Ceteris Paribus
ANNUS HORRIBILIS (I)
Por: Julio Raudales
Una primera mirada de los 365 días que terminarán dentro de pocas horas, podría llevarnos a la conclusión de que no hay nada que recordar; que deberíamos poner un manchón de tinta sobre el almanaque, dar vuelta a la página y… ¡a otra cosa mariposa!
Por suerte, siempre se puede aprender de las experiencias, especialmente las muy negativas. Creo que los hondureños debemos usar el distópico 2020 como impulso para iniciar -ya era hora- un proceso que revierta tanta tragedia, que ponga fin a la desesperanza y promueva un cambio de actitud y de acciones, especialmente por parte del liderazgo político, pero también de la ciudadanía. Los japoneses y alemanes lo hicieron después del 45, ¿Por qué no nosotros?
¿Qué hacer? Preguntaba el ruso Nikolai Chernishevsky allá por 1863, en una novela que, retomada e interpretada por Vladimir Lenin -quien a su vez escribió un tratado de política homónimo, antes del triunfo de la Revolución Rusa en 1917-, se convirtió en lectura de culto para los intelectuales soviéticos. ¿Qué hacer? es, de todas formas, una buena pregunta, si es que deseamos en realidad que las cosas cambien y nos negamos a quedarnos a esperar al lado de la vereda, a que el país por fin arranque.
Sé que hay medidas importantes a tomar. Si decidimos adoptar un manual de políticas públicas al uso, probablemente hará hincapié en la necesidad de invertir en infraestructura vial, fortalecer los derechos de propiedad, impulsar el comercio internacional, disminuir las trabas administrativas a la inversión privada y sobre todo mejorar la calidad del gasto público para centrarlo en educación y salud o una profunda reforma fiscal. ¡En fin! Son tantas las insuficiencias… ¿Por dónde empezar?
Yo destacaría tres necesidades imperiosas para salvar la república: a) adecentar la administración del erario; b) fortalecer las reglas de la democracia y c) construir organizaciones ciudadanas que controlen y equilibren las acciones de los poderes.
Ninguna de las tres aparecerá en el libreto de los formadores de políticas públicas tradicionales, pero son, a mi juicio, la clave para arrancar.
Sobre la necesidad de volver decente la administración pública, no habrá mejora posible sin un cambio radical en la forma de elegir e incentivar a los funcionarios y empleados del gobierno.
Un breve examen del estado del arte al respecto, nos muestra un servicio civil desaliñado, inoperante y mal pagado, utilizado únicamente como botín proselitista y sobre todo, despojado de sus funciones sustantivas y suplantado por unidades administradoras de fondos de fideicomiso, ligadas a la banca pública y privada.
En conclusión; tenemos dos tipos de empleados y funcionarios gubernamentales:
En las Secretarías de Estado y otras oficinas, pululan profesionales y no-profesionales que ganan salarios indignos, que en su mayoría carecen de una función específica y que están allí, vegetando en la incertidumbre de perder su empleo si el partido en el poder pierde las próximas elecciones. En algunos casos, estas personas dedican gran parte de su jornada a navegar en las redes sociales con la orden de responder con halagos a los “tweets o posts” del presidente y otros funcionarios.
Todo lo anterior contrasta con las cómodas oficinas pagadas por los bancos comerciales, donde funcionan “unidades especiales” que administran los multimillonarios fondos de fideicomiso que el gobierno pone en el sistema financiero para que se hagan cargo de las tareas que la “administración tradicional” no puede ejecutar con eficacia. Allí los salarios son jugosos y el perfil profesional de los empleados, bastante mas “lustroso”. Ejemplos egregios de esta “novísima forma de administración” son INVEST-H, la Tasa de Seguridad y el Programa Vida Mejor.
¿Mejoró la eficacia en la administración debido a estos “innovadores” mecanismos? ¿Disminuyó la corrupción?, ¿Generaron ahorros a erario? Parecen buenas preguntas. A priori todo indica que no, al menos los índices de competitividad, desarrollo humano y pobreza continúan en declive. Y los escándalos de corrupción siguen llenando portadas.
Propongo entonces iniciar con un cambio que haga eficiente de una vez la administración pública. Esto pasa por una nueva Ley de Servicio Civil, moderna y eficiente, que valore la meritocracia, incentive adecuadamente a los empleados y libere a la burocracia del terrible atavismo de ser considerada un botín político.
Es necesario entonces una reingeniería del sector público. Evaluar a todo el personal y despedir -con derechos pagados- al que no cumpla con los requisitos. Estoy seguro de que este sería el primer paso a un cambio regenerativo en el estado.
Otra reforma importante es la que regule el nombramiento de los funcionarios de alta categoría. No se puede seguir colocando titulares de Secretarías de Estado y otras instancias, considerando únicamente la variable “confianza”. Los últimos años nos muestran un serio declive en la calidad de los perfiles de los funcionarios, de tal manera que muchos profesionales serios, optan por rechazar un cargo, debido a l desnaturalización y desprestigio en que dichos puestos han caído.
Quedan aún dos elementos clave para iniciar el cambio: Fortalecer la democracia y construir de ciudadanía, que abordaré en una próxima entrega.
