La decisión del Tribunal de Apelaciones, que favorece a la administración Trump, deja en riesgo el estatus legal y empleo de miles de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Además, ha generado críticas por la aparente falta de fundamentos en la misma
Tegucigalpa, Honduras. – Sin razonamiento de su decisión, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió este miércoles la solicitud de la administración Trump de suspender una orden judicial mediante la cual se había prolongado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 60 mil personas de Honduras, Nicaragua y Nepal.
La decisión judicial es un revés para los migrantes, luego que la Corte del Distrito Norte de California había extendido hasta noviembre el TPS para los hondureños, nicaragüenses y nepalíes amparados en el programa.
La resolución implica que los titulares de TPS nepalíes perderán su estatus legal y su autorización de trabajo de forma inmediata, y que, a menos que se dicte una orden judicial que lo impida, los titulares de TPS hondureños y nicaragüenses perderán su estatus legal el próximo 8 de septiembre, detalló en un comunicado de la Fundación ACLU del Sur de California.
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El hondureño Teofilo Martínez, uno de los reclamantes y líder de la Alianza Nacional TPS, aseguró que no dejarán de organizarse y luchar por el derecho a una protección permanente y detener la separación de familias.
La abogada Emi MacLean, de la Fundación ACLU del Norte de California, sostuvo que la orden de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de este miércoles 20 de junio es un “revés devastador”, sin embargo, no es el final de la lucha, argumentando que el TPS no puede ser destruido fácilmente.
El Tribunal de Apelaciones señaló en su escrito que la orden emitida por la Corte de Distrito el 31 de julio de 2025 –mediante la cual se concedió la moción de aplazamiento presentada por los demandantes– queda suspendida hasta que se dicte una nueva resolución. Asimismo, rechazó la petición de la administración Trump de suspender el procedimiento en la Corte de Distrito, al considerar que la conducción de ese expediente corresponde a la discreción de dicho órgano judicial.
Johny Silva, un hondureño que vivió toda su vida en Estados Unidos, mostró incredulidad ante la orden judicial y expresó que al arrebatarle su estatus legal lo condenan a separarse de su hijo.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), cuestionó la ausencia de un razonamiento para sustentar la decisión judicial. “La decisión simplemente sanciona la apropiación de poder del gobierno exponiendo a decenas de miles de personas a la detención ilegal y la deportación.
