Defensores ambientales de Tocoa demandan una investigación independiente, sin la participación de la Fiscalía de Tocoa ni la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA), por su rol en incrementar el riesgo de los defensores en la zona
Reclamaron justicia y sanciones para los responsables –tanto actores políticos y económicos– del asesinato de Juan López, así como la implementación inmediata del decreto que prohíbe la extracción minera en áreas protegidas a nivel nacional
Tegucigalpa, Honduras. – “Se equivocaron al asesinar a Juan [López] creyendo que nos estaban cancelando la lucha, cancelando los principios por los cuales estamos defendiendo la vida”, declaró este miércoles Esly Banegas, defensora del ambiente, tierra y territorio.
La declaración fue realizada durante la primera conferencia de prensa realizada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) tras el asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor de Tocoa, la noche del sábado 14 de septiembre.
En representación del CMDBCPT estuvieron presentes: Dalila Santiago, Esly banegas, Adilia Castro y el regidor Leonel George, así como Edy Tábora, integrante del equipo legal nacional e internacional que representa a los defensores ambientales en Tocoa.
Las personas defensoras reiteraron su compromiso con la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras frente a los intereses extractivistas, tal como lo realizó en vida el defensor y regidor de Tocoa.
Asimismo, solicitaron un alto a la estigmatización, intimidación y persecución contra Carlos Orellana, párroco de la Iglesia Católica, quien fue citado al Ministerio Público luego que Orellana responsabilizó al alcalde Adán Fúnez del asesinato de Juan López.
EXIGEN INVESTIGACIÓN SIN PARTICIPACIÓN DE FISCALÍA DE TOCOA Y UMVIBA
Las y los defensores exigieron una investigación independiente y exhaustiva del asesinato del regidor y defensor ambiental, Juan López, en coordinación del CMDBCPT, en la que no participen ni la Fiscalía de Tocoa ni la Unidad de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA), por ser entidades que perpetúan el riesgo de los defensores en la zona.
“No queremos ningún actor local dentro de la investigación. Cualquier participación de un actor local implica una violación al derecho a una investigación independiente. Además, la participación de actores locales pone en riesgo a cada una de las personas que exige justicia para el compañero Juan”, declaró el abogado Tábora.
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Recordó que, desde las oficinas locales del Ministerio Público, la Policía, y otros, se encargaron de crear las condiciones para el asesinato de los defensores en la zona.
“Fiscales de aquí han sido trasladados en helicóptero de las empresas agroindustriales para ir a hacer el requerimiento fiscal, volver con él en el helicóptero y luego venir a inventarle el requerimiento a un compañero, a una compañera o a un grupo de compañeros luchadores”, pormenorizó Esly Banegas
REQUIEREN IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH
Requirieron del Estado la protección de las personas defensoras que integran el comité a través de la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales López era beneficiario, con el objetivo de garantizar la seguridad de los otros miembros y sus familias.
“El Estado debe asumir la responsabilidad para cumplir las medidas de protección. Nosotros y nosotras no vamos a caer en la trampa de estar discutiendo con funcionarios, porque eso reduce el problema. Cada segundo y cada minuto que el Estado deje de asumir la responsabilidad para proteger la vida, la integridad física y emocional de cada defensor y defensora en esta zona, cuenta”, respondió el abogado Tábora a la interrogante que involucró declaraciones por parte de funcionarios de la actual administración.
Las y los defensores que integran el CMDBCPT a través del pronunciamiento recordaron que tanto López como otros miembros del comité llevan años denunciando las amenazas constantes que han recibido por su oposición al megaproyecto extractivo del Grupo Emco Holding que vulnera al parque nacional y los derechos a un ambiente sano de las comunidades aledañas.
Sin embargo, pese a la situación de riesgo, el Estado no implementó las medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que consideran contribuyó al ambiente de terror y vulnerabilidad en la zona.
DEMANDAN CANCELACIÓN DEFINITIVA DE MEGAPROYECTO MINERO E IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 18-2024
Adilia Castro recordó que el fondo de las causas que originan al asesinato de Juan López está la incapacidad del Estado –a través de las diferentes instituciones incluyendo la Corporación Municipal de Tocoa– de resguardar el Parque Nacional Carlos Escaleras como una zona protegida desde hace diez años.
“Asumimos una responsabilidad que le tocaba al Estado de Honduras asumir. Defender y proteger esa montaña era responsabilidad de las instituciones del Estado, pero no lo hicieron. En vista de la amenaza que había […] reaccionamos, nos organizamos y dijimos hay que hacer algo”, sostuvo Castro.
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En esa línea reclamaron la cancelación definitiva del megaproyecto de Emco Holding y todos sus componentes, ejecutados a través de sus brazos empresariales Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, al haber violentando los derechos ambientales y humanos de las comunidades.
Demandaron, además, la implementación inmediata del Decreto 18-2024 que protege de la minería a todas las áreas protegidas de Honduras.
RECLAMAN JUSTICIA Y SANCIONES CONTRA RESPONSABLES
Adilia Castro señaló que desde el CMDBCPT no se focalizan en una sola persona en el asesinato de Juan López, puesto que lo ocurrido fue construido por actores económicos, políticos y probablemente, incluso del narcotráfico.
Los integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa demandaron la sanción inmediata de todos los responsables, tanto en el ámbito público como privado, por su involucramiento en los crímenes contra Juan López y otros defensores.
Agregaron que la sanción debe incluir tanto a funcionarios públicos que permitieron la escalada de violencia y criminalización en el municipio de Tocoa, Colón.
Al finalizar la conferencia de prensa del CMDBCPT, la titular interina de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, anunció a través de redes sociales que convocan para este jueves 19 de septiembre al Consejo Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos “para definir la ruta” de cumplimiento para la protección y seguridad de defensores de los bienes comunes y público.
Álvarez afirmó, además, que equipo de su secretaría se desplazó a Tocoa el domingo 15 y lunes 16 de septiembre, para abordar las medidas con las víctimas, y que ella, en los próximos días visitará la zona.
