Este lunes se reunió la troika de la Celac, integrada por Honduras, Colombia y San Vicente y las Granadinas, y durante el transcurso de la semana anunciarán acciones tras crisis diplomática entre Ecuador y México
Foto portada: cortesía Antena3.com
Tegucigalpa, Honduras.- La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuya presidencia pro tempore ostenta la presidenta hondureña Xiomara Castro, se reunió este lunes para abordar el asalto perpetrado por Ecuador en la Embajada de México en dicho país, el viernes 6 de abril, que culminó con la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
La troika, máxima instancia del ente regional, se congregó en la mañana del lunes con sus integrantes: la presidenta Xiomara Castro, el primer ministro de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves, y el presidente colombiano Gustavo Petro, con el fin de establecer una posición frente a los incidentes acontecidos.
Uno de los resultados de la reunión que se darán a conocer durante la semana, junto con la que sostendrán este martes los cancilleres latinoamericanos y caribeños, será la convocatoria a una reunión entre los jefes de Estado y de Gobierno de los 33 países que conforman el mecanismo intergubernamental, según informó la presidenta Castro.
Simultáneamente, tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ciudad de México y Quito, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que solicitará respaldo a la Celac y agradeció el apoyo de 20 países latinoamericanos que se han sumado a rechazar las acciones ejercidas por Ecuador.
Nicaragua, al igual que México, rompió relaciones con Ecuador, mientras que países como Honduras, Colombia, Chile y Argentina también se han alineado con México y han denunciado violaciones al derecho internacional por parte del Gobierno ecuatoriano.
«Si Ecuador tenía una interpretación diferente respecto a las convenciones de asilo, debió recurrir en todo momento a procedimientos pacíficos, tal y como lo establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Pacto de Bogotá, y no lo hizo», declaró a través de una conferencia de prensa la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
Además de la Celac, México también ha elevado el caso ante la Corte Internacional de Justicia, donde se prepara una demanda por violaciones a la Convención de Viena de 1961, y ha anunciado que presentará una carta al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para que el caso sea presentado ante la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.
ASALTO A LA EMBAJADA MEXICANA
Horas después de que el Gobierno mexicano anunciara que otorgaría asilo político al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien se hospedaba en la Embajada mexicana en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desplegó un operativo policial y militar hacia la sede diplomática mexicana.
Al llegar al lugar, ingresaron por la fuerza al inmueble y capturaron a Glas, quien fue vicepresidente durante el segundo periodo gubernamental de Rafael Correa entre 2013 y 2017. Posteriormente, el político ecuatoriano, uno de los más importantes en su país durante los últimos años, fue trasladado a la cárcel La Roca en Guayaquil, una prisión de máxima seguridad reservada para criminales de alta peligrosidad.
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Jorge Glas había sido condenado en 2017 a 8 años de prisión por corrupción relacionada con el caso Odebrecht durante su vicepresidencia en Ecuador en el segundo gobierno de Rafael Correa (2013-2017). Sin embargo, tras varios fallos judiciales y un recurso de habeas corpus, obtuvo libertad condicional en noviembre de 2022.
No obstante, la justicia ecuatoriana lo había citado a finales de 2023 para responder por otro caso de corrupción vinculado al manejo de fondos tras el terremoto ocurrido en Manabí en 2016.
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La detención de Jorge Glas, que implica el asalto a una Embajada y provocó la ruptura de relaciones entre Ecuador y México, ha generado un debate entre analistas, fundamentado en la postura ecuatoriana, que consideran que México violó dos convenciones sobre asilo político: la de Montevideo de 1933 y la de Caracas de 1954.
Ambas convenciones sobre asilo político indican que no es lícito para los Estados otorgar asilo a los inculpados de delitos comunes, como es el caso de Jorge Glas, quien enfrenta acusaciones por asociación ilícita y cohecho agravado entre otros delitos, luego de que la Corte Constitucional de Ecuador revocara la semana pasada el habeas corpus que se le había otorgado en 2022.
«La crisis diplomática entre Ecuador y México será objeto de debate tanto en el seno de la OEA como en el ámbito de la Celac. No solo se debatirá acerca de la violación de la Convención de Viena, sino también del uso del asilo político para casos de delitos comunes», declaró el analista político argentino Daniel Zovatto.
El Gobierno ecuatoriano asegura que solo busca «la paz y la justicia» y que no intentó ofender al Estado mexicano. Sin embargo, actualmente enfrenta el aislamiento y el rechazo por parte de la mayoría de los Estados latinoamericanos y caribeños después de lo que se consideró un secuestro del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
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Glas intentó evadir la justicia a través del asilo político, al igual que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica tras haber sido condenado en 2020 por un delito de corrupción cometido entre 2012 y 2016.
Durante su asilo político, Correa ha realizado varias visitas a Honduras y ha ofrecido recomendaciones al Gobierno de Xiomara Castro en materia económica. Tanto él como el expresidente Manuel Zelaya Rosales, cuando ejercieron la presidencia de Honduras y Ecuador respectivamente, formaron parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA).
