La violencia machista cobra otra vida en Honduras con el asesinato de Angie Nicolle, evidenciando la necesidad urgente de estrategias de seguridad y justicia que protejan a las mujeres del país
Tegucigalpa, Honduras. – Honduras comienza el año 2025 con un trágico recordatorio de la violencia de género que afecta al país, tras el femicidio de Angie Nicolle Rivera Gómez una joven de 20 años en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
El femicidio de Angie Rivera ocurrió el 1 de enero manos de su pareja. Este crimen, marca el inicio de un año que podría ser violento para las mujeres de tomarse estrategias en materia de seguridad.
Roger Hernán Gómez, padre de Rivera relató a medios de comunicación cómo encontraron a la joven. “Mis hijos llegaron a su casa y él decía que ella había salido, pero la tenía debajo la cama».
Además, detalló que Angie tenia una hija de cuatro años con quien le causó la muerte, identificado como José Medardo Galeano de 26 años. El padre de Rivera Gómez refirió que su hija era victima de violencia.
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LA INDEFENSIÓN DE LAS MUJERES ANTE LA VIOLENCIA
La violencia contra las mujeres en Honduras continúa siendo un problema crítico que exige atención urgente y efectiva. Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», ha expresado su preocupación por la falta de decisiones y políticas públicas que permitan prevenir esta violencia.
De acuerdo con Alvarado, «ni medianamente estamos haciendo la atención» necesaria, lo que deja a las mujeres en una situación de «total indefensión» al momento de buscar justicia. Alvarado destaca que muchas mujeres que acuden a las instituciones para denunciar situaciones de violencia se enfrentan a un sistema que a menudo las revictimiza.
Esto se debe a que los operadores de justicia, en su mayoría, carecen de la formación adecuada para abordar las complejidades de la violencia de género. «Tienen prejuicios machistas y ni siquiera tienen idea de cómo abordar a una mujer que sufre violencias», señala.
Esta falta de sensibilidad y comprensión en el sistema judicial contribuye a perpetuar la impunidad, ya que el 95% de los femicidios en el país quedan sin castigo.
Además, advirtió que la falta de acción por parte del Estado no solo pone en riesgo la vida de las mujeres, sino que también refleja una falla en su función de prevención.
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IMPUNIDAD Y FALTA DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Cristina Alvarado, defensora de los derechos de la mujer, expresó su preocupación por la situación de la violencia de género en Honduras, señalando que tanto el Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia «dejan mucho que desear».
En sus declaraciones, Alvarado destacó que el país recibe más de 60,000 denuncias al año por diversos delitos, pero apenas 2,700 a 2,800 de estos casos se resuelven y otro porcentaje menor se judicializan.
Esto deja un saldo alarmante de más de 50,000 denuncias sin respuesta adecuada, lo que contribuye a un clima de impunidad. Alvarado enfatizó que esta impunidad se convierte en una forma adicional de violencia contra las mujeres, convirtiendo al Estado hondureño en un «Estado femicida» y cómplice en la perpetuación de la violencia. «La impunidad convierte al Estado en un cómplice para que las mujeres sigan viviendo violencia en el país», afirmó.
La feminista también cuestionó la falta de un enfoque de género en las estrategias de seguridad y en el sistema judicial, lo que limita la efectividad en la atención a las víctimas.
A pesar de que se han implementado iniciativas como la línea 114 para denuncias y anunciado un proyecto piloto denominado «justicia efectiva» en los Juzgados de Violencia, Alvarado cuestionó su implementación y eficacia. «Queremos validar que la institucionalidad responda a las demandas de las mujeres», dijo, añadiendo que muchas víctimas abandonan sus casos por miedo y falta de acceso a justicia.
Alvarado también mencionó propuestas legislativas como la Ley Alerta Morada, la Ley de Casa Refugios y la Ley Integral contra la Violencia, instando a las y los diputados a aprobar estas iniciativas de ley para abordar efectivamente la crisis de violencia contra las mujeres.
