Varios secretarios y funcionarios en el gobierno de Honduras han ignorado la orden de la presidenta Xiomara Castro de renunciar a sus cargos si desean competir en las elecciones de 2025, a pesar de que la mandataria lo ha solicitado en dos ocasiones para evitar conflictos de interés
Tegucigalpa, Honduras. -Pese a que en dos ocasiones –30 de octubre de 2023 y 22 de marzo de 2024— la presidenta, Xiomara Castro, solicitó a secretarios y funcionarios que aspiran a cargos de elección popular presentarán su renuncia, varios han hecho caso omiso desde el nombramiento de Rixi Moncada, como titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
El objetivo de la presidenta es prevenir el uso indebido de recursos públicos en campañas y reducir la posibilidad de que los funcionarios usen su poder para obtener ventajas electorales.
El viernes 8 de noviembre de 2024, la aspirante a la presidencia y actual ministra de Defensa, Rixi Moncada, presentó su planilla para las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025. La fórmula presidencial de Moncada incluye a dos actuales funcionarios, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina y la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, para ser designados presidenciales.
Con lo anterior se descarta la participación del extitular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Mauricio Ramos, quien renunció el pasado 1 de enero de 2024 para acompañar a Moncada, quien dimitió de la Secretaría de Finanzas ese mismo día, en su fórmula presidencial.
He presentado mi carta d renuncia al cargo como Ministra d Finanzas, para continuar por la justa misión d refundación, participando como aspirante a la Candidatura Presidencial @PartidoLibre. Mi gratitud infinita @XiomaraCastroZ. Invité a Mauricio Ramos a acompañarme en fórmula🌺 pic.twitter.com/eHfRgv4cJR
— Rixi Moncada (@riximga) January 1, 2024
Otros funcionarios que renunciaron para buscar cargos de elección popular fueron: Rodolfo Pastor de María y Campos quien fungió como secretario de la Presidencia, y la exsubsecretaria de Gobernación, Carmen Haydeé López.
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SOLICITUD DE CASTRO NO ES UNA DIRECTRIZ CON EFECTOS VINCULANTES
Analistas consultados por Criterio.hn señalaron que la solicitud de renuncia para funcionarios que buscarán una diputación, alcaldía o la presidencia, es para evitar que estos se distraigan de sus obligaciones en cuestiones políticas, pero no es una directriz con efectos vinculantes.
En ese sentido, el director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, precisó que la petición de la mandataria hondureña, Xiomara Castro, es una disposición a nivel de gobierno y no “una disposición legal o de contravención en alguna ley en el país”.
En una entrevista brindada a este medio digital el representante de sociedad civil explicó que lo que se pretende es que las y los funcionarios, valiéndose de su cargo, utilicen la plataforma gubernamental o presupuesto de las instituciones para levantar sus perfiles políticos y congraciarse con los electores.
“En un primer momento la solicitud fue tomada en consideración, pero recientemente los funcionarios han hecho caso omiso y ya no se está respetando la disposición, e incluso muchos de ellos están en campaña abierta”, expresó el también abogado.
No obstante, mencionó que la primera en contradecir la solicitud fue la presidenta Castro, ya que fue ella quien nombró a Rixi Moncada como titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Por su parte el analista político y abogado constitucionalista, Raúl Pineda Alvarado, externó que legalmente no existe impedimento para que funcionarios aspiren a cargos de elección popular, pero que en algunos casos hay “conflicto de intereses”.
Explicó que, en el caso de Rixi Moncada, es donde se observa ese conflicto de interés, ya que ella está al frente de la Secretaría de Defensa y de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.), que es la institución encargada de la distribución y custodia del material electoral.
La Constitución de la República en su artículo 272 establece que las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) son los garantes del libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
En similares términos, la Ley Electoral en su artículo 318, señala que las FFAA son la institución responsable de la custodia, transporte y vigilancia del material electoral.
En ese sentido, el presidente o presidenta de la República debe poner a disposición –un mes antes de las elecciones— del Consejo Nacional Electoral a los miembros de la institución castrense para colaborar en la logística necesaria, lo que incluye la protección de los centros de votación y el resguardo del material electoral hasta la declaratoria oficial de los resultados.
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SE DEBE MONITOREAR GASTOS EN CAMPAÑAS POLÍTICAS
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), mencionó que se debe monitorear a todos los aspirantes a cargos de elección popular, especialmente a aquellos que están en la función pública.
De igual manera, mencionó que los ministros y funcionarios públicos que sean favorecidos con el voto popular deben abandonar sus cargos en el aparato estatal seis meses antes de las elecciones generales de noviembre de 2025.
