Copinh considera que la demanda interpuesta contra Dante Mossi, expresidente del BCIE, es un paso hacia la verdad y la justicia.
Además, plantean que prestamos del BCIE deben ser sometidos a rigurosas auditorías e investigaciones por acciones indebidas y consecuencias de los financiamientos otorgados.
Mossi negó las acusaciones, calificándolas de “mentiras”. Mientras que Nicaragua se opuso públicamente a la demanda contra el expresidente del BCIE.
Tegucigalpa, Honduras. – Las reacciones por la demanda civil interpuesta por la actual administración del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) contra su expresidente Dante Mossi no se han hecho esperar.
Especialmente por los sectores que denunciaron durante los cinco años de su gestión el alivio económico que prestó a gobiernos de corte autoritario en Centroamérica y la violación de derechos humanos en proyectos que fueron financiados por el BCIE.
El abogado e integrante del Bufete Estudios para la Dignidad (BED) comentó, a través de una publicación en redes sociales, que la acción del BCIE contra Mossi “no solo presenta el esquema ilegal estructurado por el Sr. Mossi, sino también, sus múltiples violaciones a las políticas del Banco”.
Fernández forma parte del equipo acusador privado en la causa Berta Cáceres, ambientalista Lenca y galardonada con el Premio Goldman en 2015, asesinada la noche del 2 de marzo de 2016 por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por el BCIE.
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EXIGEN AUDITORÍA RIGUROSA E INVESTIGACIÓN DE PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BCIE
Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Camilo Bermúdez, integrante del equipo técnico de litigio de la organización dijo a Criterio.hn que esta demanda es “un paso importante para la verdad y la justicia sobre los actos indebidos que se han realizado durante muchos años” en el BCIE.
Recordó que el Copinh ha denunciado de forma reiterativa las irregularidades en la administración y el mismo BCIE como institución, así como la responsabilidad que tiene sobre violaciones de derechos humanos en proyectos financiados por el banco de desarrollo regional.
El BCIE fue uno de los bancos de desarrollo que financiaron el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca de la Empresa de Desarrollo Energético S.A. (DESA), y por cuya oposición fueron asesinados varios defensores Lencas en el sur occidente de Honduras, entre ellos, Berta Isabel Cáceres Flores, entonces coordinadora general del Copinh.
Esta demanda “reconoce que durante esta administración de Dante Mossi, y también durante la anterior, hubo una serie de comportamientos indebidos que facilitaron no solamente violación de derechos humanos, sino también muchos actos de corrupción que han sido denunciados en distintos momentos”, compartió Bermúdez.
Agregó que el BCIE fue el respaldo económico principal del régimen de Juan Orlando Hernández y las violaciones a derechos humanos, corrupción e ilegalidades que se registraron durante sus dos administraciones, así como las acciones del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Bermúdez considera que tal como lo ha promovido el Copinh, los préstamos otorgados por el BCIE deben pasar por una exigente auditoría e investigación de las acciones indebidas y los resultados de los financiamientos.
Finalmente, señaló que las instituciones financieras internacionales son actores que suelen pasar desapercibidos, pese a tener la misma responsabilidad que los autores materiales de violaciones de derechos humanos, como fue el caso del asesinato de Cáceres en 2016.
BCIE, UN “CLUB DE AMIGOS”
La noticia ha causado una serie de comentarios en redes sociales, en los que se recuerda cómo durante su gestión, Mossi favoreció con préstamos continuos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, mientras se reprimían a estudiantes –resultando en la muerte de decenas de personas–, se expropiaban a organizaciones no gubernamentales, se cerraban universidades y se obligaba al exilio a la oposición.
También se recapituló en el papel que tuvo en un préstamo de $600 millones al gobierno de Nayib Bukele cuyo destino era apoyar a las pequeñas empresas de El Salvador durante la pandemia, pero de los cuales $200 millones fueron desviados para la implementación del Bitcoin, según un reportaje del Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP).
En dicha publicación citan a Carlos Acevedo, ex director del Banco Central de Reserva de El Salvador, quien mencionó que el BCIE funcionaba como un “club de amigos”, en el que primaba la política sobre inversiones sólidas. Esta dinámica se habría profundizado una vez que Mossi asumió el cargo en diciembre de 2018, señaló OCCRP.
Tras su respuesta inicial en las redes sociales en las que expresó como “increíble” la acción emprendida por sus “colegas” en el BCIE, Dante Mossi dijo a medios televisivos hondureños que se trata de “una serie de mentiras y falsedades. Obviamente, yo no tengo ningún problema en pelearlas en corte, pero es una respuesta ante una demanda que su servidor interpuso ante el BCIE por una decisión arbitraria de la señora Ana Sánchez, que es la nueva presidenta del BCIE”.
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En la demanda civil interpuesta por el BCIE contra Mossi, se le acusa de incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, inferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
NICARAGUA SE MANIFIESTA EN CONTRA DE DEMANDA
Al cierre de esta nota, medios ligados al oficialismo nicaragüense publicaron una carta escrita por Bruno Gallardo Palaviccine, gobernador del BCIE por Nicaragua, dirigida a Ana Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, en la que manifestó que la república que representa “no respalda” la acción legal.
“Consideramos que el BCIE debería enfocarse en el financiamiento a países, evitando acciones mediaticas en detrimento de su imagen y que pueden ser sujetas de manipulación política”, lee la carta.
Señaló que tanto el BCIE como los países que lo conforman cuentan con isntrumentos jurídicos para la resolución de diferencias, recalcando estar en desacuerdo con la pretensión de solventarlos en países extra regionales que no son accionistas del banco de desarrollo regional.
La Corte Centroamericana de Justicia admitió en agosto de 2024 una demanda en contra del BCIE de parte de Dante Mossi, quien alega la retención de 6,000 dólares de sus prestaciones, por lo que exige una indemnización por 2,375,810 dólares, sumado a las costas del juicio, el total sería de 3,096,353 dólares.
PIE DE FOTO: La Corte Centroamericana de Justicia tiene su sede permanente en Managua, Nicaragua, y es presidida por el magistrado nicaragüense Carlos Antonio Guerra Gallardo.
