Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra una presunta estructura criminal instalada en la Municipalidad de San Marcos, Santa Bárbara, señalando el desvío sistemático de fondos públicos que debían beneficiar a la comunidad.
Según la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), la operación era dirigida desde la cárcel por el exalcalde Pedro Armando Aguilar Orellana, actualmente condenado y quien permanece en el centro penitenciario de Tamara.
FUNCIONARIOS MUNICIPALES IMPLICADOS Y MODUS OPERANDI
La acción, desarrollada con apoyo de la Agencia técnica de Investigación Criminal (ATIC), permitió la captura de seis funcionarios, entre ellos, la regidora municipal y actual pareja de Aguilar, Sandra Perdomo Castillo, así como el jefe de desarrollo municipal y aspirante a alcalde por el Partido Liberal, Jesús Alberto Hernández Soliz.
La acusación detalla el uso de comunicaciones telefónicas desde el centro penitenciario, manipulación de documentos y la adjudicación ilícita de contratos municipales, pese a que Aguilar está privado de su libertad desde 2023. Además, se le investiga por posibles conexiones con redes de narcotráfico asociadas al exjefe militar Romeo Vásquez Velásquez.
De acuerdo con el MP, la red simulaba compras (como mochilas escolares) y desvió recursos en la adquisición de automóviles y bienes de lujo, sin que estos llegaran, en realidad, a la población.
En la operación se capturó, además, a Dania Iveth Villalvir Torres (tesorera), Ada Lizeth Pineda Villeda (auditora), Lourdes Borjas Maldonado (jefa de personal) y Elisa Castellanos Pineda (contadora). A quienes se les imputan delitos como malversación de caudales públicos, lavado de activos, asociación para delinquir y administración desleal de patrimonio.
PERSISTEN REDES CRIMINALES EN CENTROS PENITENCIARIOS
El caso expone la fragilidad de los controles en centros penitenciarios hondureños. El abogado defensor de derechos humanos y y director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, advierte que la corrupción interna permite a privados de libertad —incluso líderes de estructuras delictivas— acceder a teléfonos y coordinar operaciones, pese a los supuestos bloqueos en las cárceles.
“Siempre hay un cierto nivel de corrupción que facilita el acceso a medios de comunicación para personas vinculadas a crimen organizado, pero también a quienes cumplen condenas por delitos comunes”, denuncia Acevedo.
Acevedo insiste en la instalación efectiva de bloqueadores de señal y el fortalecimiento real del control penitenciario, como mecanismos preventivos para frenar la dirección remota de redes criminales. Considera un avance el hecho de que el Ministerio Público haya identificado la operación ilegal desde el centro penitenciario, pero urge no detenerse: “Se debe profundizar la inteligencia y desarticular a quienes puedan seguir delinquiendo desde prisión”.
FONDOS PÚBLICOS, CODICIADOS POR LA CORRUPCIÓN
Javier Acevedo señala que la débil supervisión institucional y el control político sobre entes investigadores facilitan el desvío de recursos públicos, como se ha observado en los últimos años, en caso como, la caja Chica de la Dama, Arca Abierta, Narcopolítica, Red de diputados, entre otras y las más reciente el desvío de los fondos del Fondo de Administración Solidaria Social.
“La corrupción ha sido clave en la construcción de capitales ilícitos en Honduras”, señala Acevedo. En ese sentido, subraya la importancia del control independiente y la garantía de supervisión bancaria ante flujos irregulares para combatir tanto la corrupción como el lavado de activos,
El Ministerio Público asegura que la investigación continuará para identificar posibles colaboradores y cerrar espacios a la corrupción que, según analistas, permanece anclada en la gestión local y penitenciaria del país.
