Por: Carlos Zelaya Herrera
Luego de la veeduría de la Unión Europea y de organizaciones de la sociedad civil en el proceso electoral de noviembre de 2013, ambos recomendaron reformas político-electorales, peticiones que a más de dos años de gobierno cayeron en oídos sordos del partido que monopoliza el control de los poderes del estado.
Una férrea regulación que emana desde el poder ejecutivo, al congreso nacional, corte suprema de justicia, Ministerio Público (MP), Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro Nacional de las Personas (RNP), que con malicia los medios corporativos suelen transferir al conjunto de la clase política del país.
Entidades que funcionan tanto en mantener el estatus quo en beneficio del sistema público para implementar la estructura legal, política, económica y cultural de dominación propia del modelo neoliberal; como los matices absurdos del modelo político, ya que ambos andan de la misma mano de la corrupción e impunidad, tal como la conocemos hoy
Volviendo al tema de las enmiendas político-electorales, estas debieron haber sido pactadas y aprobadas en el congreso nacional, sin embargo, a esta altura del período el régimen nacionalista no permite que se desarrolle el ambiente propicio para que las mismas recalen en posturas flexibles y acuerdos asequibles para las bancadas mayoritarias, léanse las facciones libre, liberales y PAC.
En diciembre de 2015 la vicepresidenta del parlamento europeo, Ulrike Lunacek, dijo estár decepcionada porque después de dos años desde que hubo un compromiso de emprender dichas reformas nada ha pasado en el país.
Seré muy honesta, estamos decepcionados con el poco avance en las recomendaciones de reformas político-electorales de hace dos años, dijo Lunacek en aquella ocasión.
Nada extraño si se evocan mensajes inamovibles y claros contrarios a dichas transformaciones y el interés único de aprobar el financiamiento a las campañas políticas, vertidos en diferentes momentos por diputados oficialistas como expresión oficial de ese poder del Estado.
Tanto libres como diputados del PAC, apoyados por el PINU-SD, aún reclaman la su representatividad en el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas; así como la alternancia y paridad de género.
Asimismo, enmiendas como la segunda vuelta electoral, a iniciativa del partido liberal, el voto electrónico, propuesto por el partido anticorrupción; elaborar un mecanismo de selección ante el empate de votos en vez de lanzar la moneda al aire; sin embargo todas están empantanadas en la cámara legislativa.
Un acorralamiento que ha dado lugar a advertencias, como las expresadas por diputados de libre, de que sin reformas electorales no habrá elecciones generales en noviembre de 2017 en el país.
También hace una semana el liderazgo de libre, PAC y PINU-SD formularon un comunicado conjunto reafirmando su rechazo a la reelección presidencial, aspecto sobre el cual el partido nacional se pronuncia por su reglamentación.
Un tema sinuoso, como la política, si se considera la consulta interna que practicará el partido libre, para conocer qué posición tienen sus bases sobre la reelección presidencial, en el caso que el actual gobernante confirme sus aspiraciones de permanecer al frente del poder ejecutivo.
Un estigma que también abre expectativas de una posible negociación para definir la figura de la reelección presidencial en el seno de la Cámara Legislativa, a cambio el nacionalismo de luz verde a las reformas ya citadas.
