El documento que Murray Paul Farmer usa como prueba muestra que el litigio incluye al Banco Central de Honduras y a su presidenta como “demandados del Banco Central”, y no a Santos a título personal.
Tampoco hay evidencias públicas que demuestren que se hayan pagado 300 mil dólares de fondos estatales para una defensa privada. Mientras Farmer arrastra un requerimiento fiscal en Honduras por un presunto fraude millonario contra el Estado.
Tegucigalpa, Honduras — Con el cambio de gobierno y la llegada de nuevas autoridades a las instituciones del Estado, las acusaciones sobre el mal manejo de las mismas, no se hicieron esperar. Distintos sectores comenzaron a señalar que, en procesos abiertos contra exfuncionarios hondureños en Estados Unidos, la Procuraduría General de la República, habría recurrido a fondos públicos para cubrir los honorarios del abogado defensor de los señalados.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
El inversionista estadounidense Murray Paul Farmer publicó en X que el Banco Central de Honduras pagó la defensa legal de Rebeca Santos para enfrentar una demanda personal en Estados Unidos y adjuntó una imagen como “prueba” de su afirmación. También pidió a la Procuraduría General de la República que informe si ya abrió una investigación por el supuesto uso de fondos públicos para cubrir la defensa personal de una funcionaria.
Además, según las publicaciones de Farmer, la demanda en Estados Unidos que —asegura él— no es contra el Estado de Honduras, sino a título personal, es contra varios exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro, entre ellos Manuel Díaz Galeas, ex procurador de la república, Rixi Moncada es secretaria de Finanzas, Joel Zelaya, actual Fiscal general y Luis Javier Santos ex jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción del Ministerio Público.
En sus mensajes, Farmer sostiene que él los demandó personalmente y que incluso el abogado estadounidense que los representó habría dejado por escrito que su patrocinio era “en lo personal”, al tiempo que acusa a los exfuncionarios de haber utilizado alrededor de 300 mil dólares de fondos públicos para pagar esa defensa privada mientras aún ostentaban cargos públicos.
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LO QUE MUESTRA EL DOCUMENTO
En la imagen que Farmer comparte se lee el encabezado de un escrito judicial titulado “NOTICE OF SPECIAL APPEARANCE OF J. ALEXANDER LAWRENCE”. En ese documento, el abogado J. Alexander Lawrence notifica al tribunal que comparece como abogado de los demandados Banco Central de Honduras (BCH) y Rebeca Santos, identificados conjuntamente como “the Central Bank Defendants” (los demandados del Banco Central), dentro del caso mencionado en la parte superior del expediente.
El documento usado por Farmer confirma que existe un proceso en Estados Unidos en el que el Banco Central de Honduras y Rebeca Santos aparecen como demandados conjuntos, bajo la etiqueta “Central Bank Defendants”.
Esto contradice la forma en que Farmer presenta el caso, como si se tratara únicamente de una “demanda personal” contra Santos, separada de su rol en el BCH.
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DEMANDA CONTRA AGENTES ESTATALES
En respuesta a las acusaciones de Murray Paul Farmer, Manuel Díaz Galeas calificó lo difundido como “noticias falsas” y sostuvo que la demanda en Estados Unidos no es contra particulares, sino contra agentes estatales hondureños que —de acuerdo con él— actuaron en defensa de los intereses de la República en el ejercicio de sus cargos.
Afirmó que el litigio está ligado al caso de Paul Murray Farmer y la empresa DRC, a quienes —enfatizó— se evitó que se apropiaran de unos 3 mil millones de lempiras del erario gracias a la defensa jurídica del Estado, y recordó que en Honduras siguen abiertos procesos penales vinculados a ese conflicto.
En una segunda publicación, el exprocurador cuestionó la tesis de una “defensa personal” y negó tener algún conflicto privado con Murray Paul Farmer. Añadió que, más allá de lo que calificó como una narrativa “ignorante” de Farmer, las acciones legales se dirigen contra agentes estatales hondureños y contra la propia República de Honduras, y no contra él a título personal.
En conversación con El Mirón, Díaz Galeas insistió en que “la mejor prueba” de que no se trata de un conflicto personal son los juicios que Farmer ha promovido contra el Estado y que él enfrentó desde la Procuraduría en juzgados civiles y penales, donde incluso existe un requerimiento fiscal.
Aseguró que toda la controversia es “de él contra la República de Honduras”, a la que dice haber defendido en su condición de Procurador General y no como “el simple ciudadano”: Manuel Antonio Díaz Galeas, y enfatizó que, de no ser por ese rol institucional, “nunca me lo hubiese cruzado en la vida a ese gringo filibustero”.
Previo a las afirmaciones de Farmer, el actual Procurador General de la República, Rigoberto Aspra, acusó a su antecesor Manuel Díaz Galeas de usar 300 mil dólares del Estado para contratar un bufete en Estados Unidos y defenderse de una demanda a título personal.
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¿QUIÉN ES MURRAY PAUL FARMER?
Murray Paul Farmer es un empresario estadounidense que figura como representante legal de la compañía DRC Inc., una firma contratada por el Estado de Honduras tras el paso del huracán Mitch en 1998 –que dejó cientos de pérdidas humanas y daños millonarios en la infraestructura— para proyectos financiados con cooperación internacional.
Según el requerimiento fiscal presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), DRC no estaba autorizada para operar en el país y, aun así, participó en un esquema que durante más de dos décadas habría buscado apropiarse de más de 3,000 millones de lempiras del erario mediante demandas ilegales contra la administración pública.
De acuerdo con el MP, el origen del caso se remonta a un contrato irregular adjudicado a DRC Inc. y a un laudo arbitral sin valor legal que luego sirvió de base para múltiples demandas civiles en Honduras, con las que se pretendía obligar al Estado a pagar más de 3,084 millones de lempiras.
DRC habría suscrito, además, un acuerdo confidencial con la empresa hondureña NAINSA, sin que esta tuviera relación contractual directa con el Estado, para simular que actuaban como entidades separadas y presentar varias demandas por los mismos hechos, lo que para la Fiscalía evidencia un plan coordinado para defraudar al país.
Además, el requerimiento fiscal acusa a Murray Paul Farmer, en su calidad de representante de DRC Inc., del delito de fraude junto a una red de exfuncionarios, abogados y jueces, entre ellos el ex diputado del Partido Nacional y exsecretario de SEDECOAS y actual viceministro de Copeco, Nelson Javier Márquez Euceda.
Según la acusación, Márquez y otros exfuncionarios se habrían coludido con DRC y NAINSA para viabilizar las demandas fraudulentas y el cobro millonario al Estado, caso por el que Márquez mantiene un proceso judicial abierto y se defiende en libertad. El funcionario fue defendido por el abogado Dagoberto Aspra, hoy Procurador General de la República, lo que alimenta cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la gestión actual de los litigios vinculados a este caso.
En ese sentido, Díaz Galeas señaló ese posible conflicto de interés de la firma Aspra, y planteó la duda de sí ahora Aspra defenderá al Estado o maniobrará desde la Procuraduría a favor de sus antiguos clientes.
El Mirón concluye que la frase de Murray Paul Farmer es Falsa: el documento que él mismo presenta demuestra que el litigio en Estados Unidos no es una “demanda personal” aislada contra Rebeca Santos, sino un caso en el que el Banco Central de Honduras y su presidenta aparecen juntos como “demandados del Banco Central”.
