Familia Kimberly Dayana Fonseca asesinada en las protestas de Honduras clama justicia

Por: Sarah Blaskey Y Jeff Abbott/ElNuevoHerald

En muchos sentidos, Kimberly Dayana Fonseca era como cualquier otra muchacha de 19 años. Su familia la describe como la más inteligente de los seis hermanos; una chica rebelde pero a la vez dulce y muy cercana a su padre. A Kimberly le gustaba bailar, y soñaba con vivir y estudiar algún día en el extranjero, quizás en España. Pero un día, su vida quedó tronchada.

El 1º de diciembre, cuando la Policía Militar Hondureña puso en vigor la primera noche de un toque de queda en medio de las protestas por todo el país debido a las elecciones presidenciales el 26 de noviembre, Fonseca salió a la calle y se acercó adonde varias docenas de jóvenes protestaban contra el presidente de la república. Según dijeron testigos, una bala de un fusil —que presuntamente disparó un miembro de las fuerzas de seguridad desplegadas para reprimir las manifestaciones— alcanzó a Fonseca en la frente, le explotó el cráneo y la mató instantáneamente.

“Se convirtió en otro mártir”, dijo Alejandra Martínez, uno de los líderes del movimiento juvenil conocido como “Los Indignados”, que también había salido a protestar esa noche. “No queremos más mártires en Honduras. Lo que queremos es el derecho a que se respete la vida”.

La muerte de Fonseca es una de las 30 víctimas fatales cuya culpa recae en las fuerzas de seguridad que se enfrentan a las protestas en Honduras desde noviembre, de acuerdo con un reporte del Comité para los Familiares de los Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una organización independiente que se fundó en los años 80. La mayoría de las muertes han ocurrido a manos de la Policía Militar, una fuerza de seguridad que ha sido acusada infinidad de veces de abusos de los derechos humanos.

Más del 90 por ciento de los crímenes violentos en Honduras no va a juicio, dijo la COFADEH. En la actualidad, la familia de Fonseca se preocupa de que no se haga justicia en su caso, ni en otros que tienen que ver con las fuerzas de seguridad.

Las demostraciones en contra de la corrupción se han desatado por todo Honduras días después de las polémicas elecciones presidenciales, cuando el actual presidente, Juan Orlando Hernández, superó lo que funcionarios de las elecciones habían calificado previamente como una “ventaja irreversible” por parte de su rival, Salvador Nasralla, del partido de la oposición, la Alianza Contra la Dictadura.

La Embajada de Estados Unidos reconoció como legítimos los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidieron ir a una segunda vuelta luego de documentar muchas irregularidades y evidencias de fraude electrónico.

Algunas de las más grandes demostraciones contra el presunto fraude tuvieron lugar en Villanueva, el barrio donde vivía Fonseca, un área pobre localizada en la falda de una montaña en las afueras de Tegucigalpa, la capital del país. Varias docenas de manifestantes ocuparon la calle principal, a más o menos media milla de la casa de la familia Fonseca el día que mataron a Kimberly. Quemaron neumáticos para bloquear el tráfico, corearon consignas en contra del gobierno, esgrimieron pancartas y banderas y encendieron cohetes, dijeron testigos.

La Policía Nacional trató de razonar con quienes protestaban, en un inicio permitiéndoles llevar a cabo su demostración, según dijo Martínez. Pero a alrededor de las 7 p.m., entró en acción la Policía Militar con garrotes y gases lacrímogenos para tratar de dispersar la manifestación. La mayoría de los manifestantes huyeron para ponerse a salvo de los gases, dijo Martínez, pero unos cuantos no se movieron.

Después de los gases lacrímogenos, la Policía Militar comenzó a disparar contra la muchedumbre, dijo Martínez. Carlos Fonseca, padre de Kimberly Fonseca, tenía una vista perfecta de lo que estaba ocurriendo desde la sala de su casa. Fonseca dijo que en algún momento después de las 7 p.m., las balas comenzaron a llover contra su cerca.

“Parecía una guerra”, dijo. “Los manifestantes no les temían a las balas. Los sacaban de la calle y al rato volvían”.

Al rato, dijo la familia, Kimberly comenzó a preocuparse por su hermano Eduardo, quien pensó estaba entre los que protestaban. Kimberly y una amiga, Kevin Vásquez, salieron a la calle para buscar a Eduardo y llevarlo a la casa. Según Vasquez, ella y Kimberly estaban a favor de los manifestantes, pero pensaban que era muy peligroso participar, de modo que se mantuvieron alejadas de la protesta, aún buscando a Eduardo cuando comenzó el horario del toque de queda.

“Eran cerca de las 11 de la noche, y tratábamos de encontrarlo, cuando de repente la Policía Militar llegó de la nada y empezó a tirar”, le dijo Vásquez al Miami Herald. “Todo el mundo empezó a correr, pero Kimberly corrió en la otra dirección y fue entonces cuando le dieron el balazo”.

Kimberly Fonseca ya estaba muerta cuando Vásquez llegó a su lado. “Es el peor momento de mi vida”, dijo.

Desde la casa de Fonseca, la hermana mayor, Luysa, y su padre escucharon el disparo del fusil y los gritos.

“Escuchamos los gritos de que la habían matado”, dijo Luysa. “Le dije a mi papá que llamara a Kimberly por teléfono, pero la llamamos y llamamos y nunca respondió”.

Aterrada, Luysa Fonseca salió descalza corriendo de la casa. Cuando llegó a la calle principal, nadie podía mirarla de frente. Varias personas le señalaron el lugar donde yacía su hermana, cerca del puente de peatones, sin respirar, pero con los ojos aún abiertos. Una mancha de sangre oscura le cubría la cabeza y el torso.

“Cuando la vi tirada en el suelo en aquel charco de sangre, me desmayé”, dijo Luysa Fonseca. Tras recobrar el conocimiento, se acercó corriendo a su hermana. “Cuando la sujeté, noté que tenía un agujero enorme en la parte de atrás de la cabeza”.

Antes de que la familia pudiera mover el cuerpo sin vida de Kimberly, llegó un camión lleno de efectivos de la Policía Militar y disparó hacia el lugar donde estaban, para obligarlos a despejar la calle. Horas más tarde, el cadáver fue recogido por un equipo de Medicina Forense.

Aunque la Policía Militar es quien está más implicada en las muertes de los manifestantes, observadores de la COFADEH también atribuyen la brutal violencia con que se reprimen las protestas a la Policía Nacional y al Ejército.

La Ley Leahy, una enmienda de 2008 a la Ley de Asistencia Extranjera, que redactó y patrocinó el senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, prohíbe la ayuda norteamericana a cualquier fuerza extranjera de seguridad que se vea envuelta en graves abusos de derechos humanos.

“Este caso, así como otros de manifestantes que hayan sido asesinados o heridos, debería ser minuciosamente investigado”, dijo Leahy en un correo electrónico. “Es responsabilidad del gobierno de Honduras. Por otra parte, las unidades de la policía que le hayan disparado a manifestantes desarmados deberían ser inelegibles para cualquier tipo de ayuda nuestra bajo la Ley Leahy”.

Casi dos semanas después de la muerte de Kimberly Fonseca, su padre recibió una extraña llamada telefónica de un hombre que dijo llamar de parte de la Embajada de Estados Unidos y que solo se identificó como Manuel, sin decir el apellido. “Estamos llamando con referencia al caso de Kimberly Fonseca”, le dijo Manuel a Carlos Fonseca. “Estamos trabajando en un proyecto para ayudar a las familias”.

Era el 13 de diciembre por la mañana, y Manuel le dijo a Fonseca que quería ofrecerle a la familia becas para los otros hijos, así como materiales para la construcción de la casa, hecha precariamente de planchas de metal y de madera. Cuando Fonseca preguntó qué quería a cambio, Manuel respondió: “Los casquillos de las balas”.

Inmediatamente después del ataque a tiros contra la multitud, la familia y amigos de Kimberly Fonseca se encargaron de recoger docenas de casquillos de fusil que habían quedado desperdigados por la calle para usarlos como evidencia potencial y de este modo poder conectar a la Policía Militar con la muerte de la joven.

“Si no hay pruebas, pueden decir que no pasó nada”, dijo Carlos Fonseca. La Oficina de la Fiscalía ya trató de culpar la muerte de Kimberly a una lata de gas lacrímogeno.

Cuando Fonseca llegó al sitio que le dijeron tendría lugar la reunión con Manuel, lo encontró recostado contra una camioneta Toyota que tenía placas privadas, no las placas diplomáticas que utiliza la embajada norteamericana. El tal Manuel no le mostró a Fonseca ninguna identificación que demostrara que tenía algo que ver con la embajada. Estaba vestido con una camiseta polo de color azul con rayas blancas y una chaqueta negra. Otro hombre con gafas oscuras esperaba en una camioneta de color gris.

“Creo que eran de la policía hondureña”, dijo nerviosamente Carlos Fonseca después de la reunión, que presenciaron un reportero y un fotógrafo. Fonseca no le entregó a Manuel los casquillos.

Carlos Fonseca dijo que al día siguiente estaba manejando su auto cuando la camioneta gris de Manuel comenzó a seguirlo muy de cerca. Poco después, Fonseca estacionó y se fue del área a pie. Esa tarde, le entregó los casquillos a la Oficina de la Fiscalía.

Durante tres semanas, el Miami Herald trató de obtener documentos sobre el caso de Kimberly Fonseca de la persona que se encarga de la investigación, Luis Cardona, de la Unidad Especial de la Oficina de la Fiscalía dedicada a investigar los delitos de la la Policía Militar. El portavoz de Cardona debía entregar el reporte de la autopsia, pero hasta el momento no ha respondido las llamadas que se le han hecho.

“No tengo confianza en la forma en que la Oficina de la Fiscalía está manejando el caso”, dijo Brenda Cruz, abogada de la familia, quien luego agregó que todavía no ha recibido el reporte de la autopsia, a pesar del derecho legal de la familia a tener una copia.

En enero de 2017, las Naciones Unidas fustigó a la Oficina de la Fiscalía por no cumplir con su investigación en un caso similar.

“No creo que veremos justicia para Kimberly Fonseca”, dijo su amiga Vásquez. “Hay muchos casos parecidos y no ha ocurrido nada”.