El Congreso Nacional aún tiene tareas pendientes en cuanto a reformas legales necesarias para la instalación de la CICIH en el país
Tegucigalpa, Honduras.- La falta de avances en materia legal por parte del Congreso Nacional está retrasando la llegada al país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), mientras que el Gobierno maneja con opacidad las negociaciones.
En 2023, el grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) efectuó tres visitas al país, proporcionando al Gobierno un diagnóstico de hallazgos y condiciones mínimas legales para instalar el mecanismo en el país, en el marco del memorando de entendimiento suscrito entre ambas partes el 15 de diciembre de 2022.
Sin embargo, el diagnóstico continúa sin ser público. La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, manifestó que, por parte del Gobierno, deben existir mayores señales de avanzar hacia la suscripción de un convenio que dé vida a una eventual CICIH.
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«La ONU necesita una salida de seguridad naturalmente antes de seguir adelante con el proceso», declaró a medios de comunicación la funcionaria de Naciones Unidas.
Shackelford agregó que la ONU está a la espera de que el Gobierno actualice los acuerdos alcanzados en torno al borrador del convenio y los hallazgos legales identificados por el equipo de expertos.
«La ONU ha sido clara respecto a los elementos de los hallazgos legales, los cuales han sido discutidos en varias ocasiones con el Gobierno de Honduras y los representantes de los demás órganos del Estado», manifestó Shackelford.
OPACIDAD
A consideración del investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía Rivera, la falta de publicidad que ha existido respecto al diagnóstico, por parte del Gobierno, es preocupante.
«Lo preocupante es que hasta el momento el gobierno ha manejado ese diagnóstico con opacidad. Me parece lamentable que la sociedad hondureña no conozca ese diagnóstico», declaró Mejía Rivera.
REFORMAS PENDIENTES
Dentro del diagnóstico que realizó el grupo de expertos de la ONU, según el Frente Parlamentario de Apoyo a la CICIH, figuran reformas legales como la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación del decreto 117-2019.
La primera normativa tendrá como objetivo regular las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios que el Estado establecerá a personas que brinden información y evidencia para la eficacia de la investigación penal.
Sin embargo, su dictamen está engavetado desde finales de 2022, por falta de discusión en su tercer y último debate.
Por su parte, el decreto 117-2019 es controvertido debido a su otorgamiento de inmunidad a los diputados, quienes consideran su función legislativa como «inviolable e indelegable».
La derogación de este decreto permitiría establecer la responsabilidad legal de los congresistas por las leyes que aprueben o deroguen. En caso de que un órgano jurisdiccional determine que dichas leyes han causado perjuicio al Estado hondureño, los legisladores podrían ser legalmente responsabilizados.
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En 2023, el Congreso Nacional avanzó en la derogación del decreto 116-2019, que obligaba al Ministerio Público a depender del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como único ente del Estado que podía determinar indicios de responsabilidad penal por parte de funcionarios o diputados.
También se derogó el decreto 57-2020, que restringía al Ministerio Público el inmediato secuestro de documentos y objetos relacionados en investigaciones o persecuciones del delito, como carga probatoria, y lo obligaba a someterse a las decisiones de los jueces.
Asimismo, el decreto 93-2021, que contenía la reforma de varios artículos del Código Penal en lo concerniente al delito de lavado de activos, y que habían permitido controvertidos sobreseimientos.
A pesar de las tareas pendientes que tienen los legisladores, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, responsabilizó a la ONU de los retrasos. «Las condiciones que nos están poniendo son las que atrasan que se firme el acuerdo. Cuando el convenio vaya a ser ratificado por el Congreso, entonces, el Legislativo hará lo que corresponde», dijo Zelaya Rosales.
La ratificación del convenio que suscriba el Gobierno y la ONU requerirá de 65 votos del Congreso Nacional.
Actualmente, la ONU y el Gobierno mantienen sus negociaciones en torno a la propuesta de borrador de convenio que entregó la presidenta Xiomara Castro al secretario general de la ONU, António Guterres, durante septiembre de 2023.
