La comisión de la verdad para el Bajo Aguán sigue pendiente mientras la violencia paramilitar se mantiene y la institucionalidad permaneces débil
Tegucigalpa, Honduras. – Veintiséis organizaciones de Europa y América Latina emplazaron esta semana en una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro a pasar del discurso a la acción, y tomar medidas concretas encaminadas a poner fin a la violencia en el Bajo Aguán.
Además de garantizar la vida de quienes ejercen el derecho a la defensa de la tierra, remarcan la necesidad de desmantelar las estructuras criminales que operan en el fértil valle, levantar el velo de impunidad mediante el esclarecimiento de los crímenes, y la implementación del acuerdo agrario del 22 de febrero de 2022.
“No se han dado avances en las acciones concretas para [encontrar una] solución a la conflictividad de la violencia ante el despojo de las tierras y tampoco ha sido efectivo la desarticulación de los grupos armados que han generado zozobra en las comunidades”, expresó George.
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Mencionó que la carta reconoce la existencia de mesas de diálogo durante la administración Castro, pero sin que estos se traduzcan en acciones concretas que aborden la incertidumbre jurídica que enfrentan las familias de las cooperativas y empresas campesinas.
El conflicto en el Valle del Aguán es de larga data, abarcando varias administraciones gubernamentales que, lejos de solventar la problemática, han permitido que esté se exacerbe bajo un manto de impunidad y una institucionalidad débil, que sirve a los intereses de los terratenientes.
¿POR QUÉ NO SE LOGRA CONCRETAR?
Yoni Rivas, portavoz de la Plataforma Agraria, señaló que una expresión de la ausencia de acciones concretas es el retraso en la instalación de la comisión de la verdad, que ya lleva tres años en espera. Apuntó, que, pese a la firma de acuerdo tripartito con Naciones Unidas, desde el Poder Ejecutivo continúa sin publicarse el Acuerdo Ejecutivo que otorga financiamiento que llevaría a la instalación formal de la comisión.
La instalación de una comisión de la verdad para el Bajo Aguán, implicaría la investigación, seguimiento y medidas de reparación por las violaciones a derechos humanos.
Otro ejemplo de la situación, pormenorizo Rivas es el próximo vencimiento de una orden judicial para el desalojo del grupo criminal que desplazó a la Cooperativa Camarones el 24 y 25 de diciembre de 2024, la cual sigue sin ejecutarse. “No entendemos, realmente, el por qué de la falta de disposición para llevar a cabo el cumplimiento de la ley”, comentó Rivas.
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Leonel George señaló que solventar la situación en el Aguán pasa por la apertura del Instituto de la Propiedad y del Instituto Nacional Agrario. El primero para evidenciar ante los Tribunales las irregularidades detrás del despojo, y el segundo garantizando el derecho a la tierra y solventando las solicitudes de las empresas campesinas.
En la misiva firmada por las 26 organizaciones se sostiene que en lo que va de 2025, se reportan once asesinatos, así como un caso de tortura. Recordaron la advertencia en noviembre de 2024 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la presencia de paramilitares en la zona y los riesgos que significaba para campesinos y defensores de derechos.
Criterio.hn conversó el año pasado con la relatora para Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, tras su visita al Bajo Aguán. Esta señaló que la presencia de grupos paramilitares en la zona era una muestra del distanciamiento estatal.
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En esa ocasión, la relatora Pochak manifestó que, si bien existen actas, decretos y avances en materia de voluntad por parte del actual gobierno, aún faltaba la implementación de estos en la zona.
