Con la asunción al poder, en enero de 2022, de Xiomara Castro, tras doce años de vulneraciones constantes a los derechos humanos, las organizaciones ambientalistas, de mujeres, feministas y defensores territoriales, abrigaron la esperanza de un cambio, pero la situación sigue siendo casi la misma.
Tegucigalpa, Honduras. – La garantía de derechos humanos en Honduras sigue siendo un sueño a medias. Las mujeres no pueden vivir libres de violencia, la defensa de los derechos se ha criminalizado al punto de convertirse en uno de los países más violentos para los defensores y defensoras.
Hecho verificable
Apostarle al desarrollo e implementación de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos
Bicentenario Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático
Xiomara Castro, presidenta 2022-2026
El componente de los derechos humanos fue un pilar fundamental en su campaña política y discurso en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Organizaciones defensoras de derechos humanos, de mujeres, feministas, LGBTIQ+, campesinos y campesinas y defensores de bienes comunes fueron quienes aplaudieron y apoyaron a la mandataria hondureña, porque en ella veían vientos de cambios, de garantía y protección de sus derechos fundamentales que habían sido negados y evidenciados con mayor notoriedad después del golpe de Estado de 2009.
Como parte del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el punto dos denominado, “Defender los derechos humanos. El fin del Estado es la protección de los derechos del pueblo soberano”. Se incluyó de manera general, dicha defensa.
Criterio.hn realiza una verificación sobre la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos durante los primeros 23 meses del gobierno de la presidenta Xiomara Castro
La población indígena tolupana del Valle de Locomapa, en el departamento de Yoro, sigue esperando el goce de derechos fundamentales como el acceso a la salud y educación de calidad. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).
TEMA COMPLEJO
Honduras viene enfrentando una situación compleja en materia de derechos humanos que se agudizó con el golpe de Estado perpetrado a Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009. Zelaya Rosales, es el esposo de la presidenta Castro y actual asesor presidencial.
Represiones, asesinatos, desapariciones forzadas, concesiones extractivistas, cesión del territorio, fraude y crisis post electoral, migración sin precedentes, entre otras violaciones a los derechos humanos fueron algunos de los escenarios que se vivieron durante los doce años de gobiernos liderados por el Partido Nacional [2010-2022]
El Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado en 2011 y que tuvo sus orígenes en las calles con marchas contestatarias y la creación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), presentó un plan de gobierno de cara a las elecciones de noviembre de 2022, que garantiza la protección y el goce pleno de todos los derechos de los ciudadanos.
En la propuesta, se menciona, en primer lugar, los derechos necesarios a la dignidad, como son el derecho a la vida, alimentación, al empleo, la vivienda, salud, ambiente sano, educación y seguridad, la libertad cívica primigenia, la solidaridad y la igualdad ante la ley.
Las poblaciones más vulnerabilizadas confiaban que este panorama de violaciones históricas a los derechos humanos cambiase.
Con la llegada de Xiomara Castro, los campesinos, mujeres, personas LGBTIQ+, defensores del territorio y el ambiente veían materializado dicho cambio, especialmente cuando la mandataria incluyó a estos sectores en su discurso cuando tomó posesión del cargo el 27 de enero de 2022.
“La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas”, señaló Castro.
Además, añadió “no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico, ni crimen organizado. Queremos que el hondureño y la hondureña sientan la presencia de un Estado garantista de sus derechos donde se pueda vivir en paz”.
A casi dos años de haber llegado al poder, el gobierno socialista democrático, para el abogado, Joaquín Mejía, el panorama en materia de derechos humanos en Honduras es “complejo”, por la diversidad de matices que se han dado, especialmente en el actual gobierno.
En ese sentido, enmarcó algunos pasos que se han dado como la eliminación de la prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), negada para las mujeres desde el 2009.
El traslado del Juzgado de Jurisdicción Nacional en Materia Penal de un batallón militar a instalaciones civiles, una decisión de la nueva Corte Suprema de Justicia que en ese momento para los juristas era “un indicador positivo de que algo se quiere hacer”
Otro de los puntos que se consideran positivos, de acuerdo con el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, es el trato que se le da a las manifestaciones. “Ahora el abordaje represivo de las protestas sociales es la excepción, no la norma”, expresó.
De igual manera, Jessica Sánchez, directora ejecutiva del Grupo Sociedad Civil (GSC), coincide que el panorama de derechos humanos sigue siendo complicado como en gobiernos anteriores.
PUNTOS NEGATIVOS DEL GOBIERNO SOBRE DERECHOS HUMANOS
Durante su discurso de toma de posesión, del 27 enero de 2022, la presidenta Xiomara Castro hizo énfasis en el respeto de los derechos humanos y expresó su compromiso de asegurar a todas y todos el goce de la justicia, la libertad, la cultura, el bienestar económico y social.
Sin embargo, pese a ese compromiso las poblaciones más vulnerabilizadas no han visto cambios, y en algunos escenarios como la defensa de territorio, las violaciones a derechos humanos se han agudizado.
En el registro de Criterio.hn se contabilizan al menos 17 personas ligadas a la defensa del territorio que han sido asesinadas sólo en 2023.
A Castro se le cuestiona además por la implementación del estado de excepción a partir de diciembre de 2022, una medida que a criterio de analistas y organismos internacionales de derechos humanos debe ser eliminada y que además dejó sólo en promesas la desmilitarización de la seguridad ciudadana luego de dar funciones del resguardo a los militares e incluso cederle el control penitenciario a la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Defensores de derechos humanos no logran comprender por qué Castro sigue involucrando a los militares en las tareas de seguridad ciudadana, cuando los uniformados han sido acusados de perpetrar muertes durante las protestas del golpe de Estado de 2009 y la crisis post electoral de 2017. De hecho, estos crímenes siguen en la impunidad.
Una prueba de la errada decisión de tener a los militares en las tareas de seguridad ciudadana son las denuncias recibidas en su contra por parte de la población. Desde que se instauró el Estado de excepción, el 6 de diciembre de 2022 a septiembre de 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), recibió casi 300 denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los castrenses.
Para Jessica Sánchez, la suspensión de las garantías constitucionales “es una medida que no se justifica con relación a la criminalidad, ya que el mayor porcentaje de denuncias es de violencia doméstica y violencia sexual y no hay acciones definidas para parar este tipo de violencias”.
Un análisis de datos de Criterio.hn sobre las denuncias de violencia doméstica, indican que de enero de 2022 a septiembre de 2023 el Ministerio Público (MP), recibió 14,414 denuncias, mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió, en ese mismo periodo, 13,217 resoluciones judiciales.
Además, la feminista y defensora de derechos humanos, Jessisa Sánchez, enumeró tres sectores que han estado en el ojo del huracán de las violaciones de derechos humanos: los defensores de la tierra, defensores de los pueblos indígenas y afodescendientes y las mujeres que están siendo objeto de violaciones continuas a sus derechos humanos.
Hasta noviembre de 2023, más de 370 mujeres habían sido asesinadas en Honduras, país que registró en 2022 la tasa más alta de femicidios, en toda América Latina.
En ese sentido Jessica Sánchez sugiere al gobierno priorizar una política de derechos humanos orientada a atender a las poblaciones más vulnerabilizadas. Además, generar un plan inmediato de emergencia para proteger a estos grupos poblacionales.
Criterio.hn intentó contactarse con Natalie Roque, ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, sin embargo, como respuesta obtuvimos que se encontraba de viaje, por lo que consultamos si otra persona podía atender nuestra llamada, pero refirieron que no podían sin la autorización de la ministra.
INCREMENTO DE AGRESIONES CONTRA DEFENSORES DEL MEDIOAMBIENTE Y TERRITORIO
La CIDH, en su informe Norte de Centroamérica: Personas defensoras del medio ambiente, presentado el 16 de diciembre de 2022, señala que los actos de violencia observados en contra de quienes defienden el medio ambiente van desde discursos estigmatizantes, hostigamiento, criminalización y amenazas hasta atentados contra la vida e integridad personal, asesinatos y desapariciones forzadas.
En ese sentido, la CIDH advierte que, desde al menos hace cinco años, se ha sostenido un número alarmante de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente en Honduras y Guatemala.
En Honduras, la defensa del territorio y de los bienes comunes, fue fuertemente golpeada desde el inicio de 2023, con el asesinato de los defensores Aly Domínguez y Jairo Bonilla. Domínguez y Bonilla eran defensores del Río Guapinol, en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Tocoa, Colón, uno de los sectores de mayor conflicto para los defensores del medio ambiente que se han venido oponiendo al desarrollo de un proyecto minero.
El últimoAnálisis Global de Front Line Defenders, refiere que Honduras ocupa el quinto lugar a nivel mundial con mayor número de personas defensoras asesinadas durante el 2022, antecedido por México, Brasil, Ucrania y Colombia. El país centroamericano reportó al menos 17 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos.
“Colombia tiene un conflicto interno, Ucrania tiene una invasión, México y Brasil son enormes en términos territoriales y que Honduras ocupe el quinto lugar –un país tan pequeño— es realmente grave”, lamentó Joaquín Mejía.
Además, Mejía recordó queHonduras está en primer lugar a nivel de Latinoamérica y el segundo a nivel del mundo como el país con mayor uso de SLAPPs, es decir, el uso excesivo de acciones judiciales abusivas.
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, refiere que las SLAPPs, simulan ser demandas legítimas y con frecuencia surgen a iniciativa de un interés privado (como una empresa, el propietario de la misma o su personal) y se dirigen contra personas y grupos por ejercer su derecho a participar, comentar o criticar asuntos de interés público.
Ante este panorama, Criterio.hn, concluye que la promesa de un nuevo plan de derechos humanos, es engañosa, que, aunque se ha avanzado en algunas garantías, aún hace falta, de acuerdo con los analistas, voluntad política para garantizar los derechos humanos fundamentales, especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas.
