Colombia, México, Chile, Uruguay y otros países latinoamericanos condenaron la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y alertaron sobre los riesgos para la estabilidad regional y la población civil.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente evidenció profundas divisiones entre los Estados miembros tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, mientras varios países denunciaron una violación al derecho internacional y otros defendieron la operación en nombre de la democracia.
Honduras mantuvo un posicionamiento limitado ante la OEA sobre la incursión militar estadounidense en Venezuela, al restringirse su embajador a leer un mensaje de la presidenta Xiomara Castro en redes sociales, aunque la mandataria fue una de las pocas jefas de estado vinculadas a la izquierda latinoamericana que reconoció las cuestionadas elecciones en las que Nicolás Maduro se sostuvo en el poder, pese a denuncias de fraude.
Tegucigalpa, Honduras. – En medio de profundas divisiones internas, la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en la que se abordó la invasión armada ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, que culminaron en la captura ilegal del dictador Nicolás Maduro.
Convocada a solicitud de Colombia y con el copatrocinio de Chile, Brasil, Guatemala, Uruguay y México, la sesión extraordinaria osciló entre las posturas de quienes apelaron al respeto del derecho internacional y la soberanía territorial; aquellas que justificaron las acciones de Estados Unidos bajo el argumento de la defensa de la democracia; y un tercer bloque que llamó a una transición democrática por vías pacíficas.
Un día después de la detención ilegal de Maduro por parte de Estados Unidos, Chile, Brasil, Guatemala, Uruguay, México y España, emitieron un comunicado en conjunto, mediante el cual reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construido sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención.
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Por su parte, una tímida Honduras fue escueta en su posicionamiento de condena ante la OEA con respecto a los hechos de la madrugada del 3 de enero en Venezuela, pese a que su presidenta Xiomara Castro fue una de las primeras jefes de Estado en reconocer el resultado de las irregulares elecciones del que validó las irregulares elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela.
El embajador de Honduras ante la OEA, Roberto Quesada, se limitó a leer una reacción de la mandataria publicada en redes sociales tras la noticia de la captura ilegal de Maduro, en la que a su vez denunció la intervención directa de EE. UU. en las elecciones generales de Honduras en noviembre de 2025.
Albert Ramdin, secretario general de la OEA, sostuvo que la organización debe asumir un rol activo para facilitar el diálogo, reducir tensiones y contribuir a una salida democrática, pacífica e inclusiva en Venezuela, basada en la voluntad de su pueblo y en el respeto al orden internacional basado en normas.
En medio de las tensiones, Estados Unidos optó por desestimar los cuestionamientos y negar los señalamientos de violación a la soberanía territorial de Venezuela, argumentando que no se trató de una invasión, sino de una captura de una persona requerida por la justicia estadounidense.
“Permítanme ser claro: Estados Unidos no invadió Venezuela. Eso fue una acción de la fuerza pública que resultó en el arresto de una persona que ha sido acusada y coacusado para que enfrente la justicia de este país. Les hago un llamado a todos para que lean las acusaciones de marzo de 2020”, manifestó el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto.
La intervención de Rizzuto fue interrumpida por una manifestante, quien denunció que la motivación de la operación estadounidense en Caracas, Venezuela, fue la apropiación de los recursos petroleros del país sudamericano. A la vez que cuestionó el papel de la OEA frente a los abusos de Estados Unidos y el retorno de la Doctrina Monroe. Medios internacionales identificaron a la mujer como una integrante de la organización feminista CodePink.
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CONDENAS REGIONALES APELAN AL DERECHO INTERNACIONAL
Colombia, por medio de su viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, rechazó categóricamente las acciones militares unilaterales ejecutadas en territorio venezolano, al considerarlas una violación al derecho internacional, de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela, así como una injerencia incompatible con la Carta de la OEA y el principio de no intervención.
Advirtió que estos hechos sientan un precedente grave que amenaza la paz y la seguridad regional, debilita el orden internacional basado en normas y expone a la población civil a riesgos directos, subrayando que la democracia no puede imponerse por la fuerza ni mediante coerción externa, sino que solo puede construirse a través de procesos pacíficos, inclusivos y respetuosos de la voluntad popular.
República Dominicana, por medio de Francisco Caraballo, viceministro de Política Exterior Bilateral, sostuvo que la salida a la crisis venezolana debe construirse mediante una hoja de ruta clara hacia una transición democrática, basada en la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. Asimismo, llamó a la responsabilidad colectiva de los Estados para evitar una escalada del conflicto, proteger a la población civil, y promover un acompañamiento efectivo del sistema interamericano para restablecer la confianza institucional.
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Chile, a través de su representante permanente Tomás Pascual, expresó profunda preocupación y condena por las acciones militares unilaterales en territorio venezolano. Señaló que estos hechos constituyen un precedente peligroso para la paz y la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil, reiterando que la crisis venezolana debe abordarse mediante procesos pacíficos, graduales e inclusivos, orientados a una salida democrática con elecciones libres y acompañamiento internacional, y no mediante acciones que escalen tensiones o erosionen el multilateralismo.
Uruguay, por medio de su embajador ante la OEA, Edison Lanza, sostuvo que, aunque no reconocen las elecciones del 28 de julio de 2024 en Venezuela y denuncian las graves violaciones a los derechos humanos del régimen de Maduro, ello no impide señalar la flagrante violación del derecho internacional y de las Cartas de la ONU y de la OEA por parte de Estados Unidos.
Previno que estas acciones sientan un precedente preocupante para la paz y la seguridad regional, ponen en riesgo a la población civil y vulneran el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz basada en la no intervención y la solución pacífica de las controversias.
México, por medio de su representante ante la OEA Alejandro Encinas, recalcó la importancia que tiene en su país el principio de no intervención en los asuntos de otro país, a la vez que denunció que el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial o la independencia política de todo Estado es el fundamento del derecho internacional sin importar país y gobierno del que se trate.
«La soberanía y la auto determinación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios jurídicos fundamentales que deben respetarse siempre, sin excepciones», afirmó Encinas. Agregó que «la historia de América Latina es contundente, la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera».
En este contexto de posiciones encontradas, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, llamó a preservar el multilateralismo y recordó que la Carta de la OEA y el marco jurídico interamericano no son declaraciones retóricas, sino obligaciones vinculantes para los Estados. Reconoció la diversidad de posturas expresadas durante la sesión, pero advirtió que la erosión del derecho internacional, del principio de no intervención y de la solución pacífica de las controversias amenaza la estabilidad regional y el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz.
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