El Estado debe preparase para las demandas que podrían venir de parte de los familiares de las víctimas de la tragedia en la cárcel de mujeres de Támara, concluyen analistas de derechos humanos abordados por Criterio.hn
Foto portada: Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
Tegucigalpa. – La tragedia suscitada la mañana de ayer martes en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), tendría múltiples consecuencias en Honduras, el tema legal no es la excepción, abogados especialistas en derechos humanos, desde ya, avizoran las demandas internacionales que deberá enfrentar el Estado por no cumplir las recomendaciones en cuanto al correcto manejo de las cárceles con base a normativas de derechos humanos.
Luego de los lamentables hechos – que hasta el momento dejan un saldo de 46 mujeres fallecidas-, la comisionada adjunta del Instituto Nacional Penitenciario, Sandra Rodríguez, dijo en la conferencia de prensa brindada por la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, que con el trabajo que está realizando se busca recuperar una verdadera gobernanza en los centros penitenciarios, que resuelva los problemas estructurales que han sido señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mismos que van más allá del hacinamiento y las condiciones inhumanas que se han observado y por las que se trabaja desde la comisión. No obstante, estas acciones no han sido notables aseguran analistas abordados por Criterio.hn.
POSTURA OFICIAL
El portavoz de la secretaría de seguridad, Miguel Martínez Madrid, reveló que hasta el momento se contabilizan 46 mujeres fallecidas producto de la tragedia.
Detalló que se puso en riesgo la vida de los hijos de las mujeres privadas de libertad ya que en la casa cuna donde había 17 niños, entre edades de un mes hasta tres añ de edad y que hay cinco niñas, además de siete mujeres embarazadas”, aseveró Martínez.
Destaca que sanidad policial brindó asistencia médica a 63 privadas de libertad luego de los 30 minutos de caos.
MUESTRAS DE BUENA VOLUNTAD
En tanto director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, dijo a Criterio.hn que la demanda que podría enfrentar el Estado es por violación a los derechos humanos al no cumplir las obligaciones del Estado, debido a la falta de acción de las autoridades penitenciarias.
Explicó que el proceso puede iniciar a raíz de un reclamo administrativo o judicial que presenten las familias de las víctimas por incumplimiento de protección de las privadas de libertad que estaban bajo la tutela del Estado.
Ante ello, analiza que es posible que el Estado ofrezca un arreglo amistoso antes de llegar a un juicio, por ello ya se están viendo acciones de buena voluntad, “las acciones que está realizando el gobierno a través de Sedesol hace parte de una muestra de buena voluntad para llegar a arreglos sin necesidad de procedimientos nacionales e internacionales”, indicó Acevedo.
Asimismo, destacó que no basta con la indemnización si hechos similares seguirán ocurriendo, por ello destaca que se necesita mejorar las condiciones para garantizar a la sociedad que las personas recluidas van volver a su seno rehabilitadas y eso es lo que no se ha trabajado.
REACCIÓN DE FAMILIARES
Sobre el tema, la defensora de derechos humanos, Reyna Rivera, dijo en entrevista con este medio de comunicación que la custodia, integridad y vida, una vez privada de libertad pasa a manos del Estado.
En ese sentido desglosa que luego de los hechos suscitados ayer, un posible panorama que puede enfrentar el Estado es que los familiares de la víctima procedan a organizarse para interponer una demanda.
“Honduras ya ha sido sentenciada por un caso suscitado en la cárcel de San Pedro Sula particularmente donde murieron más de 100 miembros de maras y pandillas”, recordó.
Otro hecho similar, destaca, fue el de la cárcel de Comayagua, el 14 de febrero de 2012 donde no se llegó a instancia de sentencia, sino que se acordó una solución amistosa.
“Pero la respuesta la necesitamos ahora, que estos hechos no se vuelvan a repetir, entonces requerimos respuestas de políticas públicas inmediatas con especial atención al ingreso de armas de grueso calibre”.
Y, agrega que “esas armas tuvieron que ser ingresadas por personal carcelario porque un arma no es que va entrar en una paila (olla) de comida”, dijo Rivera.
Para evitar futuros actos similares destacó que es necesario que se determiné la apertura de un expediente de cada uno de los miembros del personal carcelario,además de investigar el patrimonio, “no es posible que un policía tenga un patrimonio mayor a lo que gana, entonces esos bienes sólo se justificarían si tuvieran involucramiento en el trasiego de drogas y armas, esa me parece que es una medida urgente y necesaria”.
MEDIDAS NO IMPLEMENTADAS
La asesora legal y técnica del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Esther Salinas, concuerda con los entrevistados anteriores sobre la posibildiad de enfrentar demandas porque al perecer personas en las carceles, existe una violación de las garantías que debe de brindar el Estado.
“Una persona desde que es detenida y está guardando prisión, el Estado es responsable de su seguridad, entonces ahora van a venir demandas gigantescas contra el Estado y al final quien las va a pagar vamos a ser los hondureños”, destacó.
Asimismo, analizó que el Estado no ha cumplido las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ejemplificando el tema de los asentamientos, debido a que según Salinas, sólo en ese módulo había más de 100 personas privadas de libertad.
Otro de los problemas señalados por Salinas es la falta de personal en los centros penitenciarios y que provoca indefensión ante un amotinamiento
Destaca que también se debe tomar en cuenta que varias de las reclusas ya habían cumplido su condena y deberían estar en libertad, pero debido al mal funcionamiento administrativo, lastimosamente murieron por no cumplir a tiempo con su liberación.
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
El pasado 09 de abril la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (Oacnudh), tras los amotinamientos en cuatro cárceles del país que dejó como saldo un muerto y cuatro heridos, recomendó al Estado de Honduras tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las personas bajo custodia y en particular de aquellas en situación de vulnerabilidad.
Recomendó, además, la aplicación de las reglas Mandela que se refieren a una serie de lineamientos conformados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para garantizar los estándares que se reconocen como idóneos para el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Se conoció que el centro Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) tiene una capacidad para 500 personas y tenía a 918 mujeres, lo que significa que había una sobrepoblación de 418.
El Informe sobre la Situación de las Personas Privadas de Libertad en Honduras emitido por la CIDH en 2016, le recuerda al Estado la necesidad de cumplir plenamente con lo dispuesto por la Corte Interamericana en su sentencia del caso Pacheco Teruel por los problemas en los centros penitenciarios en el país.
Detalla entre otras acciones: la ausencia de un modelo que fomente la inserción social, medidas que fortalezcan la capacidad de las autoridades para responder en situaciones de crisis, y la falta de clasificación de los privados de libertad.
Además enumera que la violencia y la falta de un control total y esa persistencia ha permitido la existencia de autogobiernos en los centros penitenciarios donde ellos ejercen el control, y no las autoridades.
