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El expresidente Elías Antonio «Tony» Saca se reacomodó en el banquillo de los acusados. Se cruzó de brazos. Frunció el ceño y soltó una breve risa para mostrarse sorprendido ante lo que estaba diciendo el fiscal Mario Huezo: que una de las razones por las que la jueza Cuarta de Paz, Nelly Pozas, no debería otorgar libertad condicional es porque podría huir de la justicia hacia Dubái, República Dominicana o Costa Rica, donde supuestamente tiene cuentas que abrió con dinero en efectivo que llevó escondido en maletas y que no fue detectado en los aeropuertos porque viajó con los privilegios de un funcionario público.
“En el registro de viajes aparece que el expresidente Saca viajó a Dubái y a República Dominicana, donde presumimos que tiene cuentas. En Costa Rica también hubo compra de inmuebles. Hay presunción de que viajaba con maletas en las que llevaba el dinero en efectivo y que no fueron revisadas por su calidad de funcionario”, dijo el fiscal Huezo en la audiencia inicial.
Al final del primer día de la audiencia, el fiscal fue consultado por este periódico sobre la cantidad de dinero que presumen que sacó el expresidente, pero se limitó a decir: “No hemos planteado eso, sino que hemos planteado por qué debería quedar detenido: porque existe la posibilidad de que evada la justicia, se vaya del país con el dinero que tiene”, respondió.
La Fiscalía General de la República (FGR) , además de solicitar cárcel para Saca, pidió que todas sus cuentas, las de Élmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera sean embargadas mientras el proceso judicial avanza a la siguiente fase. Los fiscales del caso explicaron que todo el dinero que los imputados desviaron o cobraron de la cuenta subsidiaria especial del fondo público ha sido utilizado para empresas de Saca y para aumentar el patrimonio de los otros seis imputados en el caso.
Ofrecen sus pasaportes
Los abogados defensores, por su parte, solicitaron a la jueza que imponga a los imputados medidas sustitutivas a prisión y argumentaron que tienen suficientes elementos de arraigo para demostrar que no tienen intención de evadir la justicia. Entre los elementos de arraigo, según explicó el abogado de Saca, Mario Machado, está que los imputados no pueden dejar abandonadas sus empresas ni a sus familias. El abogado también entregó los pasaportes de los imputados a la jueza para demostrar que no viajarán mientras dure el proceso judicial.
“Ellos se han sometido al proceso. Son los más interesados en que todo esto se aclare. Charlaix incluso se entregó en muestra de que está dispuesto a someterse y no a huir. Por eso solicitamos medidas sustitutivas. Incluso entre esas medidas puede ser fianzas o llegar cada semana a firmar. Además, hay que recordar que la sala declaró inconstitucional el hacinamiento en las bartolinas, y si permanecen en bartolinas podrían sufrir algún tipo de padecimiento”, dijo Machado.
El defensor también pidió a la jueza que no embargue las cuentas del expresidente Saca, ya que de esas cuentas depende el salario de los más de 300 empleados de sus empresas.
Según Machado, todo el dinero sirvió para pagar a los empleados del Organismo de Inteligencia del Estado y no fue a parar en las cuentas de los siete involucrados en el caso, como lo ha planteado la Fiscalía. “Yo les garantizo que ese dinero terminó en muchas actividades del Estado y en actividades que tienen nivel de reservadas. Lo que puedo decir es que parte de ese dinero pagó el funcionamiento de la OIE”, dijo el abogado, aunque no explicó cómo incrementó el patrimonio de todos al final de la administración Saca.
El expresidente, a su llegada a los tribunales, se limitó a decir: “Me declaro inocente. Vengo con todo lo necesario para demostrarlo”. La audiencia continuará hoy.
(Tomando de La Prensa Gráfica)
