Los expertos de Naciones Unidas llegaron al Honduras para analizar las condiciones del país centroamericano ante la posible instalación de un mecanismo anticorrupción
Tegucigalpa, Honduras. – Amérigo Incalcaterra, Ana Gabriela Contreras y Pedro Biscay son los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que arribaron a Honduras el 9 de julio para brindar asistencia técnica con respecto al futuro establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
Esta misión de expertos evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento. Además, contribuirá con asistencia técnica para identificar las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del ordenamiento jurídico hondureño para el posible establecimiento de un mecanismo contra la corrupción.
El comunicado de Naciones Unidas señala que el trabajo del equipo es de carácter técnico y estarán en el país por seis meses. Incalcaterra, Contreras y Biscay han iniciado sus actividades en el país con una serie de reuniones con representantes de los tres poderes del Estado y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
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PERFIL DE LOS EXPERTOS
Amérigo Incalcaterra, quien encabeza la misión de expertos es de nacionalidad italiana, es un abogado especialista en derecho internacional y derechos humanos. Tiene un amplio conocimiento de la región centroamericana, ya que entre 2008 y 2009 se desempeñó como comisionado adjunto de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) y en 2018 apoyo las investigaciones de Naciones Unidas en los hechos violentos ocurridos en Nicaragua.
En octubre de 2005 la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, nombró a Incalcaterra como su representante en México. El jurista se ha desempeñado en varios cargos dentro de Naciones Unidas, desde 1988 en los campos de asesoría política, derechos humanos, seguridad pública, fortalecimiento de la democracia y desarrollo.
Incalcaterra, ha participado en operaciones de mantenimiento de paz en Centro América. Fue director Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, se desempeñó como asesor legal y oficial de coordinación de las Oficinas de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. Asesoró al Departamento de Asuntos Políticos y el Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el tema de seguridad pública.
También, participó en la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en el Salvador como asesor del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para El Salvador en asuntos políticos, seguridad pública, derechos humanos y jurídicos. Fue asesor del director de la División de Derechos Humanos, responsable electoral y participó en el establecimiento de las diferentes oficinas regionales de la Misión.
Asimismo, se desempeñó en cargos de protección y de programa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en Guatemala, México, Belice, Cuba y Angola
Otra de las integrantes de la misión de expertos de Naciones Unidas es la guatemalteca, Ana Gabriela Contreras, es abogada y cuenta con amplia experiencia en el fortalecimiento de sistemas de justicia, acceso a la justicia y la promoción de derechos humanos, Estado de derecho y acceso a la justicia de mujeres y pueblos indígenas.
Criterio.hn consultó con fuentes en Guatemala y la información que se maneja en el país vecino, es que el trabajo de Ana Gabriela Contreras en la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) se centró en la parte administrativa y en las reformas legales que permitieron su funcionamiento.
Contreras cuenta con experiencia profesional en consultoría, investigación jurídica, asistencia técnica y evaluación de proyectos en Guatemala y Centroamérica trabajando para sociedad civil, organismos internacionales e instituciones estatales.
Por último, el argentino Pedro Biscay, un jurista con maestría en finanzas y con más de 20 años de experiencia en la investigación de delitos financieros y económicos, trabajó con agencias reguladoras financieras y con la Fiscalía de la República Argentina.
Entre 2010 y 2011 trabajó como asesor legal del exdirector del Banco Central de la República de Argentina (BCRA), Arturo O´Connell, en temas relacionados con prevención de lavado de dinero, delitos financieros, políticas anticorrupción y demás temas legales de la entidad monetaria.
En octubre de 2014 Biscay fue designado como director del Banco Central de Argentina, para ese entonces contaba con acuerdo del Senado para cumplir mandato hasta 2019, pero era muy crítico de las políticas monetarias del entonces presidente de la entidad monetaria nacional, Federico Sturzenegger.
Según la publicación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) el Poder Ejecutivo argentino solicitó la intervención del Congreso Nacional para llevar adelante la remoción del cargo del director del Banco Central, Pedro Biscay, por haber expresado de manera pública opiniones diferentes a las principales decisiones de política económica y monetaria adoptadas por el Directorio del Banco Central y del Gobierno argentino.
El 27 de julio de 2017 la Presidencia de Argentina oficializó la salida de Biscay de la dirección del Banco Central argentino, señalando que “el proceso cumple con todos los pasos legales e institucionales previstos. A partir de una recomendación de la comisión bicameral del Congreso que supervisa el funcionamiento del Banco Central, el Poder Ejecutivo decidió remover a Biscay”.
El dictamen emitido por la comisión bicameral del Congreso argentino emitió un dictamen que afirmaba que Biscay incumplió con las responsabilidades de su cargo y tuvo actitudes que configuran “un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”.
Tras su paso por le Banco Central Argentino, Pedro Biscay, se incorporó al Ministerio Público de Argentina en la fiscalía federal 2 de San Isidro. Según su perfil de LinkedIn, actualmente se desempeña como vicepresidente y coordinador del Grupo de Finanzas para el Desarrollo del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS).
