También demandaron castigo para los crímenes contra las féminas
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Un considerable número de mujeres aglutinadas en 25 plataformas feministas, reclamaron este miércoles en las calles de Tegucigalpa justicia para Berta Cáceres, la lideresa indígena y ambientalista asesinada el 2 de marzo del 2016.
Las mujeres iniciaron su protesta en el campo de pelota Lempira Reina de donde partieron hacia la Corte Suprema de Justicia. En su recorrido, de al menos 1.5 kilómetros, gritaron consignas en contra del vil asesinato de Cáceres y en repudio por las muertes violentas y actos de violencia en contra de las mujeres.
Asimismo demandaron al Ministerio Público— al cual consideraron como un “elefante blanco”—que desengavete los expedientes de las muertes violentas contra mujeres, e hicieron mención de los más de 1,800 denuncias de actos de violencia contra las mujeres, presentadas en esa instancia durante el primer semestre de este año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El Observatorio de la Violencia de la UNAH estableció que en el 2016, 706 mujeres sufrieron muerte violenta. El reporte de esta instancia del primer semestre de este año, presentado el lunes, reportó 190 casos.
“Andamos exigiendo justicia para Berta Cáceres y exigiéndole al presidente Juna Orlando Hernández que no siga mintiendo y que cumpla son sus promesas y que retrocedan en esas decisiones patriarcales que tiene el Código el Penal”, dijo la pastora Ana Ruth García de la organización Mujeres Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
Las mujeres se mantuvieron en un plantón en las afueras del Poder Judicial y luego brindaron una conferencia de prensa.
CASO BERTA CÁCERES
Hasta el momento existen procesos penales contra ocho autores materiales del crimen de Berta Cáceres, no así contra la autoría intelectual, cuya responsabilidad se ha acreditado a altos funcionarios de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con la complicidad de las fuerzas de seguridad y altos funcionarios del Estado hondureño, según el informe presentado el pasado 31 de octubre por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
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