En redes sociales, la PGR publicó que el titular de dicha entidad se reunió con los integrantes de la comunidad de San Juan, Tela, sin revelarse si se estableció una resolución entre las partes
Tegucigalpa.- Mientras la comunidad garífuna de San Juan en Tela, Caribe hondureño, está a la espera del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), las construcciones en su territorio ancestral continúan levantándose a manos de terceros.
Esto pese a que entre las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se incluyó impedir el levantamiento de nuevas edificaciones en la zona disputada, la cual fue respaldada por la firma de un acuerdo en 2022 entre Estado, integrantes de la comunidad garífuna de San Juan y terceros.
La denuncia fue realizada por integrantes de la comunidad de San Juan y miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), quienes recorrieron más de 300 kilómetros, el pasado miércoles 10 de mayo, para exigir un alto a las construcciones dentro de lo que ellos reconocen como parte del territorio ancestral de Dugurubuti Bei Bei, el nombre garífuna de la población.
La expresión “terceros poseedores de buena fe” es usada por la Procuraduría General de la República y se utiliza para quienes obtuvieron “de buena fe”, según la PGR, los territorios ancestrales de la comunidad garífuna de San Juan, entre los que se incluye parte de la laguna de Los Micos, la cual en agosto de 2022 estaba siendo rellenada para la construcción de complejos habitacionales.
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Desde la cuenta en Facebook de la PGR se publicó que el titular de dicha institución, Manuel Antonio Díaz, recibió a los integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, sin revelarse si se estableció una resolución entre las partes.
CONSTRUCCIONES CONTINÚAN PESE A ACUERDO Y MEDIDAS CAUTELARES
“Estamos cansados de tanto atropello de parte del Estado, de parte de terceros en nuestro territorio. Por eso estamos aquí, porque si nos quedamos con los brazos cruzados perderemos nuestros territorios”, narró Alberto Santos el pasado miércoles 10 de mayo mientras grababa la demostración pública en los bajos de la oficina de la PGR en Tegucigalpa.
El integrante de la Ofraneh, Rony Castillo, dijo que la organización acompaña a la comunidad de San Juan en su reclamo ante el incumplimiento de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana en el que se prohibió construcciones por parte de terceros, cierre de calles y playas.
En julio de 2006, la CIDH otorgó una serie de medidas cautelares a favor de la comunidad garífuna de San Juan, en la que solicitó al Estado de Honduras proteger la vida y la integridad de los liderazgos y el derecho de propiedad de la comunidad sobre estas tierras.
Así como: “evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que pueda afectar los derechos que se desprenden de la propiedad ancestral de la comunidad beneficiaria, hasta tanto los órganos del sistema interamericano adopten una decisión definitiva con respecto al presente caso”.
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PIDEN A PGR QUE PREVALEZCA ACUERDO
Castillo afirmó que el 27 de agosto del año pasado se firmó un acuerdo entre el Estado de Honduras, la comunidad garífuna de San Juan y los terceros, en el que la Procuraduría daría seguimiento y evitaría que continuara el incumplimiento y se siguieran levantando edificaciones en el territorio en disputa.
El presidente del patronato de la comunidad de San Juan, Marvin Güity, declaró que exigen a la PGR, que, como firmante del acuerdo, haga prevalecer el acuerdo y pongan un alto a las construcciones.
Esto debido a que cuando integrantes de la comunidad garífuna han intentado interrumpir el levantamiento de estas construcciones, estos han sido criminalizados por la misma PGR, institución estatal que además señalaron se ha reunido con los patronatos de los barrios en territorio ancestral garífuna, afirmando que estos quieren sacarlos de su propiedad, compartió.
Por su parte, Rony Castillo, remarcó que contrario a la “campaña de odio” que ha sido impulsada, la comunidad garífuna no está en disputa con los habitantes de los barrios que se establecieron, sino con quienes han tomado los terrenos para construir complejos habitacionales y turísticos, a la vez que afirman que “esos negros no tienen derecho”, mientras levantan “guetos” y procuran un “apartheid” en el territorio ancestral de los garífunas.
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Castillo señaló que “los terceros desprecian siempre a las comunidades [garífunas] porque son racistas, son clasistas, son gente que odia a las comunidades, pero se quieren beneficiar de los territorios porque son parte de un plan de desplazamiento, de despojo de las comunidades de las playas”.
