaron en manos de terceros, y que pese a las denuncias y los procesos judiciales interpuestos por las víctimas, estos no prosperan en la fiscalía, ni en los juzgados del departamento insular.
La comunidad Garífuna de Punta Gorda condenó las acciones intimidatorias ejercidas por la Policía Nacional y la incitación al odio y desprestigió que se ha promovido alegando libertad de expresión, poniendo en peligro a sus habitantes.
Además, recordaron que “la comunidad de Punta Gorda fue fundada por los ancestros Garífunas el 12 de abril de 1797, antes de la firma del acta de independencia (1821) y mucho antes de la entrega de las Islas de las Bahía a la República de Honduras (22 de abril 1861), constituyéndose con ello en la primera comunidad Garífuna en territorio Centroamericano”.
Disolución de propiedad comunitaria en Honduras impulsada por estados-nación coloca en riesgo sobrevivencia cultural pic.twitter.com/RnyTLRsjQg
— ofraneh (@ofraneh) September 17, 2022
Es importante destacar que sobre la libertad de pensamiento y expresión, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 13, numeral 1, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
Sin embargo, en el numeral 5 del mismo artículo hace una salvedad al señalar que se prohíbe toda propaganda y toda apología del odio que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentenciado en dos ocasiones al Estado de Honduras por la violación del derecho a la propiedad colectiva de las poblaciones Garífunas de Punta Piedra en Iriona, Colón y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida y dictó una serie de reparaciones que a casi siete años siguen sin cumplirse.
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Actualmente, se encuentra en litigio el caso de la comunidad Garífuna de San Juan, Tela, y sus territorios contra el Estado de Honduras.
Con todos estos casos y la desaparición forzada de cuatro jóvenes liderazgos, entre ellos el presidente del patronato del Triunfo de la Cruz, Albert Sneider Centeno Thomas, y la violencia que se ha desatado en contra de las poblaciones por exigir se respete su territorio comunal, la ciudadanía pensaría que Honduras está dispuesto a cumplir las resoluciones de la Corte IDH.
A la problemática de la tenencia de las tierras en el departamento insular de Islas de la Bahía se suma la instalación de Próspera, una derogada Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), promovidas durante los gobiernos nacionalistas de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, tras el golpe de Estado.
