El Mirón revela que el Instituto Nacional Penitenciario niega datos públicos sobre decomisos de cocaína escudándose en una resolución de reserva que sólo regula temas de seguridad y construcción, sin fundamento legal para ocultar cifras de incautaciones.
Analistas advierten que esta práctica perpetúa la opacidad y dificulta la rendición de cuentas en el sistema penitenciario.
egucigalpa, Honduras. – El Instituto Nacional Penitenciario (INP) justificó negar información sobre incautaciones y decomisos de cocaína dentro de los centros penitenciarios señalando que esos datos estaban bajo “reserva”.
Criterio.hn solicitó al INP, a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho), el número de incautaciones y cantidad en kilogramos decomisados del 1 enero de 2025 a la fecha y especificar los centros penitenciarios en donde se realizaron los decomisos.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
El Instituto Nacional Penitenciario respondió que la información solicitada por Criterio.hn, “se encuentra clasificada como reservada, según Resolución No. SO-669-2023, emitida por el pleno de comisionados del IAIP”.
¿LA RESOLUCIÓN RESPALDA RESERVAR INFORMACIÓN DE INCAUTACIONES DE DROGA?
El INP negó la entrega de la información argumentando que está clasificada como reservada y, como justificación, adjuntó la Resolución No. SO-669-2023 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), relacionada al proceso de clasificación de información reservada.
El Mirón [la sección de verificación de Criterio.hn] analizó la resolución No. SO-669-2023, a la que alude el INP, y encontramos que NO contiene ningún apartado, inciso o fundamento sobre incautaciones de droga, decomisos de cocaína ni cualquier tipo de estupefacientes que limiten conocer la información.
La reserva que contiene dicha resolución corresponde exclusivamente a temas de seguridad penitenciaria —como planos arquitectónicos, detalles técnicos de las instalaciones, esquemas de roles o estrategias de seguridad— que fueron solicitados durante el polémico proceso de construcción del centro penitenciario en Islas del Cisne.
En ninguna parte de esa resolución se refiere a información sobre incautaciones, decomisos o cantidades de droga, por lo que no existe base legal para ocultar estos datos invocando este acuerdo de reserva.
Es decir, la información solicitada por Criterio.hn nunca fue objeto ni de solicitud ni de aprobación para ser clasificada como confidencial, según la resolución remitida.
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OPACIDAD MILITARIZADA
A partir de que la custodia de los centros penitenciarios en Honduras fue delegada a los militares, en junio de 2023, tras la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaria Nacional de Adaptación Social (PNFAS), el INP ha intensificado una práctica de opacidad en el manejo de información pública. Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) refiere que esa respuesta del INP forma parte de una tendencia preocupante.
“Desde las Fuerzas Armadas existe una mala práctica: considerar casi todo asunto vinculado a ellos como secreto de Estado por motivos de seguridad nacional, lo cual no es correcto. La información sobre incautaciones de droga debería ser pública y de hecho ellos mismos la difunden en conferencias de prensa, solo que no tienen ese dato sistematizado,” explica Acevedo.
En noviembre de 2024, El Mirón realizó una verificación sobre la destrucción de armas decomisadas en los centros penales –un mes después de la masacre de las 46— y el INP recurrió nuevamente a la misma resolución para negar el acceso al listado de armas decomisadas y destruidas. Esta negativa persistió pese a las solicitudes dirigidas también a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional.
La falta de respuestas y el uso repetido de argumentos ambiguos fue señalado, en su momento, por Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, quien calificó esta actitud institucional como un esfuerzo deliberado por ocultar la posible relación entre las armas y la violencia que sigue golpeando al país.
Para Nelson Castañeda, director de Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), este tipo de justificaciones son parte de una estrategia institucional que perpetúa la opacidad y dificulta el acceso a información esencial sobre lo que ocurre al interior de los centros penitenciarios, especialmente en el manejo de incautaciones y controles internos.
El especialista recalca que la intervención estatal en el sistema penitenciario surge precisamente ante la ausencia de rendición de cuentas y la existencia de redes de corrupción y autogobiernos que han debilitado el control institucional.
Para Castañeda informar sobre las acciones emprendidas por la junta interventora, particularmente, respecto a las incautaciones de drogas, es fundamental para que la sociedad pueda evaluar realmente el impacto de las medidas implementadas.
Castañeda sostiene que transparentar cifras y lugares de las incautaciones no compromete datos sensibles ni pone en riesgo operativos o identidades, sino que responde a la obligación legal y social de rendir cuentas para que la ciudadanía y organismos puedan reconocer y valorar el verdadero avance en la recuperación del control penitenciario.
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INTERVENCIÓN MILITAR SIN AVANCES
Por otro lado, Javier Acevedo advierte que la falta de sistematización en el manejo de información complica la respuesta oficial, pero señala que lo más cuestionable es que la información sea escondida detrás de resoluciones sin relación, lo que, a su juicio, implica un retroceso en materia de transparencia.
El control de militares sobre los centros penitenciarios muestra escasos avances en transparencia y derechos humanos. Organismos internacionales han recomendado una transición hacia una autoridad civil, pero “en lugar de avanzar, el control militar se intensifica y la opacidad se profundiza”, subraya Acevedo.
Incluso sobre cambios recientes en la dirigencia del INP, Acevedo señala:
“el general Muñoz (Ramiro Muñoz) era más accesible, con la nueva autoridad (general José Miguel Mejía Medina) es más complejo el contacto. La sociedad civil ha notado poco cambio real”, lamenta.
José Miguel Mejía Medina, nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), se desempeñó como gerente administrativo del INP durante la gestión del coronel Rony Javier Portillo, quien asumió la dirección de la institución en junio de 2020. En ese periodo, Mejía Medina estuvo a cargo de funciones clave vinculadas a la administración y manejo financiero de la institución penitenciaria.
El Mirón concluye que la respuesta del INP es improcedente y Falsa. Además, utiliza una resolución de reserva sobre infraestructura y seguridad de la cárcel de las Islas del Cisne —sin ninguna relación con incautaciones de droga— para negar el acceso a información pública de interés social como cifras de decomisos y droga incautada en los centros penitenciarios.
De acuerdo con el análisis de los entrevistados, no existe impedimento legal bajo ninguna resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para otorgar la información requerida, por lo tanto, se concluye que el INP está obligado a responder y transparentar esos datos.
