Por Giovani Funa
La iniciativa busca crear un perímetro de seguridad de 25 pies alrededor de oficiales federales, en medio de un tenso debate nacional sobre la transparencia y los derechos civiles.
Tegucigalpa, Honduras .-En un movimiento que ha encendido el debate entre defensores de la seguridad pública y activistas de derechos civiles, el estado de Florida se encuentra en proceso de ampliar su controversial ley «HALO» para incluir a agentes federales de inmigración. La propuesta, anunciada a principios de febrero de 2026 por el Chief Financial Officer (CFO) estatal Blaise Ingoglia, prohibiría efectivamente que los ciudadanos se acerquen a menos de 25 pies de los oficiales de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) y del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) mientras realizan operativos, bajo amenaza de arresto .
¿Qué es la ley «HALO» y cómo funciona?
La ley «HALO» (Honoring and Listening to Our Officers) no es nueva en Florida. Entró en vigor el 1 de enero de 2025 y originalmente fue diseñada para proteger a los primeros respondedores—policías locales, bomberos y personal médico de emergencias—de posibles interferencias o amenazas durante el cumplimiento de sus deberes .
La normativa establece que, si un oficial lo solicita, cualquier persona debe retroceder y mantener una distancia mínima de 25 pies. El incumplimiento de esta orden verbal constituye un delito menor de segundo grado, penado con hasta 60 días de cárcel y una multa de 500 dólares . Desde su implementación, solo en el condado de Palm Beach se han registrado 28 arrestos bajo este estatuto, muchos de ellos relacionados con personas que se negaron a alejarse de escenas donde oficiales realizaban investigaciones o arrestos .
La expansión propuesta: de lo local a lo federal ha generado un nuevo ciclo de controversia es la intención declarada de extender estas protecciones a los agentes federales. Durante un evento en Daytona Beach el 11 de febrero de 2026, Ingoglia fue claro respecto a sus intenciones legislativas:
«Estas mismas protecciones, creemos, deberían aplicarse también a nuestros socios federales de aplicación de la ley. Así que si tienes a ICE o Homeland Security realizando redadas para deshacerse de criminales ilegales en tu comunidad, en el estado de Florida, no podrás acercarte a filmar. No podrás acercarte a acosar. Te meteremos en la cárcel.»
La declaración «Florida no es Minnesota» se ha convertido en un estribillo recurrente entre los promotores de la medida, en clara referencia a los recientes y polémicos incidentes en Minneapolis donde agentes federales mataron a tiros a dos ciudadanas estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti, durante operativos de inmigración en enero de 2026. En aquellos casos, las grabaciones de testigos fueron cruciales para cuestionar la versión oficial de los hechos .
El debate: seguridad versus transparencia
Los argumentos a favor indican que los defensores de la expansión, encabezados por Ingoglia y respaldados por figuras como la senadora federal Ashley Moody—quien ha propuesto incluso una versión nacional de la ley HALO—sostienen que la medida es una cuestión de seguridad. Argumentan que los agentes necesitan un perímetro de seguridad para operar sin distracciones y protegerse de posibles amenazas o actos de acoso .
El argumento se enmarca además en un contexto de cooperación intensificada entre Florida y las autoridades federales. Desde abril de 2025, el estado opera bajo «Operation Tidal Wave» descrito por el gobernador Ron DeSantis como «la operación conjunta de aplicación de inmigración más grande en la historia de ICE», que hasta enero de 2026 había resultado en más de 10,400 arrestos de personas en situación migratoria irregular.
Pero existen preocupaciones constitucionales en la vereda opuesta, organizaciones de derechos civiles y expertos legales han alzado la voz. James K. Green, expresidente y director legal de la filial floridana de la ACLU (American Civil Liberties Union), cuestionó la verdadera motivación de la ley: «Una regla general sobre 25 pies plantea interrogantes sobre si esto es genuinamente sobre la seguridad de los oficiales, o si su intención real es reducir la supervisión pública».
La preocupación central radica en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La jurisprudencia del 11º Circuito de Apelaciones, que tiene jurisdicción sobre Florida, ha sostenido que los individuos tienen «un derecho de la Primera Enmienda, sujeto a restricciones razonables de tiempo, lugar y manera, a fotografiar o grabar en video la conducta policial» y a «registrar asuntos de interés público». El abogado penalista Matt Landsman señaló que, si bien Florida ya cuenta con leyes que penalizan la interferencia con la policía, la ley HALO crea un área gris: «Empuja el equilibrio hacia más claridad en términos de cuáles son los poderes de la policía bajo las circunstancias. Sin embargo, lo vuelve más turbio desde la perspectiva del ciudadano en cuanto a dónde terminan mis derechos» .
El resultado de estas implicaciones prácticas para los ciudadanos si esta expansión se aprueba, los floridanos que presencien un operativo de ICE se encontrarían en una situación legalmente compleja. Según las pautas actuales de la ACLU, los ciudadanos aún pueden grabar legalmente a las fuerzas del orden en espacios públicos siempre que:
1. Tengan derecho a estar en el área
2. No interfieran con la actividad policial
3. Se alejen inmediatamente 25 pies si se les solicita.
(Mas claro imposible, como en la alemania nazi)
Sin embargo, el temor de los críticos es que la mera existencia de la ley tenga un efecto disuasorio, impidiendo que haya testigos presenciales de potenciales abusos. El caso de Melbi Morales en North Palm Beach, arrestado el 24 de enero de 2026 por acercarse a cuestionar la detención de su primo por parte de agentes de inmigración, ejemplifica cómo ya se está aplicando la ley existente en contextos migratorios.
Se espera una respuesta legislativa paralela en contrapunto a la iniciativa republicana, legisladores demócratas estatales han introducido el «Visible Act» (SB 316 / HB 419). Esta propuesta de ley requeriría que todos los oficiales de policía muestren una identificación clara y visible durante operaciones migratorias públicas. Sus patrocinadores, los representantes Carlos Guillermo Smith y Angie Nixon, argumentan que la medida es necesaria ante incidentes de secuestro, robo o extorsión cometidos por individuos que se hacen pasar por agentes de ICE .
«Las fuerzas policiales secretas pertenecen a los libros de historia, no a las calles de Florida», declaró Nixon al presentar la iniciativa, que también busca crear zonas seguras alrededor de escuelas e iglesias .
Ante la propuesta de expandir la ley «HALO» para proteger a los agentes de ICE en Florida, los demócratas han desplegado una estrategia de doble vía: a nivel federal buscan recortar fondos y exigir reformas, mientras que en el estado intentan frenar la iniciativa y proponer leyes de transparencia.
A Nivel Federal se trata de recorta o abolir el presupuesto de ICE y crear reformas en el Congreso de Estados Unidos, la presión demócrata se ha centrado en usar el poder de su voto para condicionar el financiamiento y exigir cambios estructurales en el ICE.
· Bloqueo y Reducción de Fondos: El congresista Ro Khanna (California) lidera un esfuerzo para bloquear los fondos destinados a ICE. Argumentan que el presupuesto de la agencia se ha inflado y que los recursos no deben destinarse a una entidad que, según denuncian, comete abusos contra derechos humanos . La estrategia busca negar los recursos que permitirían la expansión de operativos y, por ende, la aplicación de leyes como la «HALO» a nivel federal.
· Exigencias de Reforma: Los demócratas han puesto sobre la mesa condiciones claras para apoyar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sus principales demandas incluyen :
· Uso de cámaras corporales obligatorias para todos los agentes de ICE.
· Prohibición de que los agentes usen máscaras durante los operativos.
· Exigencia de que los agentes cuenten con órdenes judiciales para realizar arrestos.
· Proyectos para Desmantelar ICE: La propuesta más radical proviene de la congresista Delia Ramírez (Illinois), quien presentó el proyecto «Melt ICE Act» (Ley para Desmantelar ICE). Esta iniciativa busca eliminar por completo la agencia y redirigir sus fondos hacia programas comunitarios . En la misma línea, Khanna propone reemplazar a ICE por una nueva agencia que dependa del Departamento de Justicia, argumentando que el modelo actual es fallido .
· Creación de un Canal de Denuncias: Los demócratas del Comité de Vigilancia del Congreso lanzaron un sitio web llamado ‘ICE Dashboard’. Esta plataforma busca documentar presuntos abusos de la agencia y sirve como un canal para que los ciudadanos denuncien violaciones a sus derechos humanos, creando así un registro público de incidentes .
A Nivel Estatal (Florida): La oposición pretenden una contraley que en la legislatura estatal de Florida, los demócratas han pasado a la oposición activa y han presentado alternativas legislativas.
· Cuestionamiento en el Debate: Durante el debate de la ley «HALO» estatal, legisladoras como Angie Nixon (Jacksonville) y Ashley Gantt (Miami) ya habían expresado su preocupación. Nixon defendió el derecho ciudadano a documentar la actividad policial, señalando que «la capacidad de los ciudadanos de documentar y presenciar los acontecimientos a medida que se desarrollan es un aspecto crucial de nuestra sociedad democrática» . Gantt, por su parte, cuestionó la aplicabilidad práctica de la ley, preguntando ¿cómo se medirían los 25 pies?.
· Propuesta del «Visible Act»: Como contrapartida directa a la expansión de la ley «HALO», que los demócratas estatales han introducido en el «Visible Act» (SB 316 / HB 419). Esta propuesta de ley, patrocinada por los representantes Carlos Guillermo Smith y Angie Nixon, requeriría que todos los oficiales de policía muestren una identificación clara y visible durante operaciones migratorias públicas. Su objetivo es prevenir casos de suplantación y abusos de autoridad .
· Apoyo a la Comunidad y Llamados a la Desescalada: Figuras como Mariana Blanco, directora del Guatemalan Maya Center en Florida, han alzado la voz contra la aplicación de la ley. Blanco cuestionó el accionar policial en casos como el arresto de Melbi Morales—un hombre que se acercó a preguntar por la detención de su primo y fue arrestado bajo la ley HALO—señalando que los oficiales necesitan entrenamiento en técnicas de desescalada para no intensificar los conflictos que han llevado al asesinato de de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minnesota.
En este Pulso Político el Futuro de la medida apesar de estos esfuerzos se ve dificil, la batalla es cuesta arriba para los demócratas. Los republicanos cuentan con mayoría en ambas cámaras del Congreso y en la Casa Blanca, y el liderazgo republicano, encabezado por el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, ya ha rechazado la lista de peticiones demócratas .
El senador Dick Durbin, vicepresidente de la minoría demócrata, ha sido claro: no apoyará una prórroga temporal del financiamiento del DHS si no se alcanza un acuerdo que incluya sus demandas, aumentando la presión a medida que se acercan las fechas límite para un acuerdo presupuestario. Pero lo cierto es que tanto republicanos como demócratas han apoyado desde el principio esta intervención de ICE.
Los demócratas están utilizando todas las herramientas a su alcance como el control del presupuesto, la presentación de proyectos de ley alternativos y la presión mediática aunque de manera tan apacible que es pasmoso, para intentar detener o mitigar el avance de medidas que, según advierten, criminalizan la supervisión ciudadana y expanden el poder de una agencia que se busca reformar profundamente por sus tintes ideologicos marcados con la ultraderecha y el mismo accionar de las SS nazis en la Alemania de los 1930s.
“Y con toda esta situacion que sufren nuestros paisanos en el país de la libertad y de las barras y las estrellas, no puedo dejar de mencionar que también existen hondureños dentro y fuera de EE.UU. que han aplaudido la intervención criminal de ICE, y no se llaman John, se llaman Pedro, pero que debido a la falta de conciencia de clase y al empobrecido discernimiento apoyaron la gestion de Donald Trump incluso desde su posidesde económica y de poder en Honduras. A esos “imbéciles con mecate” hay que sugerirles que vean las foto de quienes son los hondureños con quienes salen los senadores republicanos impulsores de ICE y el mismo presidente de los Estados Unidos, para que la próxima vez analicen por quien deben votar”.
El futuro de la medida propuesta de expansión de Ingoglia aún debe pasar por el proceso legislativo. Mientras tanto, Florida continúa siendo un escenario clave en la política migratoria nacional, con fondos estatales fluyendo hacia las agencias locales que colaboran con ICE—solo en el condado de Volusia se entregaron recientemente cheques por más de 1.5 millones de dólares en reembolsos por costos de aplicación migratoria.
El debate en Florida refleja una tensión fundamental en la democracia estadounidense: el equilibrio entre proporcionar seguridad a quienes hacen cumplir la ley y preservar el derecho ciudadano a observar y documentar las acciones de su gobierno. Mientras el país observa, la respuesta a si Florida se convertirá en un lugar donde filmar a un agente federal pueda terminar en arresto—y si eso resistiría un desafío constitucional—aún está por escribirse y como cualquier película “gringa” de horror esperaremos las próximas secuelas.
