La compañía estadounidense Atlanco entregó más de USD 2 millones en sobornos a funcionarios hondureños para asegurarse contratos por USD 10 millones en equipo policial y militar
Elaborado con la colaboración especial desde la corte de Miami de Karen Spring, Honduras Now
Tegucigalpa, Honduras. – Los hondureños siempre vieron con desconfianza la imposición de la tasa de seguridad poblacional y el destino de los fondos recaudados, calificándolos desde el inicio como un nuevo método de robo al pueblo.
En un juzgado de Miami, los miedos de la población son confirmados en un caso donde la compañía estadounidense Atlanco destino más de USD 2 millones en sobornos a funcionarios hondureños para obtener contratos por un total de USD 10 millones en la adquisición de equipo e indumentaria policial y militar.
El caso involucra al estadounidense Carl Alan Zaglin, director ejecutivo de la empresa Atlanco, dedicada a la fabricación de uniformes y accesorios para las fuerzas públicas. No obstante, son los funcionarios hondureños que recibieron los sobornos, quienes mantienen el interés de la población.
Incluso durante el testimonio de Juan Ramón Molina, día 5, este refirió que desde la Embajada de EE. UU. en Honduras se había ayudado a empresas estadounidenses como Atlanco y otras a conseguir reuniones con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco, para negociar los contratos.
¿QUIÉNES SON LOS HONDUREÑOS SALPICADOS?
Francisco Roberto Cosenza, ex director ejecutivo de la Tasa de Seguridad Poblacional, fue extraditado a Estados Unidos el 15 de febrero de 2024, se declaró culpable en agosto por el delito de participación en transacciones con bienes de origen ilícito y admitió haber recibido sobornos por al menos USD 188,338 en contratos millonarios.
En el juicio contra Zaglin, Cosenza es señalado por Aldo Néstor Marchena como la persona detrás de las compañías DC Investment Ltd y Sky Honduras, a través de la cual Achieve –la empresa de Marchena– realizó los pagos de sobornos por USD 2.5 millones. Marchena incluso le habría ayudado a abrir cuentas bancarias en Estados Unidos, a través de las cuales esperaba comprar bienes raíces en ese país de Norteamérica.
Juan Ramón Molina representante del Cohep ante el Comité Técnico de la Comisión Tributaria de Seguridad (Tazón), se declaró culpable por lavado de dinero y admitió haber recibido tres sobornos por USD 114 mil de parte de Atlanco. En total recibió USD 2 millones en sobornos tanto de Atlanco, como otras empresas ligadas al Tazón.
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Fue nombrado representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante el Tazón por Aline Flores, entonces presidenta de esa entidad, mediante una carta dirigida al mandatario Juan Orlando Hernández el 23 de diciembre de 2015. Como su suplente fue nombrado José Eduardo Atala Zablah, padre de Daniel Atala Midence, actualmente prófugo de la justicia hondureña y con requerimiento fiscal por suponerlo responsable en el asesinato de la lideresa lenca, Berta Cáceres.
Jaime Nativí, exrepresentante por Honduras ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), fungió como broker o corredor de TPG y Atlanco, y es considerado por la Fiscalía como un coconspirador en el caso. El portal de Contrataciones Abiertas de Honduras indica a Jaime Arturo Nativí Galvez como titular de Consultores y Comercializadores de Productos de Exportación e Importación (CCOEXPI), a través de esta empresa Nativí recibió USD 75 mil, uno de tres pagos realizados por los contratos de Atlanco.
El testimonio del contador forense Michael Preton, día 6, afirma que Nativí recibió al menos USD 350 mil a través de transferencias realizadas por Atlanco a través de la empresa Achieve. Aclaró que su análisis está limitado a las transferencias electrónicas realizadas y que no podía rastrear los pagos realizados en efectivo.
Julián Pacheco Tinoco fue titular de la Secretaría de Seguridad entre 2015 y 2022, segundo mandato de Juan Orlando Hernández, hoy sentenciado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión por delitos ligados al narcotráfico. Durante el testimonio de Juan Ramón Molina, día 5, este mencionó que la Embajada de Estados Unidos en Honduras asistió a las compañías como Atlanco y otras para obtener reuniones con Pacheco, con el fin de discutir contratos.
Pacheco participó en reuniones con Loren Simpson, presidente de la compañía estadounidense de Tactical Products Group, junto a otros representantes de TPG y Atlanco; Jaime Nativí y el oficial de la Policía Nacional, Héctor Iván Mejía. En la foto mostrada en la corte, Tinoco estaba inspeccionando los uniformes durante una reunión con Atlanco y TPG en Honduras, que intentaban que el gobierno firmara un multimillonario contrato con Atlanco.
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Más adelante, también se reunió con Steve Ortiz, un contratista independiente que está ligado a un programa mediante el cual la Sección de Asuntos Internacionales Contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, financiaría un programa de compra de armas, equipo táctico, uniformes, aviones, helicópteros, con el propósito de supuestamente ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
LA EMBAJADA DE EE UU, EL TAZÓN Y JOH
Como se mencionó anteriormente, Steve Ortiz, un consultor involucrado en la presentación de un “proyecto INL” del cual no se tienen detalles, se reunió con Julián Pacheco. A través de este proyecto también una delegación de funcionarios hondureños viajó a Estados Unidos para reunirse con las empresas estadounidenses, además visitaron las oficinas de Atlanco en Estados Unidos.
En el tercer día del juicio, Bryan Berkman explicó que el programa financiado por INL permitía a las empresas de equipamiento de seguridad y táctico presentar propuestas para obtener financiación de esa oficina que sería destinado, mediante el Tazón, a la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado en Honduras.
Karen Spring de Honduras Now, explicó a Criterio.hn que, en 2019, la INL destinó fondos –dinero de impuestos estadounidenses– a la tasa de seguridad para la compra de armas, equipo táctico, uniformes, aviones y helicópteros. Esos recursos fueron usados para beneficiar a empresas de seguridad estadounidenses. No obstante, en esta ocasión –pese a los sobornos– el contrato no fue adjudicado a Atlanco y el grupo de empresas ligadas a él, sino a 511 Tactical.
Spring apuntó que al final detrás de la donación de INL a la tasa de seguridad, o Tazón como es conocido en Honduras, se buscó beneficiar a empresas estadounidenses, y que el motivo por el que fue llevado a juicio el esquema de sobornos no sería porque a Estados Unidos le importe la corrupción en Honduras, sino por cómo los sobornos afectaron los procesos de licitación en los que participaron sus empresas.
En todo este esquema, queda la incógnita sobre cuál fue el involucramiento de Juan Orlando Hernández en la red de sobornos de la tasa de seguridad. Si bien el tema del presidente no ha sido abordado en el juicio, el testimonio de Berkman sugeriría que Hernández influyó en la aprobación de contratos, ya que en un correo electrónico se indicó que ningún contrato sería firmado hasta su regreso al país, refiere el resumen de Spring el día 4.
Un comentario
Que barbaridad, que pudrición en esos 12 años de gobiernos «Caholiberales».