Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Catorce organizaciones de sociedad civil demandaron hoy al juez natural que conoce la causa del llamado caso “fe de erratas” que emita un fallo apegado al ordenamiento jurídico, que permita conocer la verdad real de los hechos y se le dé continuidad al proceso penal que se ha iniciado contra los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda.
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El juez natural, magistrado Rafael Bustillo, emitirá el fallo mañana viernes y en virtud de la poca confianza en el sistema judicial, es que las organizaciones de sociedad civil se han unido y están haciendo la demanda.
La UFECIC con acompañamiento de la MACCIH, imputó a los diputados la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
Durante la audiencia de imputado, el juez natural resolvió que los encausados se podrán defender en libertad, sin suspensión de sus funciones y les impuso las medidas cautelares de firmar semanalmente el libro de control en la secretaría de la CSJ, así como la prohibición de salir del país.
Mediante un comunicado conjunto las organizaciones expresan que esperan que las autoridades judiciales se apeguen al respeto de la impartición de justicia, actúen con independencia sin presiones políticas y en ningún momento pretendan beneficiar a los corruptos “tal como lo hizo la Sala de lo Constitucional en limitar el accionar de la Unidad Fiscal Contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)
También demandan que la clase política hondureña, en especial los diputados del Congreso Nacional, respeten el Estado de Derecho y la voluntad popular de la ciudadanía hondureña para que realmente se combata a la corrupción e impunidad.
Finalmente que la UFECIC, la MACCIH, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras organizaciones de sociedad civil continúen realizando labores de lucha contra la corrupción, la cual debe ser acompañada por la cooperación internacional y la ciudadanía hondureña.
El comunicado ha sido suscrito por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Pastoral Social Cáritas Honduras, Sien Comunicaciones, Las Cattrachas, Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Coordinadora Estudiantil Anticorrupción (CEA), Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Comité para la Libertad de Expresión (C-Libre), Servicios Técnicos Legales Económicos (SETELEC).
Relación de hechos
El 18 de enero de 2018, el pleno del Congreso Nacional aprobó reformar la Ley Orgánica del Presupuesto, mediante la adición del artículo 131-A. Dicha reforma le quitó la facultad de investigación penal al Ministerio Público sobre la ejecución de fondos públicos por parte de personas naturales, funcionarios públicos y diputados al Congreso Nacional.
Con la reforma se le ordenó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que realice auditoría e investigación especial al: fondo social, fondo de desarrollo departamental, subsidios, y cualquier otro fondo destinado para la ejecución de proyectos comunitarios o ayudas sociales.
La acción antes detallada para diferentes sectores de la ciudadanía y la MACCIH, constituyó un “pacto de impunidad” para favorecer a los diputados y todas aquellas personas que participen en la ejecución y transferencia de fondos públicos.
Este pacto implica que no se pueden iniciar acciones de índole penal, civil o administrativa, en tanto el TSC no realice la auditoría de fondos públicos y hasta que la auditoría e investigación especial quede firme, principal argumento expresado por la jueza Alma Guzmán, el 24 de enero, para absolver de responsabilidad a las primeras cinco personas acusadas por el caso “Red de Diputados”.
Durante la aprobación de este decreto, se dieron varias ilegalidades de índole constitucional y penal: se dispensaron dos debates, no se dio copia del dictamen a los diputados, no se leyeron algunos artículos torales y durante la lectura que iba realizando el diputado Román Villeda Aguilar en su carácter de prosecretario, se apoyaba en documentos diferentes al dictamen original, tal como se puede observar en el vídeo de la transmisión de la sesión.
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Posteriormente, en fecha 26 de enero de 2018, los diputados involucrados buscaron subsanar la ilegalidad que se había realizado, mediante la publicación de una fe de erratas, haciendo creer que la aprobación del “pacto de impunidad” fue un simple error y no un acto premeditado que tuvo consecuencias jurídicas. Dicha fe de erratas, con la cual se pretendió modificar el texto de la ley, sigue conteniendo modificaciones al proyecto presentado en el pleno, y la misma se realizó sin las consultas correspondientes al órgano legislativo. Debido a esto, la UFECIC con acompañamiento de la MACCIH, imputó la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno, contra los diputados José Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar.
3 respuestas
Muy bien hecho! Basta de burlarse de la justicia y de todos los hondureños que respetamos la Ley , y que deseamos un País democrático!
Coman mierda ratas estiercoleras cachirecas
Muy bien hecho ? ya basta de tanta impunidad.