Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- La estafa jurídica perpetrada en contra de la Comunidad de San Juan Tela a través del Instituto Nacional Agrario, con la complicidad de una ONG Garífuna, ha generado una serie de injusticias, que hasta la fecha continúan perpetrándose.
El pasado 20 de mayo, fuerzas combinadas de ejército y policía militarizaron la comunidad, para supuestamente proporcionar seguridad en la remedición de un terreno comunitario que ha sido usurpado por un foráneo.
La comunidad respondió enardecida ante este nuevo abuso, el que en cierta reforma replica el hostigamiento padecido por la Sra. Feliciana Eligio Suazo, la que falleció el 14 de agosto de 2013, cuando era interrogada en la Fiscalía de Tela por la supuesta usurpación de un terreno comunitario, comprado de forma ilegal por personas ajenas a la comunidad.
La problemática territorial se incrementó cuando el Instituto Agrario Nacional expidió en el año 2000 un título comunitario a favor de San Juan Tela. De las 1700 reclamadas por la comunidad, el estado sólo reconoció 68. Uno de los mayores instigadores del despojo fue Jaime Rosenthal Oliva, el que a través de su empresa PROMOTUR logró registrar una buena porción de las tierras de San Juan Tela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de la comunidad de San Juan en agosto del 2006, las que más allá de la protección de líderes amenazados incluyó una prohibición de “evitar o suspender la ejecución de cualquier acción judicial o administrativa que pueda afectar los derechos que se desprenden de la propiedad ancestral de la comunidad beneficiaria, hasta tanto los órganos del sistema interamericano adopten una decisión definitiva con respecto a la Petición 674-06. La CIDH continúa dando seguimiento a la situación de los beneficiarios”.
Por supuesto que el Estado de Honduras -en especial la Municipalidad de Tela- han ignorado y violado las medidas cautelares de la CIDH, además de instigar transacciones ilegales de tierra en el marco de los proyectos turísticos promovidos por la élite de poder del país.
El pasado 18 de diciembre el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Las sentencias se refieren entre otras a la violación al derecho de la propiedad comunitaria que poseemos los garífunas, además de las repetidas violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada. Existe además un caso ante la CIDH referente a la comunidad de San Juan Tela, y su Fondo de Admisivilidad se encuentra ya encaminado a convertirse en un caso ante la Corte IDH.
Desafortunadamente, hay funcionarios dentro del Ministerio Público que se han dedicado de oficio a perseguir líderes garífunas y desconocer los derechos que poseemos sobre el territorio ancestral. La actitud asumida por algunos de los fiscales de defender a usurpadores foráneos y acosar a líderes garífunas, es ignorancia supina o simplemente prevaricato.
