Garífunas denuncian ecocidio en laguna de Los Micos

Garífunas denuncian ecocidio en laguna de Los Micos en la Bahía de Tela

La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor de la comunidad Garífuna de San Juan. Estas incluyen evitar o suspender cualquier acción que pueda afectar sus derechos en cuanto a propiedad ancestral. La comunidad colinda al sur y al oeste con la laguna de Los Micos

Redacción: Marcia Perdomo

Tegucigalpa.- La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, denunció la intensificación del ecocidio en la Bahía de Tela mediante el relleno de la laguna de Los Micos para la construcción de complejos habitacionales.

La lideresa señaló al empresario Carlos Ferrer de ser el responsable de la acción que atenta contra la laguna que colinda al sur y al oeste con la comunidad Garífuna de San Juan, actualmente en litigio contra el Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

El video, que acompaña la denuncia, muestra una retroexcavadora y un relleno avanzado sobre un cuerpo de agua.

Miranda apuntó que la acción emprendida por el empresario es una “clara violación a las medidas cautelares otorgadas a la comunidad de San Juan y del caso ante la Corte IDH”.

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COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS

El caso comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras, se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, así como las amenazas contra varios de sus líderes y lideresas.

El informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refirió múltiples omisiones e irregularidades en la tramitación de la solicitud de titulación de tierras. Así, como el extravío del expediente abierto desde 1997 que contenía la solicitud presentada por la comunidad de San Juan.

Agregaron que existe un escenario de inseguridad jurídica respecto a los territorios ancestrales por el otorgamiento de títulos a terceros ajenos a la comunidad; el otorgamiento y funcionamiento de proyectos hoteleros; la ampliación del casco urbano de la Municipalidad de Tela; y la creación de un Parque Nacional en el territorio reivindicado por la comunidad.

Sumado a esto, la Comisión recordó que el Estado tampoco cuenta con un marco jurídico adecuado que permita realizar de manera pronta y ágil la reubicación de habitantes no indígenas dentro de territorios reclamados ancestralmente por pueblos y comunidades indígenas.

La CIDH concluyó que la falta de titulación de la totalidad del territorio de la Comunidad San Juan por parte del Estado, incluyendo las falencias en asegurar la propiedad y posesión pacíficas y la no injerencia de terceros, así como la falta de adopción de una legislación conforme a los estándares internacionales, violaron el derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad y sus miembros.

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MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH A LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN

En julio de 2006, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares, aún vigentes, a favor de la comunidad Garífuna de San Juan en Tela, Atlántida, Honduras. 

La Comisión solicitó al Gobierno de Honduras la adopción de las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los líderes de la comunidad; el derecho de propiedad sobre dichas tierras; y, evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que pueda afectar los derechos que se desprenden de la propiedad ancestral de la comunidad beneficiaria, hasta tanto los órganos del sistema interamericano adopten una decisión definitiva con respecto a la petición.

En abril de 2022, se realizó la audiencia pública del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se aguarda la etapa de alegatos y observaciones finales.

El Estado de Honduras ha mostrado una abierta desatención a los derechos de propiedad ancestral de las comunidades Garífunas. En octubre se cumplirán siete años de las sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra en Iriona, Colón y Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, sin que el Estado haya saldado la deuda.

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