Garífunas de Santa Fe, Colón rechazan construcción de posta policial por ser inconsulta

Los pobladores de ese sector manifiestan que el municipio ha sido declarado por la misma Policía Nacional, como uno de los “municipios más seguros de Honduras” entonces porque no construir mejor un hospital que es lo que realmente necesitan

Tegucigalpa, Honduras.- Los Comités de Defensa de la Tierra de las comunidades Garífunas de Santa Fe, San Antonio y Guadalupe, se han tomado el sitio de construcción de una megaposta policial porque no fue consultada con los pobladores como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

El comunicado reza que basados en su autonomía y en el ejercicio del derecho a la libre determinación como pueblo Garífuna, han decidido realizar un plantón permanente frente al edificio donde se construye una posta policial sin consulta en el territorio Garífuna del municipio de Santa Fe, departamento de Colón.

Esta acción responde a la defensa legítima de nuestro territorio ancestral y de nuestros derechos colectivos.

El Convenio 169 de la OIT, establece claramente en su Artículo 6 que los gobiernos deben: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Asimismo, dicho convenio señala que estas consultas deben realizarse de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado este derecho en las sentencias emitidas contra el Estado de Honduras en casos de comunidades Garífunas.

En particular, en el reciente caso de la comunidad Garífuna de Cayos Cochinos, la Corte estableció que el Estado “debe garantizar el derecho de la comunidad a ser consultada de forma previa, libre e informada sobre cualquier proyecto o decisión que pueda afectar su territorio”, conforme a los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.

Por otra parte, resulta contradictorio y profundamente preocupante que se pretenda construir una megaposta policial en uno de los municipios, declarado por la misma Policía Nacional como uno de los “municipios más seguros de Honduras” sin haber realizado ningún proceso de consulta con las comunidades Garífunas que habitan ancestralmente este territorio.

Las comunidades garífunas de ese sector exigen al Estado de Honduras detener inmediatamente la construcción de la megaposta policial en territorio Garífuna mientras no se realice un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades afectadas.

Además, piden respetar los derechos territoriales y el derecho a la consulta del pueblo Garífuna, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y el Estado de Honduras debe mostrar una voluntad real de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantizar el respeto a nuestra identidad, territorio y autodeterminación como pueblo.

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