Las listas al Parlacen incluyen figuras con procesos judiciales, denuncias del CNA y expedientes pendientes, reavivando el debate sobre el uso político del organismo regional
Tegucigalpa, Honduras. –El próximo 30 de noviembre de 2025, las y los hondureños acudirán nuevamente a las urnas para elegir a quien ocupará la Presidencia de la República durante el periodo 2026-2030, así como a 128 congresistas, 298 corporaciones municipales y los 20 representantes del país ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Aunque históricamente la elección de los diputados al Parlacen pasa desapercibida para buena parte del electorado, en esta ocasión varios nombres de peso político figuran en las nóminas de los tres principales partidos en contienda.
Desde el Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional y Partido Liberal, figuran rostros conocidos de la política hondureña intentan asegurar un escaño en el ente regional, cuya relevancia ha sido cuestionada por su rol en casos de figuras investigadas por corrupción.
SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN LIDERAN LA APUESTA NACIONALISTA RUMBO AL PARLACEN
En el caso del Partido Nacional, la lista está dominada por políticos con larga trayectoria, algunos con investigaciones por corrupción y otros mencionados en informes del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). Entre ellos destacan la actual diputada por el departamento de La Paz, Gladis Aurora López Calderón; Miguel Edgardo Martínez Pineda, Rolando Dubón Bueso; el exministro de la extinta Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich y Juan Carlos Valenzuela Molina.
Según el Ministerio Público, los recursos estaban destinados a un proyecto de electrificación social en Opatoro, La Paz, pero habrían terminado financiando obras privadas en San Pedro Sula. La diputada enfrenta el proceso en libertad, bajo medidas cautelares.
Además del caso vigente, López aparece en informes de organizaciones como Global Witness, que la vinculan a concesiones hidroeléctricas y posibles conflictos de interés junto a su esposo. También ha sido mencionada en investigaciones anticorrupción impulsadas por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH).
Su posible llegada al Parlacen reavivaría las críticas sobre el uso de este organismo regional como refugio político para figuras con procesos pendientes.
Otro aspirante nacionalista es el exdiputado Miguel Edgardo Martínez Pineda, quien fue vinculado a investigaciones de alto perfil, como el caso “Pandora”. Si bien no hay una condena ni requerimiento reciente en su contra, su figura ha sido asociada con episodios del pasado que requieren verificación judicial.
En la lista también figura Rolando Dubón Bueso, quien fue diputado del Congreso Nacional durante cinco períodos, fue mencionado en 2018 por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en una denuncia sobre supuestas sobrevaloraciones en la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud (Sesal).
En aquel momento, Dubón Bueso calificó los señalamientos como una disputa política entre el CNA y el Ministerio Público, y aseguró que nunca ha robado al Estado. Sin embargo, el CNA sostuvo que el caso formaba parte de una red de irregularidades que drenó millones de las finanzas públicas.
Otro de los candidatos nacionalistas es Juan Carlos Valenzuela Molina, repitiendo una candidatura en el Parlacen, quien fue incluido por el Ministerio Público en el caso llamado Arca Abierta, por el delito de malversación de caudales públicos. Pese a la acusación de la fiscalía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo favoreció con un sobreseimiento provisional.
En el mismo expediente figuran otros 13 congresistas y excongresistas que supuestamente habrían participado en el desvío de fondos estatales mediante la organización no gubernamental Asociación Planeta Verde, según registros del MP.
La planilla nacionalista se completa con Roberto Antonio Ordoñez Wolfovich, exministro de la desaparecida INSEP. En 2023 el Ministerio Público presentó una línea de investigación por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad.
De interés: Liderazgos liberales de Olancho rechazan imposición de Jorge Cálix como candidato a diputado
En contraste, el Partido Libertad y Refundación (Libre) incluyó en su nómina a periodistas, dirigentes de base y funcionarios actuales.
El periodista y exdiputado Rony Jonathan Martínez Chávez lidera el listado. Su paso por el Congreso fue marcado por una agenda mediática. Hoy ha gozado de varios contratos con diferentes instituciones estatales.
Lo acompañan el diputado suplente Mario Hernán Sorto Deras; el dirigente de los colectivos del Partido Libre y el actual director del Fondo de Solidaridad y Vivienda (Fosovi), Gilberto Ríos Munguía.
Por su parte, el Partido Liberal inscribe como uno de sus candidatos al exalcalde y exregidor de Namasigüe, Douglas Orestes D’Vicente Jarquín, un político conocido en el sur del país.
Antecedentes públicos indican que el CNA documentó un episodio en el que D’Vicente habría intimidado al personal encargado de un inventario municipal, según denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
Los partidos políticos han defendido la inclusión de estas figuras señalando que cuentan con trayectoria, experiencia y respaldo territorial, argumentos que contrastan con la creciente percepción ciudadana sobre el Parlacen como un espacio de protección para políticos investigados.
Mientras avanza la campaña, la presencia de candidatos con procesos judiciales, denuncias previas o señalamientos administrativos coloca nuevamente bajo escrutinio el rol del Parlacen y su impacto en la lucha contra la corrupción en Honduras.
Lo cierto es que, más allá de los colores políticos, la elección del 30 de noviembre definirá no solo el rumbo del país, sino también quiénes representarán a Honduras en un organismo que hoy carga con el desafío de recuperar credibilidad y demostrar su utilidad para la ciudadanía.
