Mientras Salvador Nasralla aprovecha la crisis migratoria para generar confrontación, analistas señalan que las políticas antiinmigrantes de EE. UU. han sido permanentes y no dependen del gobierno hondureño.
Tegucigalpa, Honduras. – «En río revuelto, ganancia de pescadores», reza el dicho popular, y en la política hondureña esta máxima cobra vigencia. Los discursos malintencionados se han convertido en una estrategia recurrente de los actores políticos para generar odio y miedo con el objetivo de ganar votos.
En esta oportunidad, Salvador Nasralla, aspirante a candidato presidencial por el partido Liberal, ha aprovechado las políticas antiinmigrantes de Estados Unidos impuestas por Donald Trump, para responsabilizar a la presidenta Xiomara Castro y exigir un juicio político en su contra, avivando la polarización y la confrontación.
LA FRASE
“Juicio Político para Xiomara Castro, responsable de la crisis que se avecina”: Salvador Nasralla, 28 de enero 2025
Durante una de sus giras proselitistas en La Esperanza, Intibucá, Salvador Nasralla dijo estar “preocupado por las declaraciones de Ron DeSantis, gobernador de Miami Florida, quien ha propuesto solicitar a quienes envíen remesas, documentación para verificar su estatus migratorio.
En ese sentido, Nasralla, aseguró que con las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, al advertir que, si se registraban deportaciones masivas de hondureños, la base militar de Palmerola [Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo], “no tendría sentido de existir”.
Según el antes aliado del gobernante Partido Libre y fundador de los partidos Anticorrupción y Salvador de Honduras –ahora aspirante a la presidencia bajo las filas del Partido Liberal— la medida de Ron DeSantis, hará disminuir las remesas de 780 millones de lempiras diarios a 200 millones. “Eso haría que se pierdan empleos (…), haría subir los precios y se produciría una debacle económica de dimensiones que nunca ha vivido Honduras, que conducirían a una hambruna”.
A Razón de ello, Nasralla, pidió a los diputados al Congreso Nacional que se reúnan para “pedirle la renuncia y hacerle juicio político a la presidenta Xiomara Castro, porque esto ya tiene que ver con el hambre. Toda la gente que están viendo se puede llegar a morir de hambre si no recibimos las remesas”, sentenció el político al referirse a los hondureños que corren el riesgo de ser deportados por la administración Trump.
¿LA PRESIDENTA ES LA RESPONSABLE DE LAS POLÍTICAS ANTIINMIGRANTES de EE. UU?
Desde hace décadas, las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos se han mantenido en la agenda gubernamental, reflejando una postura inalterable frente a la migración, independientemente de la administración en turno, es decir, indistintamente a los demócratas o republicanos.
Las políticas antiinmigrantes incluyen el endurecimiento de los controles fronterizos, la construcción de barreras físicas en la frontera con México y la aplicación rigurosa de medidas de deportación.
En este contexto, sobresalen figuras como Ron DeSantis, quien ha abogado por eliminar las denominadas “ciudades santuario”, impulsando leyes que obliguen a las autoridades de La Florida a cooperar de manera plena con las federales en materia de inmigración. Asimismo, en mayo de 2023 propuso endurecer las sanciones a los empleadores que contraten a “inmigrantes”, reforzando el marco punitivo para incentivar el cumplimiento de la ley.
En el contexto de las declaraciones de Salvador Nasralla, quien responsabiliza a la presidenta Xiomara Castro por las deportaciones masivas de hondureños desde Estados Unidos y las políticas antinmigrantes, y además exige un juicio político en su contra, la analista política Gabriela Blen señaló que estas narrativas polarizantes sólo profundizan la crisis política del país.
Blen destaca que las deportaciones han sido una constante en la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos. Según su análisis, estas acciones no dependen exclusivamente del gobierno hondureño, sino de políticas migratorias que han sido implementadas por diferentes administraciones en Washington. «Antes de que Joe Biden dejara la presidencia, Honduras era el país con la mayor cantidad de ciudadanos en proceso de deportación a nivel mundial. Esto sucedió sin la influencia del discurso racista y xenófobo de Donald Trump», puntualiza.
Para Blen, las acusaciones de Nasralla no constituyen un argumento sólido para impulsar un juicio político contra la mandataria. A su juicio, existen otros temas de mayor relevancia para interpelar a Castro, como la denuncia al Tratado de extradición y la demora en la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). «Son estos los puntos que realmente ameritan un debate serio y profundo sobre la gestión del gobierno», sostiene.
Las recientes decisiones de la política migratoria adoptadas por Estados Unidos no responden a una postura en contra del gobierno de Xiomara Castro, sino que forman parte de una estrategia global de contención de la migración, explicó Luis León, analista político.
“La realidad es que es una decisión que se toma como política de los Estados Unidos porque ellos están cansados de la migración, que los tiene agobiados”, afirmó León.
El analista criticó el discurso político que, según él, deforma la percepción de la ciudadanía al presentar las políticas migratorias de EE.UU. como una acción específica contra el gobierno hondureño. “Si estos líderes están diciendo que Estados Unidos está deportando por culpa del gobierno, la gente va a creer que es así. El promedio de educación de los hondureños es quinto grado, entonces se sigue lo que los otros dicen”, acotó.
DEPORTACIONES MASIVAS
En noviembre de 2024, antes de concluir el mandato de Joe Biden, la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de Estados Unidos, reveló la existencia de al menos 1,445,549 órdenes de deportación de ciudadanos de diversas nacionalidades.
En esta ocasión las órdenes de deportación emitidas por el ICE alcanzaron cifras significativas. En Centroamérica las cifras se distribuyeron de la siguiente manera: Honduras con 261,651, Guatemala con 253,413, Nicaragua con 45,995 y El Salvador con 203,822 órdenes.
Estos datos evidencian la amplitud y el rigor de las medidas migratorias adoptadas por Estados Unidos, reflejando el impacto directo sobre las comunidades centroamericanas y subrayando la prioridad que ha adquirido el control de la inmigración irregular en la agenda política federal.
Por otro lado, la cifra de personas retornadas a Honduras desde el 8 de septiembre de 2014 al 30 de enero de 2025, era de 227,692 hondureños.
Edgardo Molina, especialista en migración, explicó a Criterio.hn que la dinámica de las repatriaciones abarca distintos procesos: la deportación se refiere al retorno forzado de personas que han cometido delitos o violado las políticas estadounidenses; el retorno se da cuando las personas son devueltas a su país de origen tras ser detenidos en la frontera por agentes de inmigración; y el retorno voluntario ocurre cuando la propia persona solicita ser enviada de regreso a su país.
PERO ¿CABE UN JUICIO POLÍTICO PARA LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO?
El abogado constitucionalista, Joaquín Mejía, explicó que el proceso de juicio político sólo es aplicable en circunstancias muy específicas.
Sus comentarios llegaron en respuesta a las declaraciones del precandidato presidencial Salvador Nasralla, quien pidió al Congreso Nacional reunirse para solicitar la renuncia y promover un juicio político contra la presidenta Xiomara Castro, argumentando que las políticas del Ejecutivo hondureño estarían relacionadas con el agravamiento del hambre al limitarse las remesas y las controversiales medidas antiinmigrantes adoptadas en Estados Unidos.
Mejía no se guardó sus críticas ante lo que calificó como “una tremenda estupidez” por parte de Nasralla, y puntualizó: “en primer lugar, tanto la Constitución como la ley especial sobre el juicio político establecen claramente cuáles son las tres causales por las cuales se puede iniciar un proceso de juicio político.”
Mejía enfatizó que “cualquier persona con tres dedos de frente puede entender” que los argumentos presentados por Nasralla carecen de fundamento legal y se alejan del marco constitucional.
El abogado condenó la estrategia del precandidato –recientemente adherido al partido Liberal— de utilizar discursos intencionados para polarizar a la sociedad, subrayando que, en la política, es fundamental basar las acusaciones y propuestas en un conocimiento riguroso de la Constitución y la ley.
Para el también doctor en derechos humanos, es fundamental que los actores políticos, y en especial aquellos que aspiran a la presidencia, se informen y estudien las normativas pertinentes antes de proponer acciones que puedan tener consecuencias legales y constitucionales de gran alcance.
En ese sentido, recordó la relevancia de la sentencia Gutiérrez Navas y Otros VS. Honduras, emitida por la Corte IDH, mediante la cual el Estado hondureño fue condenado por la destitución ilegal de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras el 12 de diciembre de 2012.
“Un precandidato presidencial debería tener el mínimo de responsabilidad de leer y estudiar antes de opinar”, afirmó, enfatizando que el discurso de Nasralla “o bien es fruto de la ignorancia o simplemente busca alimentar la polarización social”.
Luego del análisis de datos y de las fuentes entrevistadas, Criterio.hn concluye que es FALSO que la presidenta Xiomara Castro sea la responsable de la deportación masiva de los hondureños que viven en condición irregular en Estados Unidos.
Asimismo, que no existe base jurídica para que los diputados sometan a discusión, en el Congreso Nacional, la celebración de un juicio político contra la presidenta de república, Xiomara Castro, fundamentados en el argumento presentado por el precandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla.
A razón de ello, Joaquín Mejía, destacó que la demanda de juicio político contra la presidenta Castro, por parte de Salvador Nasralla, no sólo carece de sustento jurídico, sino que además pone en riesgo el respeto al debido proceso y podría abrir la puerta a nuevas condenas internacionales para Honduras.
“Uno esperaría de un precandidato presidencial un poquito más de responsabilidad y un poquito más de dignidad para sí mismo en el sentido que hay que estudiar antes de abrir la boca”, concluyó el abogado constitucionalista.
