El abogado constitucionalista Joaquín Mejía explicó que la fiscalía debe castigar por traición a la patria a los diputados y magistrados de la Sala de lo Constitucional que avalaron reformas a la constitución
Además, el Congreso Nacional tiene la facultad de ordenar la incautación de los bienes de los responsables, y la Procuraduría General de la República (PGR) debe interponer una acción de repetición en caso que Honduras sea demandado internacionalmente debido a este fallo
Tegucigalpa, Honduras. – Por el delito de traición a la patria, se pide que sean castigados los diputados y diputadas que en 2013 aprobaron el decreto 120-2013, el cual dio vida a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), once años después, el 20 de septiembre de 2024, este decreto fue declarado inconstitucional por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ).
Los magistrados de la actual Corte declararon inconstitucional tanto el decreto 120-2013, que contiene la Ley Orgánica de las ZEDE, como el decreto 236-2012, que reforma los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República.
Este fallo se argumentó al considerar que dichos artículos vulneraron artículos pétreos de la Constitución de la República, es decir, aquellos que no se pueden modificar, por salvaguardar la soberanía nacional, la forma de gobierno y la integridad territorial.
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DENUNCIA POR TRAICIÓN A LA PATRIA
Una vez que se oficializó el fallo de inconstitucionalidad de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Jaxi Dixón, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra los diputados que aprobaron dicho decreto en enero de 2013, cuando el expresidente Juan Orlando Hernández fungía como presidente del Congreso Nacional (CN).
Jari Dixon Herrera, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Dixón declaró ante los medios de comunicación que el delito por el cual los denuncia es el de traición a la patria, conforme al artículo 555 del Código Penal de Honduras.
Este artículo establece que “el hondureño que ejecuta actos que tiendan directamente a menoscabar la integridad territorial de la república, someterla total o parcialmente al dominio extranjero, comprometer su soberanía o atentar contra la unidad del Estado debe ser castigado con penas de prisión de quince (15) a veinte (20) años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión”.
En este sentido, Dixón expresó que ahora las autoridades del Ministerio Público, lideradas por el fiscal Johel Zelaya, deben solicitar a la Secretaría del Congreso Nacional la lista de diputados que participaron en la sesión de enero de 2013 en la que se aprobó dicho régimen, para ser castigados por la justicia.
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ACCIONES LEGALES TRAS FALLO
Luego de este fallo de inconstitucionalidad, hay tres entes obligados a ejercer acciones de reparación: la fiscalía, el Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR), según explicó el abogado constitucionalista Joaquín Mejía, en entrevista con Criterio.hn
La Fiscalía debe castigar por el delito de traición a la patria, a los diputados que aprobaron las reformas en favor de las ZEDE y a los magistrados de la Sala Constitucional que las avalaron.
“Se reformaron artículos pétreos y se suplantó la soberanía popular, ya que las reformas a artículos pétreos solo pueden ser realizadas por el poder constituyente, es decir, el pueblo hondureño a través de una participación ciudadana”, aseveró Mejía.
Por su parte, el Congreso Nacional puede ordenar la incautación total o parcial de los bienes de quienes cometieron las reformas, sin embargo, aclaró que se requiere una mayoría absoluta de votos. Acción que ve difícil de lograr debido a que el actual congreso aún cuenta con diputados que votaron a favor de las ZEDE.
La PGR, por su parte, debe aplicar la acción de repetición, que es la facultad del Estado para demandar a un funcionario para que reintegre el dinero que se perdió por su acción. Este último en caso de que Honduras sea demandado internacionalmente por dicho fallo.
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PERSECUCIÓN POLÍTICA
Pese a que la mayoría de los hondureños celebra el fallo de la Corte, algunas personas, como Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras (PNH), argumentan que esta decisión podría ser utilizada como una estrategia por parte del partido Libre para llevar a cabo una persecución política.
Versión que fue rotundamente negada por el magistrado Mario Díaz, quien aseguró que el fin de la sentencia es volver a la acción antes que se aprobaran las ZEDE en Honduras.
De su lado, Tomás Zambrano agregó que, así como se determinó el fallo contra las ZEDE, espera que se tomen decisiones similares respecto a leyes como la Amnistía Política y la juramentación de la junta directiva de 2022, a la cual considera ilegal.
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ILEGALIDAD
Durante los 11 años que estuvieron en vigencia las ZEDE se denunció la ilegalidad de los proyectos, sobre todo porque, según lo manifestó el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en su momento, se creaba un Estado dentro de otro Estado.
Esto se debía a la independencia tributaria y fiscal que implicaban, lo cual, en síntesis, significaba la venta del territorio en pedazos.
Ante ello y como promesa de campaña, en abril de 2022, la presidenta Xiomara Castro sancionó un decreto para derogar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Este decreto fue aprobado por 128 congresistas, superando así la mayoría calificada necesaria, sin embargo, para que esta derogación tuviera efecto, debía ser ratificada en la siguiente legislatura de 2023, pero la ratificación no llevó a cabo.
Otro intento de detener las ZEDE lo realizó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que presentó en 2021 un recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE por infringir artículos relacionados con la educación. Este recurso fue declarado con lugar en agosto de 2024.
