Certeza

Estado laico y justicia

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Gustavo Zelaya Herrera

Por: Gustavo Zelaya Herrera

Cualquier diccionario dice que la condición laica es propia de algunos Estados y de instituciones que existen y participan en la vida pública independientes de la influencia de la religión y de la Iglesia, esto incluye la idea del mutuo respeto y la autonomía de esas entidades sin rechazar la religión; se refiere a la autonomía del Estado a regir por si solo la organización jurídica, política, fiscal, militar, política de la sociedad. Contiene la no confesionalidad del Estado que lo obliga a no interferir en las diferentes religiones. Momento esencial en la situación laica es la convicción en el poder de la razón para superar los sueños religiosos y emancipar la conciencia.

Los elementos anteriores subyacen en gran parte de la filosofía moderna. En tal sentido, se pretende que el pensamiento no esté subordinado a las verdades reveladas y que pueda enfrentar los dogmas que alienan la conciencia.
Sin embargo, los cambios sociales muestran que la razón no sólo está constreñida a la técnica y a la ciencia en general; también existen espacios inseparables de la razón llenos de símbolos propios de los sentimientos y relaciones entre personas, como es el caso de la religiosidad y las creencias propias de las culturas de los pueblos. Junto con la mítica y otras formas de vincularse con la naturaleza y los seres humanos, la ciencia  y religiosidad son parte de la cultura universal.

A esa diversidad se le ha tratado de imponer una especie de regla general proveniente de la ilustración que propone que todos los seres humanos tenemos la capacidad de guiarnos por la conciencia y relacionarnos por medio de valores comunes como el respeto a la inviolable dignidad humana, a la ley,  la igualdad, la necesidad de la verdad y la idea de justicia. Además de lo anterior, que en algún modo oculta las diferencias, también se trata de afirmar lo individual en todas las esferas sociales, políticas, religiosas,  étnicas, sexuales, psicológicas, derecho a la libre elección y que sean reconocidas por toda la sociedad.

Esos son algunos de los valores éticos de la convivencia social y política que, junto a la equidad, pueden contribuir a fortalecer la sociedad y fundamentarla desde la dignidad humana como núcleo de cualquier ordenamiento social. Es importante sostener que en un Estado laico los valores que lo apuntalan no pueden existir como exigencias formales sino que deben edificarse a partir de y en función de hombres y mujeres que de algún modo establecen complejas relaciones entre sí, con la sociedad y con la naturaleza.

El término laico requiere expresiones jurídicas que determinen que las instituciones públicas no se identifican con creencias ni con ideologías. Tal asunto está contenido en gran parte de las constituciones modernas,  propugnando la supuesta neutralidad del Estado respecto a la religión; es uno  de los  fundamentos de la sociedad moderna y de la cultura occidental. En gran parte de la historia iglesia y Estado parecían integrados y la política estaba fundamentada en la sagrada escritura. Con las concepciones modernas se desarrolló la idea del Estado como la totalidad de la  existencia de los ciudadanos sin considerar que hay otros momentos de la vida humana que van más allá de la actividad política como las emociones y los ideales utópicos políticos o religiosos al estilo de la esperanza y del buen vivir como finalidades sociales.

En la historia hondureña hay dos momentos claves que le fueron dando forma a esa condición del Estado laico. El primero arranca con el proceso independentista y la fugaz instauración de la federación centroamericana. Aquí desempeñaron papel fundamental los grupos ilustrados formados a la sombra de la Universidad de San Carlos de Guatemala, algunos de ellos firmantes y redactores del acta de independencia; destaca sobre todos el papel del autodidacta Francisco Morazán que dio el impulso principal para el establecimiento de un Estado laico. El 15 de septiembre de 1821 es la fecha que simboliza la primera etapa de desarrollo político importante en el país. 

El otro momento inicia en 1876 con la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Se trataba de establecer un sistema económico que necesitaba ferrocarriles, industria, destrezas técnicas, ciencias aplicadas y poca teología. Intentaron modernizar la sociedad y a la educación para generar conciencia nacional y trabajadores  para el taller industrial. Así,  sostuvieron que la educación laica, gratuita y obligatoria era necesaria para darle solidez  al Estado y formar individuos con conocimientos prácticos y útiles.

El sentido laico podía verse en una educación independiente de las religiones. En esa etapa se sostuvo que la libertad de creencias era  un derecho fundamental de la misma categoría que la libertad individual; tales elementos democráticos tendrían que garantizarse desde el Estado sin privilegios y en condiciones de igualdad. Ello obligaba a los poderes públicos a no imponer ideas ni credos religiosos; y en el plano de las libertades individuales establecer una serie de prácticas que hicieran posible el acceso a la educación, que promoviera la conciencia democrática respetuosa de las creencias. Así, los reformadores eliminaron los estudios teológicos de los programas de la Universidad Central. En teoría sería formalmente cierta la universalización de la educación pero complicada de realizar debido a las insuficiencia material del Estado para mantener un sistema educativo público y obligatorio.

El Estado que se estaba forjando en 1876  proponía la defensa y fomento de la igualdad, la práctica de la libertad religiosa y la educación laica, como fundamentos de la sociedad en la que todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, conviven con respeto y tolerancia. Incluyeron regulaciones jurídicas sobre las iglesias y garantizaron el monopolio estatal sobre el control de las libertades fundamentales. Pero el mismo Estado estaba siendo dirigido por personajes que no fueron escogidos por procesos democráticos. Eso se convirtió en una tendencia de los políticos nacionales: declararse demócratas y actuar de forma opuesta a tal reivindicación.
Una de las intenciones de la Reforma Liberal era romper el control de la iglesia sobre la educación que incluía métodos de enseñanza, administración de centros educativos, selección de docentes y difusión de un determinado cuerpo de valores. Por ello se pensó que el Estado tendría que regular la educación y volverla laica, obligatoria y pública. En la actualidad, debido a la permisividad de los políticos, ese carácter de la educación se ha desacreditado, sobre todo por el papel otorgado a las autoridades religiosas convertidas en garantes de la política pública y en modelos de conducta social, al grado que muchos de los eventos de los gobiernos se inauguran con oraciones que exaltan al absoluto de una denominación y se pide que los gobernantes sean dirigidos por tal entidad.

Las maneras de las iglesias para involucrarse en actividades públicas, poco ligadas a su accionar espiritual, pueden verse cuando reciben fondos del gobierno que parecen destinados a la seguridad y al combate de la criminalidad, son partidas oficiales originadas en la secreta Tasa de Seguridad Poblacional, emiten opiniones vinculantes sobre asuntos de derechos de mujeres, tienen poder en el sistema educativo, el gobierno les trasfieren fondos y propiedades para fines privados y, en especial, participan decisivamente en políticas públicas y en elaborar criterios fundamentales para nombrar magistrados. No es más que incultura política, casi sustancial al quehacer político nacional.

Sin embargo, el Estado hondureño mantiene en sus reglas el carácter laico de la política y de la educación pública, considerada en sus aspectos abstractos, formales, con poca expresión práctica. Ese laicismo teórico adquiere más fragilidad con la intrusión de  jerarcas religiosos en la vida política, declarando y participando en ella, insistiendo en que las creencias y sistemas de valores que ellos defienden deben ser los de toda la sociedad, aunque muchas personas no las compartan. Además, tal participación es a solicitud de los políticos. Eso se ha vuelto muy normal: los políticos piden con gran fervor la mediación de las iglesias en asuntos civiles y hacen del jerarca religioso el árbitro de algunas actividades públicas. Ello pone en peligro la noción y la práctica del laicismo, se pone en riesgo la convivencia de personas portadoras de distintas creencias; se debilita la idea de la igualdad formal cuando pastores y obispos son catalogados como seres de más categoría para tratar asuntos morales, sobre la corrupción, el aborto, la compra de medicamentos, temas científicos o la conducción de algunas instituciones. Incluso, un presidente del congreso nacional legisló para la práctica de lecturas obligadas de la biblia con la intención de fortalecer los valores espirituales. Confundiendo religión con espiritualidad y haciendo creer que los valores espirituales son sinónimo de valores cristianos.

Dicho de otro modo: las máximas autoridades políticas alteran libertades fundamentales como la libertad de conciencia, hacen a un lado el papel fundamental de la educación pública como el lugar desde donde se revisan las creencias y se enseñan valores universales para la convivencia. Tal educación laica es la que puede contribuir a superar conflictos religiosos y fortalecer prácticas de respeto, equidad y tolerancia entre todos. Esto plantea algunas dificultades: ¿cómo mantener el carácter laico en la enseñanza? ¿Qué tipo de códigos pueden elaborarse para garantizar ese carácter cuando vemos actos civiles en donde la agenda inicia con oraciones?

Con ese simple hecho se está agrediendo las creencias de otros creyentes. Tal vez no sea suficiente la separación de la iglesia respecto al Estado cuando vemos procesos republicanos, sucesión de gobiernos, golpes de Estado, en donde los políticos tradicionales se esmeran en llamar a los religiosos para que les enseñen cómo actuar en la vida pública. Y del lado de los religiosos  tampoco hay señales de dignidad para rechazar interesados halagos. Es tan pública la actuación política de ciertos jerarcas religiosos que se pronunciaron claramente a favor del golpe de estado de junio de 2009, mientras que en el presente respaldan decididamente a un gobernante que declaró públicamente ser partícipe del asalto al Instituto de Seguridad Social. Y así hay temas como la contracepción voluntaria, el aborto en todas sus variedades, la forma de la familia, los sistemas morales y valores sociales, con algunas iglesias pretendiendo ser voz autorizada y reserva moral de la sociedad.

Lo anterior es minúscula muestra de cómo se degeneró la política y de la necesidad de hacer realidad la política verdadera, aquella que se practica para mejorar las condiciones de vida de los más desprotegidos, generando condiciones para reducir la desigualdad con menos desempleo y mejoras en los sistemas de salud y educación pública. Esa política que vale la pena repensar para democratizar la sociedad, respetar la naturaleza, garantizar alimentos, reducir la criminalidad, combatir la violencia contra las mujeres, frenar los crímenes de odio y, sobre todo, el respeto a la vida humana. Estos momentos de desarrollo son impensables de lograr en las condiciones actuales en donde gobiernan grupos ávidos de mayores riquezas materiales, que tienen como  regla de vida la corrupción, el saqueo de los fondos públicos y la impunidad. A pesar de los atrasos y del lentísimo ritmo de las luchas sociales hay cierta posibilidad de edificar una sociedad más justa, laica y solidaria a partir de un nuevo pacto social en donde se plasme la justicia como norma y tenga como contenido fundamental la dignidad y el respeto a la vida de  los seres humanos.

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