Otro escándalo exponiendo la corrupción policial y participación de comisionados de la policía hondureña en asesinatos y crimen organizado salió en la prensa otra vez en marzo del 2016. Poco después, el 7 de abril, el Congreso hondureño aprobó un decreto que legisla la depuración de la policía hondureño, declarando la limpieza como una “prioridad nacional.” El decreto pidió la creación de la Comisión Especial para Depurar la Policía Nacional de Honduras.
No es la primera vez que un escándalo provoca la aprobación de una legislación para depurar las fuerzas de seguridad hondureñas corruptas. En Enero de 2014, se creó la Comisión de Reforma de Fuerzas de la Seguridad Pública y hoy se admite ampliamente que fue un fracaso enorme, incluso por aquellos que aplaudieron su esfuerzo. Algunos no se sorprenden al ver que esta nunca logró aquello para lo cual fue creada.
El gobierno de Honduras lo hace de nuevo. Días después que se aprobara el decreto 2016, se formó una Comisión Especial para Depurar la Policía Nacional de Honduras. Entonces pensé que valdría la pena echar un vistazo a las asociaciones y antecedentes de los tres Comisarios nombrados a la Comisión – Omar Rivera, Alberto Solórzano y Vilma Morales.
Omar Rivera, Coordinador, Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ)
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) es una organización hondureña y estadounidense que recibe apoyo significativo de USAID de los EEUU para ejecutar programas como Centros de Alcance en el barrio de Nueva Suyapa en Tegucigalpa; los Centros de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC); y una subvención bajo el programa de educación “Impulsando la Participación Ciudadana, Transparencia y Oportunidades Sociales (IMPACTOS)”, entre otros. ASJ recibe el apoyo de la Iglesia Reformada Cristiana Evangélica en América del Norte.
ASJ coordina una iniciativa conocida como la Alianza para La Paz y La Justica (APJ), un amplio grupo de “organizaciones de la sociedad civil” que tiende a dominar los espacios donde la “sociedad civil” es consultada acerca de temas nacionales de importancia como seguridad, impunidad y corrupción. Entre los aliados de la APJ están el Grupo de la Sociedad Civil, Transformemos Honduras, MOPAWI y la Confraternidad Evangélica, entre otros. APJ es financiado por el Instituto Democrático Nacional (una organización del Partido Democrático de los EEUU que financia casi exclusivamente las mismas organizaciones aliadas con APJ) y el Departamento de Estado, desde la Oficina de Conflicto y Operaciones de Estabilización, creada para “mejorar la eficacia y la coherencia del gobierno de los EEUU en situaciones de conflicto.”
Es casi imposible investigar uno de los programas de ASJ sin conectarse a la financiación de los EEUU y programas que promueven la política estadounidense en Honduras y soluciones cosméticas a grandes problemas estructurales como la corrupción e impunidad. Muchas personas en el movimiento social hondureño ven a la ASJ y la Embajada de los EEUU como dos caras de la misma moneda.
Pastor Alberto Solórzano, Presidente, Confraternidad Evangélica, junta directiva, Alianza por la Paz y la Justicia (APJ)
Como se mencionó anteriormente, la Confraternidad Evangélica es uno de los miembros de la iniciativa APJ, coordinada por ASJ. La organización afirma que representa el 90% de todas las organizaciones evangélicas en Honduras. Un conocido pastor de la iglesia Vida Abundante y representante de la Confraternidad Evangélica, Evelio Reyes recientemente condujo rezos públicos en la Casa Presidencial con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, la primera dama Ana de Hernández y asistentes de muchas Iglesias y organizaciones evangélicas. Evelio Reyes, un pariente cercano al Ministro de Defensa, Samuel Reyes y amigo del Presidente Hernández, fue objeto de una demanda en 2013 presentado por el respetado activista hondureño de la comunidad LGBTI, Erick Martínez. El pastor profirió insultos degradantes y discriminatorios contra la comunidad LGBTI a su congregación diciéndoles que “no votaran por homosexuales o lesbianas que corrompen el modelo de Dios”.
En defensa de Reyes, la Confraternidad Evangélica escribió una carta pública, firmada por el Pastor Alberto Solórzano, uno de los miembros de la Comisión de Depuración Policial , expresando su desacuerdo con la investigación contra el Pastor Reyes y justifica las declaraciones homofóbicas como “movidos por el interés de presentar el plan de salvación de Dios para la humanidad con el objetivo de buscar la preservación de la sociedad.” Estos ataques verbales y odio contra la comunidad LGBTI son alarmantes teniendo en cuenta la violencia y los asesinatos reportados por organizaciones hondureñas. En los últimos siete años, 215 personas LGBTI han sido asesinadas en Honduras, 37 en los cuales ocurrieron en el años 2015 solamente.
Ante su nominación para la Comisión para Depurar la Policía, varios cuestionan la participación del Pastor Solórzano. Según el ex-fiscal general Edmundo Orellana, “ningún ministro religioso puede asumir funciones públicas,” alegando que el nombramiento del Pastor era ilegal. Las críticas de Orellana fueron ignoradas.
Vale la pena mencionar que los dos suplentes de la Comisión para Depurar la Policía son Carlos Hernández, Presidente de la ASJ y Jorge Machado, miembro de la Confraternidad Evangélica.
Vilma Morales, ex-Presidenta de la Corte Suprema de Justica; miembro, Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); miembro, Comisión Interventora del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)
Vilma Morales es conocido por su participación en “Comisiones de Intervención” en al menos dos instituciones públicas de Honduras desde el año 2009. Ella también es conocida como gran defensora del golpe de estado militar del 2009, negando en las semanas siguientes que un golpe ocurrió en Honduras. Morales represento el régimen de facto de Roberto Micheletti en las negociaciones después del golpe e insistió en que el derrocado presidente Manuel Zelaya se enfrentaría cargos criminales a su regreso a Honduras.
En Honduras, las “Comisiones Interventoras” son entendidas de ser “Comisiones de Privatización”. En muchas ocasiones, como fue el caso con INPREMA, IHSS, y la empresa telefónica HONDUTEL, todas las instituciones públicas fueron “intervenidas” o brevemente entregadas a una Comisión para una revisión estructural, que más tarde, propone reformas estructurales que ponen a las instituciones camino a la privatización. Vilma Morales participó en dos de las instituciones mencionadas y ayudó a blanquear la corrupción vinculada a funcionarios de alto nivel del gobierno en ambas ocasiones, garantizando la impunidad, mientras que la Comisión Interventora anunció grandes reformas neoliberales en ambas instituciones. Morales será conocido en la historia hondureña como una ‘perrita faldera’ del Fondo Monetario Internacional (FMI), que marcó el comienzo de los ajustes estructurales en ambas instituciones.
En 2009, el gobierno de facto de Roberto Micheletti saqueó más de $40 milliones del fondo de pensiones de los maestros, una de las bases más fuertes del movimiento social después del golpe: el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). La crisis financiera llevó a la Comisión Interventora, que Morales encabezó y más tarde recomendó serias reformas neoliberales a la institución. Con la intervención a su fondo de pensiones, los maestros perdieron el control de la administración de sus préstamos, sus beneficios sociales y junto con la aprobación de una nueva ley de educación, Morales y la Comisión Interventora marcaron el comienzo de algunos de los cambios más grandes en la educación pública en Honduras. El movimiento magisterial, uno de los más fuertes movimientos sociales en el país, cayó aparte debido a los grandes cambios estructurales a INPREMA, que dio pie a la privatización lenta y gradual de la educación pública.
Años después en 2014, Vilma Morales fue nombrada jefa de la Comisión Interventora del IHSS después de que el periodista hondureño David Romero destapara un escándalo de corrupción de $350 millones de dólares en el IHSS. El escándalo involucró la creación de una serie de empresas fantasmas que lavaron dinero desde el IHSS que manejó beneficios sociales y médicos para los empleados públicos. El dinero robado estaba vinculado a funcionarios de alto nivel en el actual partido en el poder y múltiples cheques fueron depositadas en las cuentas del Partido Nacional de Honduras. En el proceso, se produjo una crisis financiera en el IHSS. El IHSS se agotó de medicamentos, equipos, asistencia, y recursos humanos y alrededor de 3.000 personas perdieron la vida como resultado. Como la crisis explotó y miles de hondureños salieron a la calle exigiendo justicia, Morales fue nombrada a la Comisión Interventora establecida para revisar las finanzas y reestructurar el IHSS. Una de las recomendaciones de la Comisión fue la aprobación de la Ley Marco del Sistema de Protección Social que después, fue aprobado en el Congreso y recibió un fuerte respaldo de Morales. Sindicatos hondureños y empleados públicos criticaron la nueva ley y se movilizaron para detenerlo con poco éxito.
En diciembre de 2014, el gobierno hondureño firmó un acuerdo de $189 millones de dólares con el FMI. En el resumen del acuerdo Stand-By, el FMI aplaude los cambios estructurales realizados en IMPREMA y menciona la importancia de modelar la reestructuración del IHSS con las lecciones aprendidas en IMPREMA. Ambas reestructuraciones institucionales se produjeron después de una “crisis” de corrupción, el nombramiento y el trabajo de una Comisión Interventora y una nueva ley que propone ajustes económicos neoliberales radicales.
Vilma Morales, Omar Rivera y Pastor Alberto Solórzano son individuos vinculados a fuertes intereses evangélicos, golpistas, y a los de la Embajada de los EEUU. Su participación en la Comisión Especial para Depurar la Policía arroja una luz sobre a la posición de los EEUU en las decisiones que la Comisión tendrá que hacer dado los fuertes lazos de Rivera y Pastor Solórzano al financiamiento de la Embajada de los EEUU.
Al examinar las asociaciones de Rivera y Solórzano también se plantean preguntas importantes sobre el firme apoyo de los EEUU y el financiamiento para las Iglesias y organizaciones evangélicas en Honduras. El papel de Vilma Morales en la Comisión puede ser reflejo de algún tipo de reestructuración económica, aunque hasta la fecha, la Comisión no ha tocado el tema.
