La CIDH y otras organizaciones internacionales han expresado su preocupación por la militarización de las cárceles, subrayando la necesidad urgente de una administración civil
Tegucigalpa, Honduras. – Dos personas privadas de libertad perdieron la vida durante un conato de fuga –como lo han informado las autoridades penitenciarias— en el Centro Penitenciario de Tamara la noche del 18 de septiembre, lo que ha llevado a la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans a exigir la destitución inmediata del director y otros funcionarios responsables.
La organización denuncia que los agentes involucrados llegaron armados y con una actitud amenazante, lo que agrava las preocupaciones sobre la seguridad y el respeto a los derechos humanos en las instalaciones penitenciarias.
El coronel Ramiro Muñoz, jefe de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y presidente de la Junta interventora del Sistema Penitenciario, admitió que los disparos que causaron las muertes fueron efectuados por los “centinelas” miembros de su unidad. Los privados de libertad fallecidos han sido identificados como José Alejandro Cruz y Carlos Andrés Soler.
Rihana Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, en entrevista con Criterio.hn, destacó que estas muertes son parte de una tendencia alarmante. “Desde la intervención militar en los centros penitenciarios, hemos documentado al menos 32 muertes bajo custodia, ya sea por violencia directa o negligencia”.
La presidente Xiomara Castro, luego de la masacre en la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en donde 46 privadas de libertad perdieron la vida de manera violenta, cedió el control penitenciario a la policía Militar.
En un año, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) registró 193 casos de tortura y tratos inhumanos. De estos, el 29% de las personas privadas de libertad, es decir, 21 individuos, reportaron haber sufrido algún tipo de golpe físico, mientras que el 86% (62 personas) señalaron que no tenían acceso a servicios de salud, como medicamentos y atención médica oportuna.
De interés: Muertes en cárceles bajo el control militar siguen en hermetismo
EXIGEN INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA
La muerte de los dos privados de libertad en el centro penitenciario de Támara, confirmada como resultado de disparos efectuados por la Policía Militar, subraya la creciente preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza y la falta de protección adecuada para los internos.
En ese sentido, Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), enfatizó la necesidad de una investigación exhaustiva para determinar si hubo un abuso en el uso de la fuerza letal por parte de los custodios. “La única justificación para disparar en estos casos debe ser el riesgo inminente para la vida de los operadores de seguridad”, afirmó Acevedo, subrayando que las circunstancias del incidente aún no están completamente claras.
Del mismo modo, la Asociación Cozumel Trans, exige al Ministerio Público que inicie una investigación exhaustiva sobre las violaciones al derecho a la vida y dignidad de los privados de libertad.
Lea: Crisis carcelaria en Honduras: CIDH llama a desmilitarizar y reformar sistema penitenciario
NO HUBO FUEGO CRUZADO
El coronel Muñoz también declaró que en el centro penitenciario no hay armas disponibles par a los privados de libertad, lo que plantea interrogantes sobre la necesidad y justificación del uso de armas de fuego contra los internos.
Según declaraciones del coronel Ramiro Muñoz, no hubo intercambio de disparos durante “el intento de fuga”, y las autoridades sólo respondieron al amotinamiento.
“Se cumplieron todos los protocolos de alerta” aseguró Muñoz, señalando que algunos de los privados de libertad no atendieron las señales de advertencia, razón por la cual “se realizaron disparos al aire. Cuando no quedó más opción, uno de los centinelas tuvo que disparar”, aseguró el coronel.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado su posición sobre la necesidad de desmilitarizar el sistema penitenciario en Honduras, argumentando que el control de las cárceles no debe estar en manos de fuerzas militares.
De acuerdo con la relatora de país, Andrea Pochak, es fundamental que el sistema penitenciario sea administrado por fuerzas civiles debidamente capacitadas, ya que la militarización ha contribuido a un aumento en la violencia y a violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.
La CIDH subraya que la presencia militar no sólo es ineficaz para abordar la crisis carcelaria, sino que también perpetúa condiciones indignas y un entorno propenso a abusos, lo que requiere reformas estructurales urgentes para garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
