Pese a la oposición y la falta de oferentes en el proceso de licitación, las autoridades hondureñas consideran avanzar en la construcción del polémico centro penitenciario, lo que podría intensificar los cuestionamientos sobre la transparencia y la viabilidad del proyecto
Tegucigalpa, Honduras. – A pesar del fracaso en el proceso de licitación para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Islas del Cisne, las autoridades hondureñas han reafirmado su compromiso de continuar con el proyecto.
De acuerdo con el comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), Ramiro Muñoz, las empresas participantes en dicho proceso –que se mantuvo en secretividad— no cumplieron con los requisitos legales, el gobierno no se rendirá en su objetivo de establecer un nuevo centro penitenciario.
“Las empresas no han tenido las garantías bancarias para sustentar el proyecto. Lo declaramos fracasado”, expresó Muñoz, quien además explicó que la empresa a la que se adjudique el cuestionado proyecto, debe cumplir con tres aspectos: capacidad financiera, capacidad técnica y legalidad de la empresa.
SIN OFERENTES SE ABRE PASO A COMPRAS DIRECTAS
El anuncio del fracaso de la licitación, se produce en un contexto de creciente oposición y preocupaciones sobre la viabilidad y transparencia del proyecto, que ha sido criticado tanto por su impacto ambiental como por claras violaciones a los derechos humanos, traducido en la falta de respaldo social.
Analistas señalan que, al declarar fracasado el proceso de licitación, dicha contratación se podría realizar de manera directa, incrementando el hermetismo que ha existido desde el anuncio de la referida construcción.
Para el arquitecto Oscar Hernández, representante del Colegio de Arquitectos ante la Coalición Ambiental de Honduras, las compras directas se presentan como una posibilidad bajo la justificación de la falta de oferentes, lo cual plantea serias dudas sobre la legitimidad del proceso. Hernández sostiene que este enfoque no puede considerarse un verdadero proceso de licitación, ya que no se proporcionó la información suficiente respecto a las empresas que participaron el dicho proceso.
La falta de transparencia en los procesos de licitación tiene un impacto significativo en la confianza pública hacia las instituciones gubernamentales. Cuando los procedimientos no son claros y accesibles, los ciudadanos tienden a desconfiar de la integridad del sistema, lo que puede llevar a la percepción de corrupción y favoritismo.
Recientemente, el ministro de la Secretaría de Recurso Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina declaró en medios de comunicación que la responsabilidad por el daño ecológico causado durante la ejecución del proyecto recaerá sobre la empresa contratada.
En ese sentido, para Oscar Hernández, esta afirmación pone de manifiesto una posible renuencia de las empresas a participar en el proceso de contratación, ya que es poco probable que una empresa acepte asumir tal responsabilidad principalmente cuando hay una licencia ambiental.
NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN
Ante el fracaso del primer intento, se planea un nuevo proceso de licitación. Según el también presidente de la junta interventora del Sistema Penitenciario Nacional, a partir de hoy inicia un nuevo proceso de licitación.
“Hoy mismo iniciamos un nuevo proceso de licitación”, aseguró Ramiro Muñoz, quien afirmó que por tardar la cárcel a la que se han opuesto varios sectores de la sociedad, estaría lista en agosto de 2025.
Según el militar, para marzo de 2025, aunque no esté terminado el proyecto, proyectan trasladar a los primeros mil privados de libertad, que, de acuerdo con Muñoz, serán cabecillas de maras y pandillas.
Además, según ramiro Muñoz en este nuevo proceso de licitación se incluirá la participación de otras instituciones y la sociedad civil.
