Martín Vizcarra consideró que el parlamento rechazó de hecho el pedido de cuestión de confianza, al elegir a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional
Tomado de: RT
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha resuelto este lunes la disolución del Congreso de la República, al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, aunque la misma fue aprobada en el mismo momento en que el mandatario anunciaba la decisión.
«Ante la negación fáctica de confianza, decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República», anunció Vizcarra.
El Congreso eligió este lunes a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin debatir el recurso constitucional presentado por el mandatario con el objetivo de intentar frenar ese proceso.
Seguidores del presidente peruano Martín Vizcarra celebran fuera del Congreso la
disolución parlamentaria en Lima, 30 de septiembre de 2019. / Guadalupe Pardo / Reuters
El Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros de ese organismo, y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien logró los 87 votos necesarios para ser magistrado.
La cuestión de confianza proponía la modificación del proceso de elección de candidatos al TC, bajo el argumento de que, de lo contrario, no se realizaría de manera transparente.
El fujimorismo, opositor a Vizcarra, tiene mayoría absoluta. Más de 70 congresistas pertenecen a esa fuerza, y junto con aliados reúnen más de 80 miembros, en un congreso unicameral de 130 legisladores.
La celebración en la Plaza San Martín en el momento en que el presidente Martín Vizcarra anuncia la disolución del Congreso
Para Vizcarra, entonces, en esa elección los parlamentarios buscarían designar a magistrados «que respondan a sus intereses, que no son los intereses de la nación».
«Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país», manifestó el presidente en un discurso leído desde el Palacio de Gobierno.
En las calles de Lima, manifestantes oficialistas celebraron la disolución del recinto legislativo y apoyaron a Vizcarra, ante la posibilidad de que sea removido de su cargo a través de un pedido de vacancia, que se debatía en el Congreso y que, de avanzar, implicaría el fin de su mandato. Ese mismo proceso llevó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a presentar la renuncia en marzo de 2018.
Una disolución a destiempo
En el mismo momento en que Vizcarra se dirigía a la nación, el Congreso aprobó otorgarle la cuestión de confianza planteada en la mañana por el primer ministro, Salvador del Solar.
La votación tuvo el respaldo de 50 congresistas, mientras que 31 se posicionaron en contra y hubo 13 abstenciones. De acuerdo al presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, la decisión sería comunicada en breve al jefe de Estado.
La policía hace guardia afuera del Congreso después de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra,
cerró el Congreso en Lima, el 30 de septiembre de 2019. / Guadalupe Pardo / Reuters
Según la constitución de Perú, el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso si este le niega la cuestión de confianza, respecto a una política que desea aplicar, a dos Gabinetes del mismo Gobierno.
En 2017, el parlamento rechazó la confianza a Fernando Zabala, expresidente del Consejo de Ministros.
Moción de vacancia para el presidente Vizcarra
Minutos después de que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, resolviera la disolución del Congreso de la República, el Parlamento comenzó a discutir la vacancia en el cargo del mandatario ante la «incapacidad moral».
Se trata de otro recurso previsto en la Constitución, y ha sido planteado por la congresista Yeni Vilcatoma al considerar que Martín Vizcarra cometió una «conducta inmoral», al haber disuelto el Congreso cuando sus miembros se disponían a tratar la cuestión de confianza.
Qué puede pasar
El escenario político en Perú, donde se libra una batalla entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, con interpretaciones de la Constitución diversas, es por estas horas extremadamente complejo.
Tras la disolución del Congreso por parte del presidente, existe la posibilidad de que el jefe de Estado utilice la fuerza pública —podría actuar la Policía y en última instancia las Fuerzas Armadas— para desalojar el edificio parlamentario.
Los congresistas, que debaten en medio de un clima de tensión la moción de vacancia contra Vizcarra, no parecen dispuestos a abandonar el recinto por su propia voluntad.
Según establece la Constitución, la Comisión permanente del Congreso debería sesionar respecto a la decisión del presidente, y en un lapso no mayor a cuatro meses, debería convocarse a nuevas elecciones parlamentarias.
De acuerdo a lo que establece el artículo 135, dentro de ese período el Poder Ejecutivo «legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale».
Una vez compuesto el nuevo Congreso, los parlamentarios que entran en funciones se reúnen con la potestad de censurar al Consejo de Ministros —órgano que conforman todos los ministros del Estado peruano—, o negarle la cuestión de confianza, una vez que el titular del Consejo haya expuesto ante el Congreso las razones que tuvo el Ejecutivo para disolver el Parlamento.
En tanto, de no celebrarse la elección dentro de los cuatro meses previstos, el Congreso disuelto «se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros», indica la carta magna peruana.
Por otra parte, explicita que «ninguno de los miembros del Consejo puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial».
