Un ejemplo de la ausencia de justicia es que, de las más de 300 muertes violentas de mujeres registradas en 2022, el 95% están impunes
Tegucigalpa, Honduras. – Han transitado varios gobiernos y el problema está presente. La impunidad es un desafío sin solución mientras miles de crímenes producto de distintos hechos continúan entre los archivos de las instituciones operadoras de justicia en Honduras.
Para contrarrestar los niveles de impunidad en el país se debe ejecutar, entre otras cosas, una depuración en la Policía Nacional, reestructurar el Ministerio Público (MP) y tener una Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, conforme a la ley, penalice los hechos criminales.
“Se debe hacer una depuración policial, pero que sea efectiva. ¿Cómo es posible que se le inyecte tanto presupuesto y no tengamos una policía eficiente?, no ha mejorado en lo absoluto la condición de seguridad del país”, planteó Mirna Flores, investigadora en asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad).
A criterio de Flores, la depuración policial, entre 2010 y 2020, separó de sus cargos a unos 19 mil efectivos y a la mayoría no se les efectuó un proceso judicial, situación que fomenta la impunidad en el caso de los que cometieron crímenes.
Sugirió en ese sentido que la depuración policial debe reanudarse y, paralelamente, comenzar una reestructuración en el Ministerio Público para que la institución investigue a plenitud todos los casos que le sean remitidos de las entidades armadas de la nación.
“El Ministerio Público ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad. Prueba de ello es como ha salido tanta gente extradita de Honduras rumbo a Estados Unidos y el Ministerio Público nunca mostró un delito contra esas personas, delitos que cometieron aquí y se suman a la lista de impunidad”, argumentó.
Una evidencia de lo apuntado por Flores y que pone en entredicho el rol que ha desempeñado el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, es el caso del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien nunca se le abrió un proceso en Honduras por las acciones criminales de las que lo acusa la Fiscalía estadounidense, país en donde está a la espera de un juicio por delitos de narcotráfico.
Además, se le ha reprochado a Chinchilla que sea el gobierno estadounidense el que ha impartido justicia para los hondureños condenados en diferentes cortes de ese país, incluido el hermano del exmandatario Hernández, Juan Antonio “Tony Hernández”, condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por resultar ser un capo a gran escala.
En el caso de la CSJ, expuso la analista, este órgano tiene un problema crónico producto de la mora jurídica que mantiene a miles de personas privadas de libertad desde hace años sin recibir una sentencia firme, así como los compromisos de jueces al momento de aplicar la ley.
“El problema es que hay muchas leyes. Las cárceles se llenan de personas a las cuales no se les prueba el delito. Lo que se necesita es que las leyes se lleven a ejecución porque no basta con aumentar pena”, puntualizó.
“Masacres, violencia contra la mujer, expropiación de tierra, leyes que blindan a políticos y narcotraficantes, todo eso es muestra de la impunidad en Honduras, y sólo se puede contrarrestar haciendo cambios significativos en los órganos de justicia”, enfatizó.
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CON IMPUNIDAD NO HAY CICIH
Para la investigadora Flores, mientras el Congreso Nacional no derogue una serie de decretos que protegen a los funcionarios públicos que se han enriquecido ilícitamente y los narcotraficantes, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) no llegará al país.
“Los funcionarios y narcotraficantes que cometieron delitos no pueden ser tocados porque se les blinda para protegerlos; eso es impunidad, sus delitos están en impunidad. Ahí entran los decretos 93-2021 y 116-2019, ¿por qué no se han derogado estos decretos?”, preguntó.
Añadió que “los delitos de cuello blanco, que son cometidos por funcionarios no son ni tomados en cuenta, es más, se hacen ejes para exonerados”.
Flores advirtió que, aunque el tema de la derogación de estos decretos esté presente en el Congreso Nacional, no se llegarán a consensos porque la clase política tiene temor de ser encontrada culpable por los investigadores de la CICIH, ante su posible llegada.
El decreto 93-2021, perteneciente a la Ley de Lavado de Activos, ha sido cuestionado por varios sectores de la población porque enmascara una serie de reformas a varias leyes que representan una contribución al lavado de dinero y ocultamiento de bienes de origen ilícito.
Otro es el decreto 116-2019, parte del famoso “pacto de impunidad”, que blinda a los diputados de la persecución penal del Ministerio Público, que al igual que el decreto 93-2021 forman parte de las condiciones impuestas por Naciones Unidas para instalar el ente anticorrupción.
“INSTITUCIONES DESCONECTADAS”
El coordinador de proyectos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, aseveró que otro de los grandes problemas de la cultura de impunidad que existe en Honduras es que las entidades de impartir justicia no trabajan de manera conjunta.
“La falta de coordinación de todos los entes que deberían estar involucrados para impartir justicia está generando que, cuando los ciudadanos y ciudadanos buscan justicia no la encuentran, y si lo hacen, el delito contra el señalado no procesa y queda en impunidad”, señaló.
“Los casos que nosotros conocemos por desplazamientos forzado de tierra en donde las personas van a la Policía y los mandan al Ministerio Público, y de ahí los regresan a la Policía y ellos los regresan al Ministerio Público”, ejemplificó Sierra como el hilo que genera la impunidad.
De acuerdo a un reporte, de 2020, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Honduras es el país con el mayor índice de impunidad de la región centroamericana y el más peligroso para trabajar como defensor de los derechos humanos.
Una evidencia de la ausencia de justicia en Honduras son los más de 300 asesinatos de mujeres en 2022, ya que 95% de estos casos se encuentran en impunidad, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Conocedores en el tema de seguridad y justicia lamentan que la impunidad en Honduras se extienda a otras áreas, como la migración, el ejercicio periodístico, en los centros penales, en los grupos de la diversidad sexual y de género y con los indígenas y negros.
