Tegucigalpa, Honduras. – Aunque el estado de excepción fue implementado desde el 6 de diciembre de 2022 con el objetivo principal de erradicar la extorsión, empresarios del transporte urbano denuncian que, por el contrario, con esta medida en vigencia, la comisión de este delito, a manos de diferentes estructuras criminales, está aumentando.
“Desde el 6 de diciembre de 2022, cuando se implementó el estado de excepción, nuestro rubro no solo continuó pagando la renta (extorsión), sino que subió la tarifa —como ellos (criminales) le llaman— y otras bandas criminales emergieron. El rubro del transporte urbano sigue siendo la principal víctima de estos delincuentes”, mencionó el dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza, en plática con Criterio.hn.
Lanza, propietario de las unidades de transporte urbano que circulan en las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estimó que hasta agosto de este año han entregado a los diferentes grupos del crimen organizado casi 400 millones de lempiras, por lo que pronostica que este año terminarán entregando más de los 600 millones que dieron durante 2023.
“Antes, refiriéndome a unos cinco años atrás, sentíamos que, de alguna forma, los criminales eran más conscientes con los cobros de extorsión, ya que no exigían cantidades desmesuradas. Ahora, en cambio, semanalmente pueden sacar hasta 15 mil lempiras por unidad, y no tenemos más alternativa que pagar porque estamos más que conscientes de que la Policía no nos va a proteger”, explicó el representante del rubro.
Si algún miembro del sector, por cualquier razón, incumple con el pago de la cuota de extorsión, ya sea diaria, semanal o mensual, el resultado directo es la muerte. O, dependiendo de si realiza el pago tras el retraso, enfrenta represalias como la quema, el robo o la inmovilización del autobús. Las sanciones también varían según el tipo de organización criminal a la que no se le haya pagado.
En 2022 asesinaron a 70 transportistas; en 2023, casi 60, mientras que en 2024 la cifra va en 40 víctimas.
Esta disminución en los asesinatos, según Lanza, no se debe a la efectividad de las estrategias policiales o militares, sino a que están cumpliendo con el pago de extorsión. “No hay muertos porque hemos pagado. Algunos que se han atrasado lamentablemente han sido víctimas de las represalias de los criminales, pero esta es la realidad del país; si no hay efectividad en las labores policiales, es porque algo no está bien dentro de la institución”.
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NO HAY EFECTIVIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA EXTORSIÓN
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuestionó que, aunque a la Secretaría de Seguridad se le ha fortalecido para impulsar la lucha contra la criminalidad organizada y el narcotráfico, los resultados en temas de extorsión han sido pírricos. Incluso, valoró que este flagelo ha incrementado en comparación con los últimos años.
“En definitiva, de nada ha servido incrementar el presupuesto para establecer una lucha eficiente contra la criminalidad, ni mantener un estado de excepción inconstitucional, porque los resultados demuestran que la extorsión es un delito en auge. Los perpetradores continúan impunes por un factor: la ineficiencia en la investigación”, mencionó Castañeda en conversaciones con este medio de comunicación.
Lo expuesto por Castañeda en relación con el tema del presupuesto tiene sentido. De acuerdo con cifras oficiales, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad aumentó en 5,069,738,277.00 lempiras entre 2020 y 2024. En términos porcentuales, esto representa un incremento aproximado del 76.95% (redondeando al 77%). En palabras sencillas, el gobierno de Xiomara Castro ha destinado un gran porcentaje de recursos al combate de la criminalidad, pero no se ha logrado efectividad.
Además, Castañeda mencionó que la falencia en temas de investigación contra la extorsión no solo impera en la Policía Nacional, sino que han identificado que el Ministerio Público presentó menos requerimientos fiscales contra los perpetradores de este delito en 2023 en comparación con 2022, lo que pone nuevamente en evidencia cómo prevalece la impunidad.
Algunos extorsionadores que son capturados quedan en libertad después de menos de 48 horas, porque el expediente presentado por la Policía no contiene los argumentos que sustenten los vínculos con ese delito.
“La actividad en el Ministerio Público ha caído casi un 75%. En 2019 se presentaron 444 requerimientos fiscales contra extorsionadores, y en 2023 apenas se presentaron 124. Esto demuestra que no se está ejerciendo una investigación eficiente contra la extorsión, lo que provoca una menor cantidad de acusaciones y, peor aún, menos sentencias condenatorias contra estas personas. Los sectores viven con temor al ser constantemente amenazados por el crimen organizado por el pago de la extorsión”, explicó.
SOBRE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Desde el seis de diciembre de 2022, el gobierno hondureño, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, ha estado bajo un estado de excepción con el objetivo declarado de combatir la extorsión y la criminalidad.
Esta medida, impulsada por la necesidad de restablecer la seguridad, ha sido criticada por su carácter inconstitucional, ya que implica la suspensión de derechos y garantías fundamentales, lo que abre la puerta a la impunidad.
Uno de los argumentos que refuerzan la inconstitucionalidad de esta medida es que no aborda las causas de la criminalidad. En lugar de enfocarse en desarticular las estructuras criminales, el estado de excepción ha derivado en la detención de miles de personas, con un bajo porcentaje de arrestos relacionados con la extorsión. Por ejemplo, en 2023, de más de 23,000 arrestos, únicamente 372 correspondieron a este delito, lo que sugiere una falta de estrategia clara en la lucha contra el crimen organizado. Esto evidencia que la medida ha permitido la detención masiva sin resultados en términos de justicia.
Este ciclo de detenciones sin consecuencias contribuye a la sensación de impunidad en la sociedad, donde los verdaderos cabecillas de las organizaciones criminales permanecen en libertad y operando sin obstáculos. La ausencia de un enfoque sistemático y la falta de continuidad en las investigaciones fomentan un ambiente donde la impunidad prospera.
A pesar de los recursos destinados a la seguridad, como un presupuesto récord para la Secretaría de Seguridad, los resultados en la lucha contra la extorsión son desalentadores. Los índices de violencia han permanecido altos, y muchos ciudadanos continúan viviendo bajo la amenaza de grupos criminales. Esto plantea un dilema sobre la efectividad de las estrategias implementadas en el contexto del estado de excepción, ya que no se ha logrado disminuir la incidencia del delito de extorsión.
En resumen, el estado de excepción en Honduras, si bien se presenta como una medida ante la criminalidad, se ha convertido en un mecanismo que facilita la impunidad. La suspensión de derechos fundamentales, la falta de pruebas en las detenciones y la ineficiencia en las investigaciones apuntan a un enfoque erróneo para enfrentar la crisis de seguridad.
