El Gobierno de Xiomara Castro y el Fondo Monetario Internacional negocian un acuerdo con nuevos elementos
Por: Luis Escalante
Tegucigalpa.- El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continúan las negociaciones con miras a la suscripción de un nuevo acuerdo, el cual deberá contener una nueva fórmula, una que se adecúe a la política económica que se busca implementar por parte de las actuales autoridades y que revierta malas prácticas cometidas en las anteriores administraciones.
El 26 de septiembre, los miembros del Gabinete Económico se reunieron en Tegucigalpa con Joyce Wong, jefa de la misión del FMI en Honduras, y el representante residente de ese organismo en el país, Cristian Henn, en el contexto de las negociaciones entre ambas partes que darían vida, antes del término de 2022, a un nuevo acuerdo entre Honduras y el FMI.
Luego que el 15 de enero de 2022 concluyera el más reciente acuerdo suscrito con el FMI, que no fue renovado ante el incumplimiento por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) de tres de las once metas pactadas, las nuevas autoridades, encabezadas por la presidenta Xiomara Castro, emprendieron nuevas negociaciones con el órgano financiero.
Algunas de las reuniones se han efectuado en la capital hondureña y otras en Washington D.C., sede del Fondo, ello entre equipos técnicos de ambas partes. Producto de estas negociaciones, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, ha informado que uno de los principales planteamientos hechos por el organismo internacional incluye la eliminación de privilegios fiscales.
Aunque estas medidas venían siendo sugeridas al Estado hondureño desde 2016, a través de tres informes publicados por el FMI, el contenido de estos documentos se había mantenido en secreto, blindados por la recién derogada Ley de Clasificación de Documentos Públicos, conocida como Ley de Secretos.
Noticia relacionada: Informes develados por gobierno, revelan que FMI demanda eliminar privilegios fiscales
El FMI concluyó que los incentivos y privilegios fiscales no representan un beneficio para el Estado, por lo que recomendó su eliminación total o gradual por ser poco equitativos, beneficiar únicamente a sectores de altos ingresos, ser ineficientes y no tener impacto en el correcto funcionamiento del mercado, complejos al no tenerse control y seguimiento y poco suficientes, porque crean «agujeros fiscales» que el Estado debe cubrir con endeudamiento público.
Al término de 2021, la deuda pública del Estado hondureño se situó en los 9,249.8 millones de dólares, y según los más recientes informes del Banco Central de Honduras (BCH), aunque ha disminuido levemente, se posiciona en los 9,138 millones de dólares.
En ese contexto, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, y representante de Honduras ante el FMI, ha asegurado que el Gobierno está anuente a eliminar dichos privilegios fiscales, que le permitirían al Estado hondureño lograr una mayor captación de ingresos y, por ende, asignar más recursos a proyectos de desarrollo social, sin recurrir tanto al endeudamiento, como en los últimos gobiernos.
NEGOCIACIONES VAN BIEN
El FMI, a través de Joyce Wong, en reiteradas ocasiones también ha asegurado que aceptarán los paquetes de reformas planteadas por el actual gobierno, entre ellas los planes de inversión pública, gestión de la deuda, reformas del sector eléctrico, y la política monetaria y financiera.
Aunque en años previos el FMI sugirió a Honduras la escisión en tres partes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que acumula una insostenible deuda de 690 millones de dólares con los generadores, en las negociaciones en curso han aceptado y respetado las determinaciones adoptadas por las actuales autoridades hondureñas.
El pasado 12 de mayo, el Congreso Nacional aprobó la Ley especial de garantía del servicio de energía eléctrica como bien público y derecho humano, bajo la cual se ordena a la ENEE revisar todos los contratos de generación, al igual que autoriza a la gerencia de la estatal eléctrica a realizar una reestructuración administrativa y técnica de la empresa.
GOBIERNO TIENE LEGITIMIDAD PARA DAR SUS CONDICIONES AL FMI
A criterio del economista Martín Barahona, el Gobierno tiene la legitimidad para ejercer un margen de negociación con el FMI, ello con el objetivo de realizar planteamientos distintos a los de gobiernos anteriores.
«En ese sentido, no creo que el FMI tenga mayores obstáculos relacionados con el enfoque del gobierno de Xiomara Castro, que ha realizado una serie de reformas en el sector de energía. Recordemos que el FMI venía presionado con el tema de la escisión, pero ahora acepta que esta administración tiene un nuevo enfoque», dijo Barahona a Criterio.hn.
Aunque el también expresidente del Colegio de Economistas explicó que el actual Gobierno ha mostrado cierta independencia en algunos aspectos, en la mayoría continúa -y continuará- sometiéndose a lo que le ordena el FMI, por lo que ve poco probable un cambio drástico en las medidas de política económica de Honduras.
«Eso de que no se continuará con el modelo neoliberal tiene un elemento practico y otro teórico. El Gobierno, exceptuando el tema de la energía y un poco el aumento del gasto social, en el resto de los asuntos mantiene las mismas políticas económicas de hace tres décadas, si somos objetivos», manifestó.
A partir de la década de 1990, aunque los indicadores macroeconómicos han aumentado y los niveles de endeudamiento se mantienen en torno al 50% del Producto Interno Bruto (PIB), los índices de pobreza y desigualdad social se han incrementado a niveles que afectan a cerca del 70% de la población hondureña.
«Creo que el Gobierno debe exigir nuevos parámetros que no sean tan impositivos y que no promuevan el fortalecimiento del neoliberalismo. Ellos (el FMI) tienen su agenda, pero Honduras también debe plantear que no se deben imponer estos modelos que producen pobreza», consideró, por su parte, el sociólogo Armando Orellana.
De su lado, el economista Freddy Tejada dijo a Criterio.hn que, aun con los niveles de endeudamiento, al Gobierno no le queda otra opción que acudir a estos organismos multilaterales de crédito, ante la escasa oferta de cooperantes.
«Si están disponibles los recursos económicos y las instituciones financieras dispuestas, mientras se cumplan los requisitos, no veo que haya problema en la oportunidad de obtener recursos frescos, a largo plazo y con condiciones favorables con el FMI», expresó.
Según el análisis de los expertos consultados, por más que el Gobierno de Xiomara Castro intente pregonar una política anti-neoliberal, en la práctica será muy difícil hacerlo. Explicaron que la fluctuación de la moneda y la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ambas promovidas e impuestas a gobiernos anteriores por el FMI, se mantendrán y que será difícil contrarrestarlas.
